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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal internacional autorización para continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.

El funcionario argumenta que el Estado venezolano no aportó información nueva sobre los casos investigados y, en su lugar, se refiere a informes presentados en 2020 que ya fueron considerados para determinar, durante el Examen Preliminar, que hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes internacionales.

De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Roma, el fiscal puede solicitar autorización para continuar la investigación si considera que el Estado no ha probado que tiene voluntad o capacidad para llevar justicia a las víctimas.

Inhibición

El estado venezolano también tiene el derecho de pedirle al fiscal que inhiba sus funciones, pero debe probar que su sistema de justicia está llevando a cabo investigaciones y juicios genuinos.

Khan expone que las autoridades venezolanas afirman que están investigando a sus nacionales u otros dentro de su competencia por presuntos hechos punibles contra los derechos humanos” y “solicita a la Fiscalía abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales correspondientes de Venezuela”.

También se refieren a la “reforma judicial” que impulsa la Asamblea Nacional de mayoría chavista.

Sin embargo, Khan señala que “la evaluación de complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectivo y especulativo, sobre la base de hechos que pueden ocurrir en el futuro”, en referencia a los cambios que estas reformas puedan significar.

Testimonio de las víctimas

El fiscal también solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminar que invite a los representantes legales de las víctimas y recordó que el Estado venezolano se comprometió a instalar una oficina de la CPI en Caracas con el fin de cooperar con el fiscal, en el marco de un memorándum de entendimiento. 

La Sala deberá decidir si Venezuela ha cumplido sus obligaciones de investigar y enjuiciar conforma al Estatuto de Roma.