Familiares de presos políticos: No se hace nada por evitar la tortura

POLÍTICA · 22 OCTUBRE, 2020 15:47

Familiares de presos políticos: No se hace nada por evitar la tortura en Venezuela

Texto por Deisy Martínez

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Diputados y familiares de presos políticos persisten en sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Durante el foro virtual Las víctimas hablan, organizado por las embajadas de Venezuela designadas por Juan Guaidó para Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), pidieron a la comunidad internacional hacer algo más para que delitos calificados como de lesa humanidad no sigan ocurriendo.

 “No se hace nada para evitar la tortura en Venezuela. Los familiares hechos denunciado constantemente ante la Fiscalía y ante todos los organismos competentes y no pasa nada. Aquí no existe la pena de muerte pero a nuestros presos políticos, civiles y militares se les sentencia a una muerte muy lenta”, expresó Molly De la Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta .

 De La Sotta fue el segundo comandante de la 8va Brigada de Comandos del Mar que funciona en la Bahía de Turiamo, estado Aragua, detenido el 18 de mayo de 2018 tras ser acusado de participar en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, organizado supuestamente por la coordinadora general de Vente Venezuela, María Corina Machado.

 Más apoyo

Meudy Osío, viuda del concejal Fernando Albán,  también se pronunció sobre la impunidad que reina en el país y que no permite que las violaciones de DD. HH. cesen. Ante el agotamiento de la vías internas para tratar de obtener justicia solicita mayor apoyo de los distintos países, más allá del informe de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas.

“Necesitamos más apoyo de la comunidad internacional para que esto no siga ocurriendo; hay mucho miedo para denunciar. El informe es un paso importante, pero las cosas no pueden quedar solo en el papel, esto sigue sucediendo. Los abogados de mi esposo han tenido que salir del país por persecución”, clama desde Estados Unidos, a donde indica se vio obligada a viajar antes de la muerte de su esposo, debido a la persecución política.

 Albán murió al caer de un décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela, en Caracas, en 2018. Pese a las contradicciones entre la versión del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, la autopsia al cuerpo de Albán y las declaraciones de los funcionarios que lo tenían en custodia, Osío rechaza que se siga insistiendo oficialmente en la tesis del suicidio y que el Poder Judicial cierre el caso dos años después, sin que medie una investigación real de lo ocurrido.

 “Hay que tener en consideración que estamos tratando con criminales, por eso se deben adoptar medidas de mayor presión nacional e internacional para lograr la salida del poder de este régimen y para que haya justicia en las violaciones de derechos humanos”, apunta también Renzo Prieto, diputado de la Asamblea Nacional y dos veces apresado por el gobierno.

Detalles

 De La Sotta denuncia que el capitán de navío Luis Humberto De La Sotta permanece sin juicio en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas (Dgcim) en Caracas. Entre las torturas y otros tratos crueles e inhumanos a los cuales, asegura, ha sido sometido su familiar y otros militares privados de libertad, menciona incomunicación por largos períodos, manos amarradas o esposadas hasta sangrar, cortes en los pies, golpes con palos, aplicación de electricidad y gases lacrimógenos directo al rostro.

También indica que a su hermano le ha sido cubierta la cabeza por varios días, obligado a permanecer en el suelo y hacer sus necesidades fisiológicas en recipientes de plástico, entre otras agresiones. 

Relata cómo durante el tiempo que ha permanecido detenido ha pasado por varias áreas de castigo dentro de las instalaciones del organismo de inteligencia militar. Mencionó celdas y sótanos conocidos como “el tigrito”, “el cuarto de los locos“, donde fue aislado por 32 días y “la casa de los sueños”, compuesta por 16 celdas con puertas de hierro, pequeñas ventanillas por donde pasan la comida y sin circulación del aire natural. Allí uno de los métodos de tortura, añade, es apagar el aire acondicionado, lo que convierte el sótano en una especie de horno que ha ocasionado crisis hipertensivas a algunos detenidos.

 “La alta comisionada de Naciones Unidas para los DD. HH., Michelle Bachelet, no tuvo acceso a ese sitio. Hay 132 militares que son presos políticos sin acceso a familiares ni abogados, algunos tienen boletas de excarcelación y no se acatan, otros padecen enfermedades como el cáncer y no son atendidos”, subraya.

Estoy segura de que lo asesinaron”

 La viuda de Albán por su parte, asegura que previo a su muerte, el concejal acusado de participar en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, no mostró indicios de querer acabar con su vida, solo preocupación por cuál sería su destino al ser acusado de algo con lo que no tuvo nada que ver, insiste. Resalta que este caso es uno de los narrados en detalle en el informe de la Misión de la ONU, en el que se señala que hubo responsabilidad del Estado, que debía ser garante de su vida por estar bajo su custodia.

 “Mi esposo estaba bien, preocupado, pero no mostró ninguna otra actitud. Yo tenía la esperanza de que lo liberaran porque era inocente. Julio Borges, quien es nuestro amigo, me dio la noticia, yo negué esa versión del suicidio, estaba segura de que lo habían matado, somos practicantes católicos”, sostiene.

 En su testimonio, el diputado Renzo Prieto destacó que mientras estuvo detenido entre 2014 y 2018, y luego unos meses durante 2020 por participar en protestas, pasó por las sedes del Sebin, la Dgcim y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Manifiesta no saber decir, cuál es la peor en materia de torturas y tratos crueles que allí sufren los privados de libertad.

“Calabozos de cinco metros cuadrados, sin luz; no podíamos salir, solo al baño, y a veces, por lo que teníamos que hacer necesidades dentro de la celda. No nos daban comida ni agua, a veces dejaban pasar desde el exterior, llevada por familiares. Recibíamos amenazas de muerte constantemente; yo estaba incomunicado sin acceso a abogados ni familiares”, describe.

Mostró fotografías de detenidos golpeados con palos en los glúteos, que terminaban morados. Asegura haber visto como a un policía de Chacao detenido lo obligaron a estar sentado en el piso durante días, amarrado de pies y manos sin la posibilidad de ir al baño.

No hay garantía del derecho a la vida

El comisionado presidencial para los DD. HH., Humberto Prado; el embajador ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño y el representante de Guaidó ante el gobierno de Estados Unidos, Carlos Vecchio, recalcaron que en Venezuela no hay garantía del derecho a la vida y que mientras se realizaba el foro la mañana de este jueves, violaciones a los derechos humanos estaban en curso en Venezuela.

“Entre el primero de enero y el 12 de octubre de este año hemos registrado 377 ejecuciones extrajudiciales por parte las FAES y existe 113 ejecuciones, cuyas víctimas no han podido ser identificadas, por lo que son más de 400 personas asesinadas. La recomendación de alta comisionada Bachelet de eliminar a este cuerpo de seguridad sigue sin ser atendida”, dijo Prado.

Vecchio insistió también en que el Gobierno interino y los venezolanos precisan del apoyo de la comunidad internacional para recuperar la democracia y para que las violaciones de DD. HH. cesen y no se vuelvan a repetir.

“Me tocó en 2014 salir de Venezuela luego de las protestas, tengo varias órdenes de captura, fue la decisión más difícil dejar mi país por pensar distinto, en estos momentos estaría preso, torturado o muerto, pero estar fuera de tu país también es una tortura”, asegura.