Diputados de la Asamblea Nacional (AN) solicitan al gobierno de Iván Duque reabrir el paso por la frontera colombo-venezolana, para que haya un mejor control de las personas que nuevamente están saliendo de Venezuela para escapar de la emergencia humanitaria compleja.
El Ejecutivo colombiano ordenó el cierre de todos los pasos fronterizos con Venezuela a partir del 14 de marzo de este año, como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.
“Debemos decirle al presidente Iván Duque y al Gobierno de Colombia que tener los pasos oficiales cerrados solo va a incrementar las arcas de las mafias que sostienen a Nicolás Maduro, de los enemigos de Colombia, porque los pasos irregulares están controlados por la FARC- EP y ELN”, expresó la presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la AN, Gaby Arellano.
Durante la sesión ordinaria en línea de este martes, la diputada tachirense señaló con preocupación que en las últimas semanas se ha visto nuevamente a numerosos caminantes huyendo de Venezuela hacia el vecino país, a través de los caminos irregulares. Denuncia que los grupos armados se aprovechan de la situación para extorsionar a los migrantes, con la complicidad de militares venezolanos.
Aprueban acuerdo
La plenaria aprobó un acuerdo sobre el problema en el que además de solicitar que se reabra el paso por la frontera, se pide a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) comisione un equipo de expertos al territorio venezolano, específicamente en las zonas fronterizas, para que evalúen los riesgos de los caminantes.
Se solicita además al alto comisionado de Naciones Unidas para la Migración, Eduardo Stein, que propicie esfuerzos conjuntos internacionales que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de los venezolanos en los países receptores. El llamado se hace extensivo a la alta comisionada de DD. HH. de la ONU, Michelle Bachelet.
“Tenemos claro que la solución a esta crisis es el cambio político y a la vez, le hacemos un llamado a los venezolanos. No es momento para salir del país en estas circunstancias y entendemos su desesperación pero el riesgo es muy alto, por lo tanto los invitamos a quedarse acá a luchar por Venezuela”, insta el diputado Carlos Valero.
Denuncian persecución
Los parlamentarios también denunciaron la persecución contra funcionarios designados por el presidente interino, Juan Guaidó, entre ellos embajadores y miembros del creado Consejo de Defensa Judicial (para la defensa jurídica de los activos venezolanos en el exterior), su secretario y familiares, por parte del gobierno de Maduro.
La discusión sobre este punto también generó un acuerdo con el que solicitan una visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que constaten la situación en territorio venezolano.
El miembro del Consejo, Gabriel Gallo, quien se encuentra en Italia, denunció el allanamiento ilegal de su vivienda en Yaracuy, el pasado 12 de octubre. El embajador de Venezuela ante las Bahamas, Rafael Domínguez, alertó el mismo día sobre un hecho similar en su domicilio en Caracas. Un día después, la víctima fue otro integrante del Consejo, David Natera, quien denunció agresiones por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes además allanaron su vivienda en Puerto Ordaz, estado Bolívar y el medio que dirige, Correo del Caroní.
Los funcionarios irrumpieron nuevamente en la sede del medio informativo este martes 20 de octubre. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), la ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) alertaron sobre este hecho.
La diputada Delsa Solórzano subrayó que la represión, secuestro, persecución, allanamiento y pérdida del estado del derecho son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad del Estado por orden de Miraflores, “para intimidar a la población venezolana, que levanta su voz”.