Diputados en incertidumbre ante la continuidad de la Asamblea Nacional

POLÍTICA · 21 DICIEMBRE, 2020 19:00

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Ibis Leon | @ibisL

Foto por Iván Ernesto Reyes

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La fórmula que se usará para dar continuidad a la Asamblea Nacional después del 5 de enero de 2021 (cuando finaliza su periodo constitucional) sigue siendo incierta. Los diputados han escuchado al menos tres opciones: instalar la plenaria completa; funcionar bajo la figura de la comisión delegada o convertirse en una suerte de “congresillo”.

La primera opción tiene la dificultad de que los 112 diputados opositores, ya no son 112: algunos han sido encarcelados, otros están en el exilio y otros no están dispuestos a seguir en sus cargos después de que finalice el periodo legislativo el próximo año. La solución planteada para esto fue la modificación del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional que permite la votación “virtual” de los parlamentarios que están en el exterior.

La segunda opción choca con las competencias que tiene esta comisión que está prevista para mantener la operatividad de la Asamblea Nacional durante el receso parlamentario, pero no para sustituir a la plenaria de diputados. Para aprobar su instalación se requiere la mayoría de los integrantes del Parlamento.

La tercera opción es la menos explorada y sería una suerte de comisión delegada, pero más amplia.

Ninguno de los tres escenarios está previsto en la Constitución de 1999 vigente (artículo 219) ni en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia que señala, en su artículo 13, que el 5 de enero de 2021 se instalará una nueva Legislatura de la Asamblea Nacional. Pero, los parlamentarios defienden la permanencia de la AN, electa en 2015, argumentando que el 6 de diciembre no se convocó una elección democrática sino un fraude  y no puede haber un vacío de poder. La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de lima también consideran ilegítima la elección.

El cuerpo parlamentario, consciente de la necesidad de reformar el Estatuto de la Transición, convocó una sesión el pasado viernes 18 de diciembre en la que aprobó en primera discusión las modificaciones correspondientes. Sin embargo, la segunda discusión, que fue solicitada “con urgencia” para el sábado 19 de diciembre, no se dio. En consecuencia, las modificaciones a la Ley aún no son efectivas.

Efecto Cocuyo consultó a nueve diputados para conocer cómo ven la continuidad de la AN a escasos 21 días para el fin de esta Legislatura. Consultado el 12 de diciembre, el presidente de la Poder Legislativo, reconocido por más de 50 países como Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, evadió la pregunta y declaró que el 5 de enero “se instalará el Parlamento nacional a través de los mecanismos que tiene la Constitución” sin precisar cuál será la fórmula usada.

Hablan los diputados

El presidente de la comisión de Contraloría, José Prat, quien es dirigente de La Causa R, afirma que “hay incertidumbre sobre cómo se van a hacer las cosas”. No obstante, el dirigente político apoya la permanencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 “porque no hubo una elección legítima” el pasado 6 de diciembre.

“Se ha propuesto hacer algunas modificaciones al Estatuto de la Transición para que la continuidad no sea solo algo declarativo sino que tenga carácter vinculante porque la idea tampoco es abstraerse de la realidad, sabemos que el chavismo va a instalar su Asamblea Nacional, pero creemos que el reconocimiento internacional puede darle un carácter vinculante a la AN (que preside Juan Guaidó)”, señala.

A diferencia de otros colegas, Prat considera que la comisión delegada no tiene facultades para aprobar leyes o llevar adelante las decisiones del gobierno interino. “Esta comisión tiene facultades muy limitadas, por eso algunos hablan más de un congresillo. El congresillo sería algo similar a la delegada, pero con distintas funciones. No serían todos los diputados sino un grupo”, precisa.

A la pregunta de si está dispuesto a permanecer en el cargo después del 5 de enero de 2021, el político responde: “Yo quiero ver los términos en los que se va a hacer todo esto, uno tiene que evaluar qué rol va a cumplir. En lo que sí estoy de acuerdo es en que tenemos que seguir afrontando esta situación y defender todo lo avanzado hasta ahora”.

Américo de Grazia, también dirigente de La Causa R y comisionado presidencial de Guaidó, conoce de la propuesta del “congresillo”, pero se decanta por la convocatoria de la plenaria completa. “Si me tocara decidir yo asumo el formato de la Asamblea Nacional en pleno, con modalidades de funcionamientos diversas, distintas para cada ocasión y cada coyuntura”, opina.

A su juicio, los parlamentarios deben “romper el paradigma, desprenderse de los prejuicios y mirar más allá del leguleyismo” y recuerda la estrategia que implementó el gobierno colombiano de tener jueces y escabinos “sin rostro” para protegerlos de la organización criminal que lideraba Pablo Escobar.

“¿Es con una delegada?, ¿es con un congresillo?, ¿es con diputados sin rostro?, ¿es ejerciendo el gobierno interino adentro o afuera del país? Las condiciones las van a poner las circunstancias, lo que no tenemos permitido es dejarnos colonizar ni por el miedo ni por la inercia”, manifiesta.

Sin embargo, reconoce que su posición es distinta a la de los diputados que permanecen en Venezuela: “Ellos tienen una pistola permanentemente en la cabeza, por eso decía que todas las posibilidades hay que ponerlas sobre la mesa, el peor pecado de un político es la ingenuidad. La gente tiene legítimo derecho a resguardarse; no obstante, el quorum también puede ser parte de un paradigma que hay que romper”.

A su parecer, la reforma del Estatuto de Transición “está en mora”. “Uno de los grandes errores de la oposición venezolana, en la que me incluyo, es no anticipar eventos y al no hacerlo cosechamos son escenarios de dudas”, admite.

Esperan decisión

En Acción Democrática se discuten varias fórmulas. “Se está revisando la continuidad del cuerpo legislativo como tal y la otra fórmula es la comisión delegada. Como todos saben, después de mañana (15 de diciembre), constitucionalmente se tiene que dejar instalada la delegada, lo que se evalúa es si esta continúa o se extiende de cara a 2021”, expresa Carlos Prosperi jefe de fracción de la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente adeco.

Sobre si está dispuesto a mantenerse en el cargo, el parlamentario señala: “Nosotros vamos a hacer lo que diga la mayoría. Fuimos electos para un periodo, pero visto que se ha socavado la democracia en Venezuela tenemos que asumir las competencias para buscar una salida política”.

Edgar Zambrano, dirigente de muchos años de AD y ex preso político, asegura no haber escuchado sobre la propuesta del congresillo y no tener mayor información sobre las discusiones que se han adelantado.

“Todavía no tenemos una fórmula definitiva en la mano”, dice el presidente de la comisión de Política Interior Freddy Valera. “Hay que buscar la vía menos lesiva. De cualquier manera, cualquier fórmula que se adopte será perseguida por el régimen”, agrega.

En su opinión, todavía hay tiempo para que los diputados reflexionen sobre si seguir en el cargo o no. “Para nosotros la elección del 6 de diciembre fue un fraude, en consecuencia tienes que continuar, no hay opción de decir no continuaré. Ahora, cuál va a ser tu desempeño dentro de este nuevo esquema es la pregunta, tenemos que esperar que los partidos hagan la discusión, nosotros en AD somos disciplinados”, sostiene.

En Primero Justicia la línea es que debe instalarse la plenaria y que sea el cuerpo completo el que decida si se implementará una comisión delegada u otro mecanismo, según Alfonso Marquina presidente de la comisión de Finanzas.

“No he participado en las conversaciones, pero no hay ninguna duda, no hay un Parlamento electo, legal y legítimamente; por lo tanto, la Asamblea Nacional electa en 2015 tienen la obligación de cubrir cualquier vacío de poder. Esto se produce por haberse hecho un mecanismo fraudulento y violatorio de la Constitución para tratar de burlar la soberanía popular”, argumenta.

El parlamentario considera que es necesario conciliar posiciones y acercarse a una solución unitaria sobre el tema. “Creo que es el momento de que todos superemos nuestros temores y nos pongamos a la altura del pueblo de Venezuela que salió el sábado (a la consulta popular) pese a las amenazas y las intimidaciones”, subraya.

Y añade: “Lo del congresillo no lo manejaba, había escuchado lo de la delegada y la idea de una delegada más amplia”.

Por Un Nuevo Tiempo, el diputado Stalin González se limitó a contestar: “Yo fui electo por cinco años” en referencia a que no comparte la tesis de la continuidad de la AN y, por lo tanto, del gobierno interino.

La dudas no solo alcanzan a diputados, funcionarios de la Asamblea Nacional también estarían evaluando su permanencia. La renuncia del subsecretario de la AN, José Luis Cartaya, coincide con el fin del periodo constitucional de la Legislatura, aunque atribuye su decisión a “motivos personales y familiares”.

La diputada de UNT Nora Bracho solo indicó que “se está trabajando sobre el tema”.

Continuidad constitucional vs. Administrativa

El presidente de la comisión de Política Exterior y dirigente de Voluntad Popular, Armando Armas, aclara que lo que está planteado es la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y no una continuidad administrativa.

“En derecho la Constitución está por encima de la ley y la ley por encima de los reglamentos. Lo administrativo es de carácter reglamentario. Eso desde el punto de vista jurídico es importante precisarlo”, refuta.

Armas está de acuerdo en modificar el Estatuto de la Transición y cree que la comisión delegada “es una buena alternativa” para mantener la operatividad de la AN.

“Todavía se está discutiendo en el seno de las fracciones que hacen parte del Parlamento. Estamos en un estado de transitoriedad y de emergencia, hay un Estatuto de Transición que hay quienes abogamos por modificarlo porque en Venezuela se quebró el Estado de Derecho, el hilo constitucional y lo poco que queda de vestigio se apalanca en un régimen de transitoriedad que dio pie a la implementación de los artículos 233, 133 y 350”, concluye. Estos son los mismos artículos que invocó Guaidó para su proclamación como presidente interino.

Salvando las diferencias históricas y los motivos que dieron origen a los procesos políticos, el antecedente más cercano que existe sobre el “congresillo” en Venezuela es el que designó la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 para despojar de sus funciones al Congreso argumentando que su poder era “supraconstitucional”. El congresillo funcionó como un Poder Legislativo provisional mientras se disolvieron y reconstituyeron todos los Poderes Públicos tras la aprobación de la Constitución de 1999.

Ley de “mutación” de la AN

Un grupo de magistrados, encabezados por Cecilia Sosa Gómez y Perkins Rocha, ambos integrantes del Bloque Constitucional, desarrollaron un proyecto de ley de “mutación” de la Asamblea Nacional que legitima la permanencia de los diputados en sus cargos después del 5 de enero de 2021.

Este proyecto que podría cambiar su nombre a “ley de preservación de la AN legítima” se fundamenta en los artículos 333 y 350 de la Constitución. No obstante, la plenaria de diputados no ha sometido a discusión este instrumento.