La continuidad administrativa es “una salida política muy poco elegante, legalmente cuestionable y estratégicamente nada ventajosa”, en opinión del doctor en ciencias políticas Juan Manuel Trak.
El investigador advierte que esta maniobra que propone la oposición que respalda a Juan Guaidó bajaría los costos o consecuencias de reprimir al gobierno de Nicolás Maduro y convertiría al gobierno interino en un actor irrelevante.
Al extender el periodo del Legislativo más allá de lo que permite la Constitución (el 5 de enero de 2021), la oposición daría pie para que el régimen chavista acuse a los diputados de incurrir en usurpación de funciones.
“La oposición se expone a un riesgo cierto de represión, porque el gobierno de Maduro puede actuar asumiendo que sus contrarios no tienen inmunidad parlamentaria. Le baja mucho el costo de reprimir a los diputados que asuman esa vía política”, expone.
Otro riesgo es una mayor fragmentación de la bancada opositora electa en 2015. “Se exponen a una división más grande entre quienes apoyan esa fórmula para seguir la lucha política y quienes dentro del propio conjunto de los diputados no están de acuerdo, entonces se fragmentaria aún más el Parlamento electo en 2015”, explica.
Apostar por la continuidad administrativa también reduciría la eficacia política del cuerpo legislativo electo en 2015 y del gobierno interino, en opinión del experto.
“Hay un riesgo de perder aún más la capacidad de respuesta. La Asamblea Nacional ha sido impotente en el ejercicio de sus funciones desde el inicio como consecuencia de las acciones de un gobierno autoritario, pero alargar una institucionalidad ficticia los pone en una situación de mayor vulnerabilidad”, advierte.
Oposición desplazada
Para el profesor de teoría política de la Universidad Metropolitana Óscar Vallés, si la oposición insiste en alargar el mandato de la Asamblea Nacional y no participar en las futuras elecciones quedará desplazada de la escena política.
Las elecciones parlamentarias no son las únicas que están en puerta, los comicios de alcaldes y gobernadores están previstos para 2021.
“Desde el punto de vista político tiene poco asidero este planteamiento, esto presupone que la Asamblea Nacional de 2015 seguirá en ejercicio, pero, ¿para qué?, ¿cuál es el poder real que tendrá ese poder itinerante?, sabemos que Guaidó puede eliminar el IVA mañana y los comerciantes van a tener que seguir cobrándolo”, expresa.
El politólogo advierte que la legislación que emerja de la nueva Asamblea Nacional, electa en diciembre de este año, tendrá el respaldo del Poder Judicial, del Ejecutivo y de los órganos represivos de Maduro.
“¿Qué pasará con la legislación que emerja de la nueva Asamblea Nacional en materia tributaria, por ejemplo, los empresarios y los comerciantes, qué van a decir?, ¿que no lo admiten porque hay continuidad administrativa?”, se pregunta.
Estrategia de sobrevivencia
El politólogo Juan Manuel Trak opina que la ruta que apoya Guaidó, quien ha manifestado que “la actual Asamblea Nacional tendrá vigencia hasta elegir libremente” parece más una estrategia de sobrevivencia.
“Estratégicamente no parece dar muchas ventajas por lo que pareciera que es una opción para la sobrevivencia política de algunas dirigentes y justificar seguir siendo una oposición que recibe fondos y apoyo internacional. Parece más una estrategia de sobrevivencia que un mecanismo pensado para la búsqueda del cambio político”, declara.
Esto provocará un divorcio mayor entre la sociedad y el liderazgo político “porque aleja cada vez más la construcción de un movimiento mucho más amplio que necesita articularse para la lucha por el rescate de los derechos civiles y políticos”, indica.
El profesor Óscar Vallés coincide con este argumento: “El marco de actuación que tendrá la Asamblea Nacional (después del 5 de enero de 2021) será ninguno. Lo único que se busca con esta decisión es preservar el monopolio de la representación política en Venezuela no para los venezolanos sino para la comunidad internacional”.
¿Activos en riesgo?
El gobierno interino de Juan Guaidó tiene acceso a dinero y activos de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo que un escenario en el que sea cuestionada su legitimidad pondría en tela de juicio el manejo de estos recursos públicos.
El fin del periodo parlamentario, el 5 de enero de 2021, abre la pregunta sobre ¿qué pasará con estos activos?
“Al gobierno interino no tenemos forma de hacerle contraloría porque se supone que el Ejecutivo es controlado por el Legislativo, pero en este caso el jefe del Legislativo también se proclama como jefe del Ejecutivo, entonces cómo podemos hablar de una separación de poderes y de una forma de ejercicio de control?”, afirma Juan Manuel Trak.
Y agrega: “Hay una vulnerabilidad de esos recursos porque no estamos viendo quién ni cómo ni para qué son manejados y si se justifican los gastos que se están haciendo. Eso no debería ser manejado por un gobierno que no ha sido electo, que no ha sido producto de los votos directos”.
Óscar Vallés también cuestiona el manejo opaco de estos fondos: “Lo que me preocupa es que, pase lo que pase en Venezuela, lo que cierto es que si estos fondos son administrados de forma inapropiada por funcionarios con inmunidad, ¿la responsabilidad sobre quién va a recaer?, ¿cómo queda la República?”.
El embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, defendió la transparencia de la gestión del gobierno interino y aseveró a Efecto Cocuyo que hay al menos tres controles que protegen los recursos y activos de la República.
Posibles escenarios
Los expertos consultados identifican tres posibles escenarios políticos:
1️⃣ Asamblea con mayoría chavista. Aunque el chavismo no tiene el apoyo popular a su favor obtendrá mayoría parlamentaria porque el sistema electoral sigue representando de forma desproporcional a los factores políticos y es altamente probable que la oposición compita dividida.
2️⃣ Oposición más fragmentada y con poco poder real a lo interno. Para Trak es probable que aumente la persecución y que algunos dirigentes tengan que ir al exilio; para Vallés es más probable que la oposición simplemente sea desplazada de la escena política.
3️⃣ Mayor aislamiento internacional. Las sanciones internacionales harán al gobierno de Maduro más dependiente de mercados negros ilegales lo que va aumentar sus costos de salida y reforzar su actuar autoritario.