De Amazonas 2015 a Barinas 2021: TSJ vs. la voluntad popular

POLÍTICA · 30 NOVIEMBRE, 2021 14:54

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Deisy Martínez


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Desde que la oposición ganó mayoría (112 diputados) en las elecciones parlamentarias de 2015 al gobierno de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido una serie de sentencias que contradicen la voluntad popular expresada en comicios.

Analistas políticos y ONG coinciden en afirmar que a partir del dominio del antichavismo en la Asamblea Nacional (AN), se aceleró el desmantelamiento institucional del país, vía TSJ y a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con ello, el deterioro del voto como herramienta para la solución pacífica de los conflictos en el país.

El resultado se mide por las cifras de abstención en elecciones, derivado a su vez de la desconfianza ciudadana en el sistema electoral y un ente comicial que no goza de credibilidad ante buena parte de la población.

 A continuación un recuento de las actuaciones del TSJ en detrimento del voto popular desde 2015.

Suspensión de diputados de Amazonas

Antes de que finalizara 2015, la oposición no había terminado de celebrar su victoria, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia presidida por la magistrada Indira Alfonzo, a la postre presidenta ad hoc del CNE, admitió el recurso contencioso electoral de la ex ministra de Ambiente, Nicia Maldonado, contra el acto de votación de los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. Maldonado fue candidata a diputada por el chavismo en la entidad.

La Sala Electoral dejó sin efecto los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de la Junta Electoral Regional, afectando a cuatro diputados electos: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). La medida duraría hasta que el TSJ resolviera el fondo del asunto, pues Maldonado alegó «fraude electoral», evidenciados, según ella, en supuestos pagos a cambio de votos y abuso del voto asistido.

La ONG Acceso a la Justicia y el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández advirtieron en su momento «que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral».

Posteriormente, este argumento fue usado por la AN recién electa para juramentar a la totalidad de los diputados elegidos, con la representación de Amazonas incluida, el 5 de enero de 2016. El TSJ reaccionó y ordenó la desincorporación, so pena de desacato, lo cual fue cumplido por la AN.

Pese a ello, el TSJ continuó emitiendo sentencias (más de 100) para afectar las competencias del Parlamento, entre ellas anular un acuerdo que el 20 de enero de 2016 desaprobó el estado de excepción decretado por Maduro, sin el visto bueno de la AN establecido en la Constitución.

El desacato

Llegó el 28 de julio de 2016 y aún el TSJ no se pronunciaba sobre la repetición o no de la elección de los diputados de Amazonas, lo que provocó que ese día el presidente de la AN, Henry Ramos Allup incorporara a los diputados de Amazonas a sus curules.

La acción devino en la declaratoria del desacato por parte del TSJ, el 1 de agosto de 2016, con lo cual se consideraron inválidos todos sus actos. Julio Borges, nuevo presidente de la AN para 2017, volvió a desincorporar a los parlamentarios pero no frenó la arremetida de la cabeza del Poder Judicial, presidido por Gladys Gutiérrez.

El máximo tribunal anuló mediante sentencia a la nueva directiva de la AN y sus actos. El desacato fue ratificado el 11 de enero de 2017 y con él, el desconocimiento de las competencias del Poder Legislativo en lo adelante. La situación se prolongó hasta el final del período legislativo 2016-2020, sin que el TSJ resolviera el fondo del asunto, por lo que Amazonas en teoría, nunca tuvo representación en la AN, aunque los parlamentarios asistieron a todas las sesiones.

Luego vendría una oleada de persecución contra los diputados opositores a quienes, vía TSJ y Asamblea Nacional Constituyente en 2017, se les allanó la inmunidad parlamentaria y se dictaron órdenes de arresto en su contra, lo que provocó que muchos se mantuvieran un buen tiempo en el exilio.

Trabas al revocatorio

Desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que solicitaría la activación del mecanismo del referendo revocatorio contra el gobernante Nicolás Maduro, establecido en los artículos 70 y 72 de la Carta Magna, en febrero de 2016, comenzaron las trabas vía CNE, TSJ y luego tribunales penales en regiones.

El Poder Electoral ordenó recoger 1 % de las firmas requeridas para la conformación del grupo de ciudadanos que haría la solicitud de activación del revocatorio por estado, en lugar de respetar el artículo 72 constitucional, según el cual la circunscripción para elegir al presidente de la República es una sola, por lo que la recolección era nacional y no por región. Pese a ello, la oposición logró recoger el doble de lo solicitado: 409.313 firmas de las exigidas.

El TSJ también metió su mano en la siguiente fase, que fue la recaudación de las firmas de 20 % del padrón electoral, el 18 de octubre de 2016 impuso que también debía ser por estado.

«La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial», advirtió la Sala Electoral del TSJ en su sentencia.

En octubre de 2016, el tribunal penal de Trujillo suspendió la recolección del 20 % de las firmas, le siguieron los juzgados de Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Apure y Zulia, que de plano anularon el 1% de las firmas por sospechas de «fraude». El CNE acató las decisiones y pospuso el proceso.

Silencio en caso Bolívar

Tras los comicios regionales de octubre de 2017, el candidato a la gobernación del estado Bolívar por la Mesa de la Unidad Democrática, Andrés Velásquez, impugnó la totalización de los resultados en la entidad que dieron el triunfo al abanderado del Psuv, Justo Noguera Pietri, ante el CNE. Señaló «alteración deliberada» de los resultados reflejados en las actas firmadas por testigos y coordinadores del Poder Electoral.

El CNE admitió el recurso de Velásquez en noviembre de ese año, pero guardó un largo silencio. La entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo en mayo de 2018 que el caso de las elecciones del estado Bolívar ya no estaba en el CNE sino en el TSJ. El máximo tribunal jamás se pronunció sobre el tema.

Anula tarjeta de la manito

El 25 de enero de 2018, la Sala Constitucional del TSJ sentenció la exclusión de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del proceso de validación de firmas convocado por el CNE para las organizaciones que no postularon candidatos a las elecciones municipales de diciembre de 2017.

El argumento fue que, de acuerdo con el TSJ, la MUD obedecía «a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación por lo que se podría incurrir en la doble militancia; de conformidad con lo establecido en el dispositivo número 4 de la sentencia N° 1 del 5 de enero de 2016 de esta misma instancia, y en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”.

Juristas señalaron que la doble militancia no está prohibida por la ley, pero aún así la tarjeta de la manito, la más votada en un proceso electoral Venezuela, con 7,7 millones de sufragios en las parlamentarias de 2015, quedó invalidada ante el CNE. La ilegalización duró hasta el proceso de las megaelecciones regionales del 21 de noviembre, cuando fue habilitada tras negociaciones políticas entre el gobierno y la oposición en México.

Previo a las elecciones parlamentarias de 2020, sentencias del TSJ también afectaron a las tarjetas de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Tupamaro y Patria Para Todos, entre otros. La Sala Constitucional intervino las juntas directivas de esas toldas y les impuso juntas directivas, integradas por dirigentes señalados de «colaboracionistas» del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes les entregó el control de las tarjetas electorales.

La intención, señalaron autoridades partidistas, era confundir al electorado y hacerle creer que partidos como AD y VP, participaban en los comicios, desconocidos nacionalmente por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional. La confiscación de las tarjetas se mantuvo para las regionales 2021, de allí que la oposición participara con la tarjeta de la manito.

Celeridad en caso Barinas

En un mismo día (29 de noviembre), el TSJ ordenó al CNE no solo paralizar la totalización de los resultados electorales del 21 de noviembre en Barinas, adjudicación y proclamación del gobernador con una primera sentencia. Horas después emitió un segundo fallo para anunciar que los comicios en la entidad llanera deben repetirse el 9 de enero de 2022.

«Aún cuando las proyecciones consignadas por el CNE, dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, de 37,60 % con respecto a 37,21 % de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez, se considera que la condición de inelegibilidad de Superlano, ya identificado, conforme a la Resolución N° 01-00-000334 de fecha 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General de la República, violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos y las candidatas en la oferta electoral, así como de los electores y electoras en el ejercicio del sufragio activo», reza la sentencia 79-2021, la segunda, del TSJ.

La cabeza del Poder Judicial tardó solo tres días para responder a un recurso introducido el pasado viernes 26 de noviembre, por Adolfo Superlano. El exdiputado nacional explicó que el propósito de la acción judicial era determinar el por qué de la demora de la totalización de los votos en Barinas y que se resolviera el tema de la inhabilitación de Superlano, candidato de la MUD, por parte de la Contraloría General.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOEA – UE) determinó, en su informe preliminar presentado el 23 de noviembre, que “la falta de independencia judicial y el irrespeto al estado de derecho afectaron desfavorablemente la igualdad de condiciones y la equidad y transparencia de las elecciones de gobernadores y alcaldes.