Conozca el historial de agresiones denunciado por ONG venezolanas  

POLÍTICA · 17 MAYO, 2022 14:02

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Deisy Martínez


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Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas prendieron las alarmas ante la inminente aprobación de la Ley de Cooperación Internacional en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, puesto que en la propuesta legal, según denuncian, se les amenaza con la ilegalización en caso de «promover» sanciones internacionales.

Sin embargo recuerdan y así se lo han hecho saber a los organismos internacionales de derechos humanos, que no es la primera vez que Miraflores va contra las ONG por denunciar violaciones de derechos fundamentales en el país, aunque de aprobarse la propuesta de ley sería el «climax» de las agresiones.

El 17 de marzo de este año, la alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expuso en el 49º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que desde septiembre de 2021, su oficina ha documentado 93 «incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas».

«En 2019 se produjeron 135 agresiones contra ONG de DDHH, en 2020, 303, duplicando el número, en 2021 hubo un aumento de 145 % con 373 agresiones (…) En 2022 las agresiones siguen, entre enero y marzo se han registrado 98 agresiones asociadas a la estigmatización por cooperar con Naciones Unidas, calificándolos de traidores a la patria», advirtió la representante del Centro para los Defensores de la Justicia, Marianna Romero, el pasado 13 de mayo.

A continuación un repaso de las acciones más graves por parte del chavismo en el poder contra ONG y activistas de DDHH.

Demanda

Lo más reciente. El coordinador de accesibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, alertó este 16 de mayo que recibió una notificación de un tribunal penal del estado Carabobo, sobre una demanda interpuesta por el gobernador Rafael Lacava por difamación.

Lacava demanda por difamación al padre Alfredo Infante y a coordinador de Provea Marino Alvarado

«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», dijo Alvarado en un video en sus redes sociales.

De acuerdo con un informe de Lupa por la Vida, coordinado por Alvarado, junto al sacerdote Alfredo Infante, también demandado, Carabobo fue la segunda entidad del país con mayor número de ejecuciones extrajudiciales con 221 casos, solo superada por Zulia con 234 muertes.

 

Vale acotar que la ONG ha denunciado con fuerza el anteproyecto de ley de Cooperación Internacional que actualmente se discute en la Comisión de Política Exterior de la AN.

Prisión de Javier Tarazona

Diez meses detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cumplió este mes el director de FundaRedes, Javier Tarazona, imputado por terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria». La ONG alertó que su salud se deteriora y las autoridades no dan información al respecto.

Tarazona fue apresado el 2 de julio de 2021, junto al abogado Omar de Dios García, su hermano Rafael Tarazona y el representante del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny Romero. Se denunció que la captura se realizó sin orden judicial en el estado Falcón y que además fueron víctimas de desaparición forzada antes de saberse su paradero.

Romero fue liberado ocho horas después de la captura. García y Rafael Tarazona fueron puestos en libertad condicional bajo régimen de presentación cada ocho días desde octubre del año pasado, mientras que Javier Tarazona permanece en el Sebin del Helicoide.

Tarazona fue la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Una veintena de organizaciones humanitarias, entre las que estuvieron Human Rights Watch y Amnistía Internacional, enviaron recientemente una carta al presidente argentino, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al Gobierno venezolano la liberación de los «presos políticos», en particular de Tarazona.  En marzo de este año, Bachelet también expresó preocupación.

Azul Positivo

El 12 de enero de 2021 fueron apresados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia, cinco integrantes de la ONG Azul Positivo en Maracaibo.

Los organismos de seguridad llegaron a la sede de la ONG para realizar un presunto procedimiento administrativo. El director de la ONG, dedicada a actividades de prevención del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) desde 2004, Johan León, fue uno de los detenidos.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunció que los activistas fueron incomunicados. Luego fueron imputados por terrorismo, financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Fueron liberados un mes después pero el proceso judicial en su contra continuó.

Para entonces, el relator de la ONU para la libertad de asociación, Clément Voule, instó a las autoridades venezolanas retirar los cargos contra los activistas Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, además de León y poner fin a los «continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas».

Allanamientos

En 2020, los casos más destacados fueron los allanamientos contra las ONG Acción Solidaria y Alimenta La Solidaridad.

El 7 de septiembre de 2020, funcionarios de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional (Faes) detuvieron al personal – al menos ocho personas – que se encontraban en la sede Acción Solidaria (organización que ayuda y da medicamento a personas con enfermedades crónicas como el VIH) en Caracas, durante un allanamiento. Fueron liberados luego de estar retenidos durante varias horas en la sede de la policía en Petare.

 

Poco más de dos meses después, miembros de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive alertaron ser víctimas de hostigamiento durante cuatro días, luego de los cuales una delegación identificada como Policía Nacional contra la Corrupción allanó su sede en El Rosal, Caracas.

El director de la red de comedores populares (240 en 14 estados) Roberto Patiño, también integrante del partido Primero Justicia, alertó que la distribución de alimentos entre sectores de la población bajo riesgo de inseguridad alimentaria estaba en riesgo si se continuaba con la persecución.

Fundaredes exige información sobre salud de Javier Tarazona

Legislación en contra

Romero además mencionó una serie de normativas que  limitan directa o indirectamente la labor de las ONG en el país, entre ellas la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación de 2002, reformas de leyes penales, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y sucesivos Estados de Excepción aprobados que hablan de la protección de la nación contra enemigos internos y externos.

Asimismo, se refirió a una resolución de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) de 2020 que ordena el monitoreo de actividades bancarias de ONG.

«La ley (propuesta) de Cooperación Internacional tiene esa lógica del enemigo interno, de estigmatización constante, donde las ONG son catalogadas de injerencistas, de aliarse con potencias extranjeras para afectar la soberanía nacional, tiene mucha discrecionalidad y arbitrariedad», dijo.