El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por difamación al padre jesuita Alfredo Infante y al coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado.
El activista de derechos humanos informó que este lunes 16 de mayo recibieron una notificación de un tribunal penal del estado del centro del país, donde les detallaban los motivos de la demanda.
«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las presuntas ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», dijo Alvarado en un video en sus redes sociales.
Ejecuciones extrajudiciales
Se refiere a las investigaciones del programa «Lupa por la vida» que documenta las ejecuciones extrajudiciales que cometen cuerpos de seguridad, civiles y militares, en Venezuela.
En declaraciones a Efecto Cocuyo Alvarado explicó que la demanda la lleva el tribunal de primera instancia de juicio del estado Carabobo.
Se refiere específicamente a la rueda de prensa de presentación del informe de Lupa por la vida de 2021, el pasado 14 de marzo, cuando Alvarado e Infante pidieron se investigara a Lacava al ser Carabobo el estado con mayor número de ejecuciones extrajudiciales por parte de una policía estadal.
«No nos vamos a retractar de lo que hemos exigido. Son 221 ejecuciones extrajudiciales en Carabobo que tienen que investigarse. Si hay un responsable político y administrativo de la policía, que es el gobernador, debe investigarse. Nuestro deber es exigir que se investigue».
Marino Alvarado, coordinador de accesibilidad de Provea
En el video Alvarado aclara que ellos no están responsabilizando a Lacava de las ejecuciones extrajudiciales, pero él como máxima autoridad debe ser investigado y serán los tribunales los que determinen su inocencia o no.
Del ataque en medios a la persecución judicial
El coordinador de Provea recordó que el chavismo pasó del hostigamiento y campañas de ataques en los medios del Estado al uso del sistema de justicia contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
«Es parte de lo que ha pasado desde 2021, que comenzó con la detención de los defensores de Azul Positivo y después con la detención de Javier Tarazona y dos compañeros más de Fundaredes: el usar los tribunales penales para tratar de intimidarnos, ya sea de encarcelarnos o este tipo de acciones como demandas», agregó.
Alvarado dijo que es la primera vez en Venezuela que un defensor de derechos humanos es investigado por exigir se investigue a un alto funcionario.
Qué dijo el informe de 2021
El informe de Lupa por la vida de 2021 documentó 1.414 ejecuciones extrajudiciales el año pasado en Venezuela.
Asimismo, los estados del país donde hubo mayor número de víctimas por ejecuciones extrajudiciales fueron Zulia (234), Carabobo (221), Aragua (158), Anzoátegui (119) y Distrito Capital (115).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano más letal, con una cuenta de 347 víctimas que representan el 25 % de todas las contabilizadas. Al Cicpc le sigue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 198 homicidios y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 152 casos.