En menos de 15 días se han producido hechos en el país que, según denuncias de organizaciones pro derechos humanos, implican violación de derechos fundamentales por parte de entes del Estado y evidencian una «escalada» en el tema de la persecución, criminalización y radicalismo por pensar distinto en Venezuela.
«33 hombres detenidos y criminalizados por su orientación sexual; seis trabajadores condenados a 16 años por protestar; Alto Comisionado ONU señalado; Cruz Roja intervenida por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de Maduro. Todo en menos de 14 días ¿Qué más sigue?», alertó la ONG Provea en su cuenta de Twitter.
Esto se suma a otras medidas como las inhabilitaciones políticas contra aspirantes a la presidencia de la República, violencia física y amenazas de más agresiones, así como el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en puertas que analistas y dirigentes políticos estiman será de «dominio rojo» para desestimular el voto de cara a las elecciones de 2024.
«Todo apunta a que el gobierno quiere dejar bien claro hacia dónde va a dirigir su manera de defenderse políticamente, porque sabe que una batalla electoral libre la tendría perdida. Eso lo desencaja y recurre a la violencia de distintas formas, lo cual ha sido usual cada vez que corre peligro su estabilidad», sostuvo el politólogo Alexander Campos, en declaraciones a Efecto Cocuyo.
A continuación un resumen de los últimos acontecimientos:
Condenados seis sindicalistas
El 1 de agosto, se conoció que los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín fueron condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir por el Tribunal 2° de Terrorismo, a cargo de la jueza Grendy Duque.
Abogados defensores señalaron que durante el juicio no se presentó ninguna prueba de la supuesta comisión de los delitos por parte de los detenidos desde hace un año en la sede de la Policía Nacional (PNB) de La Yaguara, en Caracas. Afirman que se trata de una «decisión política» que viola el derecho a la protesta (artículo 68 constitucional) , en este caso por reivindicaciones salariales y la libertad sindical, amparada por el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, incluso afirmó que el alto comisionado de DD. HH. de la ONU estaba «conforme» con la sentencia contra los detenidos, de quienes además dijo que no eran sindicalistas.
En respuesta a Saab, la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH, reafirmó este 7 de agosto su preocupación sobre la criminalización de las protestas en Venezuela, incluyendo las que demandan mejores condiciones de trabajo y derechos laborales y de la defensa de derechos humanos e indicó que tomaron nota del veredicto que condena a los seis sindicalistas».
«16 años de cárcel no es poca cosa solo por defender derechos de los trabajadores, el mensaje es claro y abierto a los sindicatos del país, el gobierno está dispuesto a llevar la violencia a todos los sectores, lo cual no significa que tengan el dominio de la situación porque seguirán las protestas», advirtió Campos.
Amenazas contra candidatos a primarias
Campos, del Centro de Investigaciones Populares y profesor de la UCV, recordó que aunado a los recientes hechos se practica una especie de «terror legal» con la persistencia de las inhabilitaciones políticas contra actuales candidatos a primarias como María Corina Machado y Henrique Capriles y la amenaza de una sentencia del TSJ contra la consulta prevista para el 22 de octubre, a partir de un recurso de amparo introducido por el politólogo Luis Ratti.
«Hay que tener en cuenta que a mayor peligro para la estabilidad del gobierno y su permanencia mayor será la violencia política, legal e incluso física que puede cometer. Más si la oposición, lejos de retroceder, avanza y se mantiene firme en sus posiciones de manera pacífica y democrática. Vemos actores como Machado, con cierto empuje y eso pone nervioso al régimen», expresó.
Suma igualmente las amenazas de agresión física a los aspirantes a Miraflores. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello, realiza un recorrido por las regiones y zonas populares de Caracas en los que insta a la militancia a «increpar» a los candidatos a las primarias por apoyar sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, cuando vayan a las comunidades.
Previamente, Cabello defendió a una militante del Psuv que a principios de junio golpeó repetidas veces a Capriles durante una caminata por Valencia. Recientemente, en un video se observa al gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, instar a los seguidores del chavismo a sacar a golpes a los opositores que visiten el estado para hacer campaña electoral, especialmente la candidata María Corina Machado.
No es poca cosa el discurso del nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Elio Paredes Estrada, quien tildó de «falsos candidatos» a los inhabilitados por la Contraloría General y los señaló de orquestar un plan de violencia que llevará al desconocimiento del nuevo CNE. Ante ese escenario, advirtió, la GNB está preparada para enfrentar a la «ultraderecha nacional e internacional».
Nuevo CNE en puertas
«La reacción del gobierno en los próximos meses también dependerá de movilización de la gente en torno a eventos como las primarias, si se logra que vean una esperanza que antes no veían. Pareciera que nos vamos a encontrar con la violencia como signo político. ¿Cuál será el desenlace? No lo sabemos. También está la encrucijada internacional porque el gobierno no logra que le levanten las sanciones y tiene menos recursos para ofrecer beneficios a la gente y comprar el escenario electoral», apuntó Campos.
A partir de lo que la ONG Voto Joven calificó como «disolución arbitraria» del CNE, al producirse la renuncia de todos los rectores vinculados al chavismo, el Comité de Postulaciones Electorales designado por el Parlamento de 2020, avanza en las entrevistas a los más de 100 candidatos y promete nuevo Poder Electoral para principios de septiembre. Entre los postulados están los actuales rectores relacionados con el Psuv, funcionarios, diputados de 2020, militares y académicos.
«Lo más probable es que el CNE no quede en 3 (rectores del chavismo) a 2 (de la oposición) como el actual, sino 4 a 1 o incluso 5 a 0, totalmente progobierno. La comunidad internacional no ha reaccionado según los deseos del gobierno para levantar sanciones, por lo que no tiene incentivos para que se conforme un CNE equilibrado», agregó Campos.
Intervención de la Cruz Roja
La Sala Constitucional del TSJ designó este 4 de agosto al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, como presidente interventor de la Cruz Roja Venezolana. El empresario está a cargo de un proceso de reestructuración de la asociación civil que recibe ayuda humanitaria para el país.
Organizaciones como Acceso a la Justicia, Provea, FundaRedes, Acción Solidaria y hasta el Foro Cívico, del cual es miembro Cusanno, advierten que se sienta un precedente «muy grave» porque se abre la puerta a la intervención de cualquier Organización No Gubernamental (ONG) en Venezuela, bajo presunciones de malos manejos, lo cual viola el derecho a la libre asociación (artículo 52 constitucional).
También se manifiesta preocupación por la labor humanitaria que presta la Cruz Roja Venezolana en el país, en vista de que en la sentencia se le da a Cusanno la potestad de disponer de los bienes de la organización. Asimismo, se pone en duda que una junta interventora impuesta por el Estado pueda respetar principios de imparcialidad, neutralidad e independencia que rigen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja, de acuerdo con sus estatutos.
«Criminalización» de personas LGBTIQ+
El 23 de julio, 33 personas fueron detenidas en el local Avalon Man Club, ubicado en Valencia, estado Carabobo, tras un procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denunció un proceso de criminalización de personas LGBTIQ, al considerar que las aprehensiones se produjeron por la orientación sexual (gais y bisexuales) de los implicados, quienes, de acuerdo con la defensa, no estaban cometiendo delito alguno.
Los detenidos fueron imputados, a petición de la Fiscalía, por ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”, cargos desestimados por los abogados defensores, porque las personas no se encontraban en su sitio público, no se asociaron para cometer un delito y tampoco se generaban ruidos molestos para la comunidad desde el local.
El Observatorio además condenó que desde el cuerpo policial se filtraran fotografías de los detenidos, con lo que se les expuso al escarnio público y promovió la discriminación por orientación sexual. Posteriormente, las personas fueron liberadas, primero 30 (27 de julio) y luego los tres restantes (2 de agosto), bajo régimen de presentación, mientras la investigación continúa. Familiares denunciaron que no solo el allanamiento se produjo sin orden judicial, sino que los funcionarios trataron de extorsionarlos.