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En el 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó un informe, este 13 de septiembre, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, así como su relación con el gobierno venezolano. Mostró preocupación por los bajos ingresos en los sectores salud y educación.

En su participación oral, destacó la crítica situación de los trabajadores del sector formal, 56,1 % de estos trabajadores y de los pensionados venezolanos, y dijo que tienen ingresos promedios entre dos y cinco dólares estadounidenses, «y ni qué decir del otro 43,9 % de los venezolanos o que están desempleados o en el sector informal».

Y pidió hoy a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población.

«La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia del COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones», señaló.

Las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se creen que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente.

En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.

1. El Acnudh está preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios públicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular los de los sectores de la educación y la salud. Por ejemplo, la Federación Médica Venezolana estimó en agosto de 2020 que alrededor del 50 % de médicos y médicas había salido del país, principalmente debido a la rápida disminución de sus ingresos reales. Según se reporta, en 2020, el salario mensual de enfermeros o enfermeras oscilaba entre dos y cinco dólares estadounidenses. La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de COVID-19.
2. En 2019, 80 % de los ingresos de los hogares dependía de transferencias monetarias del Gobierno, según cifras oficiales. De esas transferencias, el 22 % correspondió a electricidad, 21 % a educación, 16 % a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 15 % a agua, 12 % a otras transferencias monetarias “Patria”, y 11 % al programa de alimentación escolar. Las transferencias monetarias están indexadas al salario mínimo oficial, por lo tanto, son afectadas, así como los ingresos, por los altos índices de inflación de forma similar.
3. La dependencia de las transferencias monetarias por parte del Gobierno habría aumentado durante la pandemia de COVID-19, aunque información pública detallada y verificable sobre las finanzas y el impacto de los programas no está disponible. Para hacer frente a estos desafíos en los últimos años, el Gobierno ha aumentado el gasto social, sobre todo a través de transferencias monetarias directas. Informes indican que la política salarial no era inclusiva, y que en ocasiones excluía a miembros de sindicatos percibidos como críticos al Gobierno. Adicionalmente, el 1 de mayo de 2021, el Gobierno anunció un aumento del 289 %del salario mínimo, de 1,8 millones de Bs. a 7 millones de Bs., equivalentes a 2,4 dólares estadunidenses en ese momento, sin indexar el salario mínimo mensual oficial a la inflación, ni a la canasta básica. En 2021, el Gobierno informó de que seguía ofreciendo pensiones completas a más de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales también fluctuaban entre dos y cinco dólares estadunidenses y no estaban indexadas a la inflación.

El informe de Michelle Bachelet también ilustró la vulnerabilidad de los pueblos indígenas cuya situación de manutención se ha exacerbado con la pandemia y con la escasez de combustible, pero especialmente con los efectos dela expansión de la minería en el arco minero del Orinoco del cual se carece de data e informaciones oficiales.

«La combinación arco minero del Orinoco y derrames petróleos en zonas protegidas y alegaciones de muertes y amenazas contra indígenas en zonas mineras indica una grave crisis ambiental en el país, responsabilidad directa del Estado».

También cuestionó que la vacunación contra el COVID-19 no solamente es dramáticamente baja, sino que el gobierno no da información detallada sobre beneficiarios, uso de fondos públicos y monitoreo después de la vacunación.

Igual refiere que de los programas de transferencia alimentaria, para mitigar los efectos de la pandemia, no hay información pública detallada sobre el presupuesto, la participación y la fiscalización de estos programas:

1. La población de la República Bolivariana de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes. El Gobierno ha promovido políticas sociales a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género; sin embargo, persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, según se reporta, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales. Las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.
2. Mientras identifica posibles áreas de asistencia técnica adiciona, este informe examina las medidas adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas en relación con la obligación de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, la obligación fundamental de garantizar la satisfacción de niveles mínimos esenciales, la obligación de no discriminación e igualdad, la no regresión y la obligación de utilizar el máximo de sus recursos disponibles, que abarcan la asistencia y la cooperación internacionales.

A Michelle Bachelet le llamó la atención los pocos avances en materia de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y se refirió a que los diálogos políticos en México deben traducirse en avance para la protección de los derechos humanos.

Para Marino Alvarado, abogado y el ex-coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción (Provea), en realidad, esta expresión «pocos avances» debería leerse realmente como un retroceso e incremento de los riesgos para los defensores, sindicalistas líderes sociales y trabajadores humanitarios.

Y en cuanto a su posición sobre las negociaciones «nosotros agregamos que ningún proceso de negociación que incluya el tema de los derechos humanos puede llevarse a cabo sin la participación y con garantías de las víctimas de las violaciones derechos humanos o sus representantes».

«Queremos expresar que -aunque el informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, parece estar redactado para no poner en evidencia los retrocesos mostrando la parte llena del vaso- la situación de Venezuela sigue siendo una emergencia humanitaria compleja, con dramáticas y cotidianas tragedia humanas y con sistemáticas violaciones a los derecho. humanos.

Nos sigue preocupando, dijo, en el caso de Provea que matice sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. «Esta actitud lejos de fortalecer su trabajo, lo debilita, así como debilita las posibilidades de negociar un memorando de entendimiento para la creación de una oficina permanente en Venezuela».