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 La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre. En la agenda legislativa prevista para 2021 también está incluida la propuesta de Ley del Parlamento Comunal.

El presidente del Parlamento de 277 diputados, Jorge Rodríguez, asegura que son instrumentos legales «para garantizar la democracia», a partir de la consolidación del poder popular. Pero diputados de la oposición que participaron en las parlamentarias 2020 difieren y advierten que estas leyes violan la Constitución nacional.

 «No estamos de acuerdo porque ni las Ciudades Comunales ni el Parlamento Comunal están previstos en la Constitución, tendrían primero que reformarla porque por la vía que se pretende es inconstitucional», señala el diputado José Gregorio Correa (AD-Bernabé Gutiérrez).

Las comunas formaron parte de la propuesta de reforma constitucional de 2007, planteada por el fallecido presidente Hugo Chávez, que fue derrotada en referendo popular. Pese a ello, cuentan con una Ley Orgánica de las Comunas, sancionada en 2010, en cuyo articulado está incluido el Parlamento Comunal.

 Competencias

 El presidente de la Comisión Permanente de las Comunas, Luis José Marcano (Psuv), resaltó durante el debate del 11 de marzo, que la Ley de Ciudades Comunales va dirigida a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular.

Igualmente, que el pueblo tendrá el derecho de escoger en elecciones a sus voceros comunales y al Parlamento Comunal, cuya ley próximamente verá luz.

Correa indica que el artículo 136 de la Carta Magna, es muy claro al establecer la distribución del Poder Público en el Poder Municipal, el Estadal y el Nacional, este último dividido a su vez en los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

 «El Poder Municipal aparece de primero porque el Constituyente quiso que fuera más cercano al pueblo, no puede ser sustituido por ciudades comunales, ni alternar, ni competir. Es violatorio de la Carta Magna transferir competencias a instancias que no son constitucionales», subraya.

 Sobre si las propuestas que involucran a las figuras de las comunas profundizarán la democracia, tal como defiende el chavismo, Correa dijo que la discusión no es si las leyes son  «buenas o malas» sino que de entrada, son contrarias a lo establecido en el texto constitucional de 1999.

 Concentración de poder

 El diputado de Avanzada Progresista Bruno Gallo coincide con Correa en que, primero, debería producirse una reforma constitucional, pero también alerta sobre otros aspectos de la propuesta legal.

A su juicio, el chavismo se propone reproducir la estructura del Estado en el ámbito local con figuras como el Parlamento Comunal y la justicia de paz, bajo la excusa de la descentralización y más poder para el pueblo. No oculta sus dudas sobre que tal proceso vaya a funcionar ante el fracaso, subraya, de las políticas nacionales y el funcionamiento de los Poderes Públicos.

 Advierte igualmente que el objetivo de Miraflores y del Psuv pudiera ser «difuminar el poder para que se concentre en manos de unos pocos», excluyendo a quienes piensen distinto en las comunidades.

 «Soy un convencido que la descentralización del poder es una vía para mejorar la democracia, pero no veo porqué imponer una figura (ciudades comunales) que no tiene que ver con los venezolanos ni la tradición hispánica del municipio y de las parroquias. Parece que apunta a la tradición descentralizadora de la experiencia bolchevique (Rusia) o a la estructura rígida de Cuba, con los Comités de Defensa de la Revolución, que solo reciben órdenes del partido», dice.

 Voto salvado

 Gallo señala además que el país tiene en estos momentos necesidades sobre las cuales legislar o discutir en el seno del Parlamento que deberían tener prioridad sobre otros temas que, en lugar de unir a los venezolanos, los divide.

 «El país no es de la mayoría del Psuv sino de todos. Como oposición no votamos por la Constitución de 1999, pero una vez aprobada en referendo es deber de todos hacer que se cumpla. Pueden aprobar esas y todas las leyes que quieran porque tienen el poder, pero nosotros como minoría dejaremos constancia de las violaciones a la Constitución», añade Correa.

 El diputado Luis Eduardo Martínez declinó adelantar opinión al respecto, pero aseguró que la fracción de la oposición moderada en la AN del 6Dic salvó el voto en la aprobación del proyecto de Ley de Ciudades Comunales en primera discusión. También manifestó que tras evaluar las implicaciones de la iniciativa legislativa, el bloque dejará más clara su posición durante la segunda discusión que abarca artículo por artículo.