Para el abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, de la agenda legislativa -el paquete de 35 leyes presentado este 2 de marzo- hay que tener especial cuidado con las leyes del Ciberespacio, Parlamento Comunal, Participación política de los pueblos y comunidades indígenas, Reforma parcial de la ley de protección de la familia, Reforma a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley de fondo de protección social de los depósitos bancarios y la Ley para regir a las ciudades comunales.
Esto porque, señala, podrían implicar mayores restricciones de libertades, especialmente de los que piensan distinto, por lo que la ciudadanía debe estar vigilante del contenido final del articulado que se apruebe en cámara.
“Le pasan por encima a la Constitución con leyes como la del Parlamento Comunal y de las ciudades comunales que son contrarias a la norma constitucional. Estamos ante el empleo del constitucionalismo abusivo que es la interpretación de la Carta Magna contraria a sus postulados. Lo viene aplicando el TSJ, el Ejecutivo y ahora lo veremos en el Legislativo”, sostiene.
Indica que si bien es cierto son leyes que serán aprobadas por una AN ilegítima, producto de elecciones sin garantías y con una gran abstención (más de 70%), serán de obligatorio acatamiento y cumplimiento, por cuanto dicho Parlamento de mayoría Psuv es el que ejerce el poder fáctico.
“En esta agenda legislativa ellos priorizan los hechos políticos por encima de los temas del pueblo. En todos los países se debate sobre el COVID-19 y la vacunación, aquí no, solo se dan órdenes y no pasamos del 7+7″, añade.
Expresión amenazada
También el politólogo Nicmer Evans llamó la atención sobre las propuestas que tienen que ver con la libertad de expresión. “Van con todo contra los medios, las redes sociales y lo poco que queda de libertad de expresión..”, advirtió en su cuenta de la red social Twitter.
En 2010 ya hubo una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, sancionada en 2004. Los cambios ampliaron el control de contenidos de los medios radioeléctricos a los llamados “medios electrónicos”, para restringir mensajes que se consideran pueden causar “zozobra” y “desestabilización” en la población. En su momento se denunció censura contra la disidencia política.
Mientras que la Ley del Ciberespacio es una materia que quedó pendiente de la ANC. En enero de 2019 se filtró un texto del anteproyecto en el que se incrementaban los poderes del Ejecutivo para la vigilancia sobre el internet. Se alertó que la iniciativa legal se podría convertir en una nueva herramienta de control sobre el flujo de información y la libertad de expresión en el ciberespacio.
“El anteproyecto de Ley del Ciberespacio, igualmente, profundiza las medidas contenidas en la Ley Constitucional Contra el Odio, legitimando las acciones para “prevenir” y “contrarrestar” el odio en internet, y otorgando a una nueva autoridad de control la potestad de aplicar las sanciones contenidas en esta ley, así como de llevar a cabo tareas de vigilancia y adoptar medidas efectivamente ilimitadas para evitar actuaciones que ante sus ojos constituyan ciberataques, ciberterrorismo, ciberdelitos, o puedan ser consideradas una amenaza”, señala la ONG Derechos Digitales de América Latina.
Parlamento Comunal
Las Leyes del Parlamento Comunal y de las Ciudades Comunales que forman parte de la agenda legislativa fueron solicitadas por el gobernante Nicolás Maduro previo a las elecciones parlamentarias, como parte de las prioridades que debía tener del Poder Legislativo de 277 legisladores.
Estas leyes buscan concretar la promesa de “más poder para el pueblo” enarbolada desde el gobierno de Hugo Chávez, a través de instancias de participación como los consejos comunales (CC), las comunas, las ciudades comunales (Maduro dijo que se crearían más de 200 en todo el país) y el Parlamento Comunal.
Si bien algunas de estas figuras cuentan con leyes como la de los CC y las Comunas (a su vez el Parlamento Comunal está previsto en la Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 21), no están previstas en la Constitución.
Vale recordar que fueron propuestas en la fallida reforma constitucional de 2007, rechazada en referendo popular consultivo.
“Propongo que el mejor homenaje a los 200 años de la victoria de la Batalla de Carabobo debe ser, para ese pueblo en armas que nos hizo libres, la creación del parlamento comunal a través de una ley que amplíe facultades para la participación del pueblo. Merecemos más y mejor democracia, mayor inclusión, paz y reconciliación”, dijo Maduro ante la AN del 6Dic.
Una propuesta para el gas doméstico
En medio de protestas diarias por fallas en los servicios públicos, Maduro aseguraba en octubre de 2020, que cuando el chavismo recuperara el Parlamento, los diputados de la “revolución” aprobarían un conjunto de 10 leyes prioritarias, entre ellas una que permitiera mejorar el acceso de la población al gas doméstico.
El gobernante ha asegurado que las irregularidades de distribución del gas se deben a un supuesto sabotaje, porque desde finales de septiembre se produce lo suficiente para satisfacer la demanda nacional. Una Ley del gas doméstico es parte de la agenda legislativa, lo constituye, junto a la reforma de la Ley del Agua, en una promesa de mejorar los servicios públicos en el país.
Otras dos leyes, la Reforma de la Ley de Zonas Económicas Especiales y la Ley de nuevos emprendimientos, estarán dirigidas, según el presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Faría, a impulsar el desarrollo productivo del país.
“Con la Ley de Zonas Económicas Especiales, el país va disponer de una herramienta para la promoción de la inversión privada y con la inversión privada la generación de ingresos y con esto la creación de riquezas y de condiciones para el bienestar del pueblo”, asegura.
Inicio de la agenda
Aunque no mencionadas en el paquete, la agenda legislativa comenzó con la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la AN en enero, así como con la sanción este 2 de marzo de la Ley Derogatoria de la Ley de regularización de los períodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales.
Con la Ley Derogatoria se da vía libre al CNE para que convoque para el mismo día, las elecciones de gobernadores, alcaldes y si las condiciones técnicas lo permiten, de Consejos Legislativos y Concejos Municipales.
En la sesión ordinaria del 2 de marzo, igualmente se aprobaron en primera discusión las reformas de la Ley Orgánica de Drogas (propuesta por el Ejecutivo) y la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Los cambios a la Ley Orgánica de Drogas tienen como finalidad la creación de la Superintendencia Nacional Contra las Drogas y de una fuerza de tarea antidrogas que dependerá de esa Superintendencia. El presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño destacó que también se tipificarán nuevos delitos de manera transitoria hasta que se apruebe la reforma del Código Penal.
Mientras que el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, Pedro Infante, indicó que la reforma de la Ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, plantea en principio cambios a 32 artículos y la incorporación de doce nuevos.
Entre las modificaciones están la incorporación de nuevos delitos contra las mujeres, entre ellos la violencia política y la violencia mediática y a través de las redes sociales. También enfatiza el aspecto preventivo para combatir la violencia desde el hogar y en todos los espacios.
La agenda legislativa para el período 2021 quedó aprobada por la Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre, este martes 2 de marzo. El plan está conformado por 35 leyes, sobre las cuáles, el titular del parlamento con mayoría Psuv, Jorge Rodríguez, aclaró se trata de un “paquete mínimo”, que no excluye la discusión y sanción de otros instrumentos legales que se consideren importantes.
“Para los momentos que vive el país, cualquier agenda legislativa puede resultar insuficiente, pero hay espacio para más y las distintas comisiones permanentes y nosotros como fracción de oposición trabajamos en eso. Hay muchas leyes por actualizar para adaptarlas a los nuevos tiempos, hay leyes que ya existen y solo hay que revisarlas y adaptarlas para evitar que haya duplicidad”, expresó el diputado José Gregorio Correa, del AD de Bernabé Gutiérrez.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el legislador aseguró que la ausencia en la lista de textos legales como los que plantearon sectores como Fedecámaras o el Ministerio Público con la Ley para garantizar una muerte digna de personas con enfermedades terminales o de extremo dolor permanente, no significa que no puedan ser tomados en cuenta en el transcurso del período legislativo.
Como parte de la Comisión de Política Exterior, Correa indicó que la legislación actual sobre esa materia está obsoleta y no reflejan los cambios del país y su política exterior de los últimos años. En el paquete legislativo figura la Ley de cooperación internacional.
Rodríguez dijo que la AN saliente no se ocupó de aprobar leyes importantes para el país en el pasado quinquenio, sin mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulas todas sus actuaciones bajo el argumento del desacato, por juramentar en 2016 a los tres diputados de Amazonas.
18 reformas y 17 leyes nuevas
En el paquete legislativo figuran 18 reformas de ley como las del Código Penal, Código de Comercio, Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Drogas, Reforma de la Ley contra la Corrupción, Reforma de la Ley de Zonas Económicas Especiales, Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la Ley de Minas, Ley Orgánica de Fronteras, al Código Orgánico de Justicia Militar y a Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, medios electrónicos y redes, Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica de Salud, Reforma de la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación, Reforma parcial de la ley de protección de la familia. También están previstos cambios a la Ley de Protección de Adultos y Adultas Mayores, a la Ley de Agua, Ley que crea el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) y Reforma a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
Los textos legales que verían luz por primera vez son Ley de cooperación internacional, Ley del poder popular para la contraloría regional y locales, Ley de nuevos emprendimientos, Ley de la gran chamba juvenil y Ley Orgánica del Parlamento Comunal.
Fueron incluidas además la Ley Orgánica sobre los derechos de la madre tierra, Ley Orgánica para la planificación territorial, Ley de participación política de los pueblos y comunidades indígenas y la Ley para el desarrollo del sistema económico de los pueblos indígenas.
Como prioridades legislativas para este año igualmente fueron incluidas la Ley de ciberespacio, Ley para el uso y disfrute del tiempo libre y recreación, Ley de salvaguarda del patrimonio cultural viviente e inmaterial, Ley de servicios sociales, Ley de gas doméstico y Ley de timbres fiscales. Por último, la Ley de fondo de protección social de los depósitos bancarios y la Ley para regir a las ciudades comunales.
Rodríguez apuntó que de la treintena de leyes, cuatro son de iniciativa legislativa del Ejecutivo, entre ellas, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Drogas. Otras como la del ciberespacio se habían quedado en el tintero de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).