El comisionado para Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, Julio Borges, advirtió a la comunidad internacional sobre una serie de acciones que adelanta el chavismo para “simular” una reforma en el sistema de justicia que no es tal en Venezuela.
El también dirigente de Primero Justicia (PJ) aseguró que se trata de un “maquillaje” para tapar violaciones de derechos humanos, en un intento por revertir el proceso que se sigue en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“En el marco de este esfuerzo por confundir a la justicia universal, la dictadura de (Nicolás) Maduro ha enmendado leyes, ha simulado estar desarrollando investigaciones independientes y ha procesado a funcionarios de bajo nivel dentro de la cadena de mando. Debemos alertar con firmeza que ninguno de estos procesos va a la yugular del problema de derechos humanos“, alertó Borges, mediante un comunicado este martes 19 de octubre.
La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre aprobó recientemente un paquete de leyes propuestas por la Comisión Especial para la “Revolución Judicial”, designada por Maduro en junio de este año y que dirige Diosdado Cabello.
Los instrumentos legales sancionados en tiempo récord el mes pasado son la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar; Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
“No hay independencia de poderes”
Borges subrayó a la comunidad internacional que Miraflores mantiene su desconocimiento a la independencia de los Poderes Públicos, principalmente al Judicial, por lo que no es posible que los crímenes de lesa humanidad sean debidamente investigados y castigados sus responsables.
Reiteró que el gobierno de Maduro ha hecho y hace uso de la “represión, tortura y muerte” contra la disidencia política para mantenerse en el poder.
“Un ejemplo palpable de que no se han hecho esfuerzos reales de cambio, es que la semana pasada murió en custodia de la dictadura, el general Raúl Isaías Baduel, quien fuera en vida víctima de torturas, aislamiento, detención arbitraria, negación de la justicia y del derecho a la salud”, prosiguió Borges.
Ratificó que el exministro de la Defensa murió en circunstancias “dudosas” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su sede de El Heliocoide, una de las prisiones, destacó, donde el gobierno de Maduro tiene detenidos a más de 200 presos políticos, entre ellos militares.
“Debe avanzar proceso en la CPI”
El pasado martes 12 de octubre el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, confirmó el deceso del general retirado, preso desde 2017 y lo atribuyó a complicaciones por COVID-19. La familia de Baduel denunció asesinato y exigió una investigación internacional. El caso de Baduel fue documentado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, como un ejemplo de violaciones de derechos humanos contra disidentes políticos.
“La comunidad internacional y especialmente la CPI, no debe confundirse ni reconocer avances del régimen por estas decisiones que no solo no son suficientes, sino que son un maquillaje de una grave situación de DDHH que empeora cada día, por el contrario, debe presionar para que se desarrollen investigaciones independientes, se liberen a los presos políticos y se avance en el proceso de la CPI”, concluyó Borges.
La Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar desde 2018 contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Se está a la espera de que anuncie el inicio o no del juicio formal.