Balance de la ANC: "Paz impuesta", Ley Antibloqueo y ninguna Constitución - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 26 DICIEMBRE, 2020 19:36

Balance de la ANC: “Paz impuesta”, Ley Antibloqueo y ninguna Constitución

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumplió su tercer año de gestión y de acuerdo con lo anunciado por el gobernante Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto, será el último. El balance de su desempeño, desde que se instalara en julio de 2017, está conformado por la ejecución de competencias que constitucionalmente corresponden al Parlamento y que fueron desde la designación del fiscal general, hasta la polémica aprobación este 2020 de la Ley Antibloqueo.

 De acuerdo con un balance presentado este 15 de diciembre, por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en tres años, 500 constituyentes electos en los cuestionados comicios del 30 de julio de 2017, aprobaron 15 leyes constitucionales, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 actos de otra naturaleza para un total de 236 actos en total. La función principal de la instancia, que fue elaborar una nueva Constitución de acuerdo con el artículo 347 de la Carta Magna, tal como lo hizo la Constituyente de 1999, no se concretó.

Según el abogado constitucionalista y constituyente, Hermann Escarrá, la función de la ANC era además “modificar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico”, tal como reza el mismo artículo.

 Sin nueva Constitución

 “La ANC hizo su trabajo, por un lado el de carácter político y por el otro el jurídico, el político sirvió de sustento al gobierno de Maduro frente a una Asamblea Nacional adversa que debía ejercer control sobre el Poder Ejecutivo en cuanto a la aprobación del Presupuesto Nacional, la Memoria y Cuenta y la interpelación de los ministros, entre otras, pero no se le permitió. Para eso la ANC se instala y la sustituye, atribuyéndose poderes supraconstitucionales”, expresa el abogado constitucionalista, Gustavo Manso.

Para el profesor de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Central de Venezuela, la mejor muestra de que el objetivo de la ANC nunca fue redactar una nueva Constitución sino interferir con las competencias de la AN, es que se anuncia el cese de sus funciones y la Carta Magna no vio luz. Esto pese a que Escarrá aseguró que existía un proyecto trabajado.

 “Yo creo que no. Nosotros nos dimos un mandato hasta el 31 de diciembre de 2020, pensando que en 2021 viene una nueva AN. Que de aquí en tres meses nosotros aprobemos una nueva Constitución yo no lo veo factible”, afirmó  Cabello en septiembre.

La constituyente por el sector campesino y pescadores, Emma Ortega, sostiene que la Carta Magna aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999, “es la más hermosa del mundo” y no hacía falta cambiarla. Señala que por ello la Constituyente solo se dedicó a aprobar leyes constitucionales que desarrollaran aún más el texto fundamental.

 “Estas leyes blindan nuestra Constitución actual y no serán fáciles de cambiar sin una consulta popular de por medio”, advierte a Efecto Cocuyo

De hecho la ANC aprobó el viernes 18 de diciembre un mecanismo que protege las decisiones del órgano supraconstitucional a futuro.  La Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la ANC establece que las leyes constituyentes solo se podrán modificar por iniciativa del 15 % de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral, por decisión del 30 % de los integrantes de la AN y por el presidente de la República en Consejo de Ministros.

 “Imponer la paz”

El llamado a la ANC por parte de Nicolás Maduro se dio en medio de una gran tormenta, la ANC vino a imponer la paz en el país, no fue que le pedimos por favor a la oposición, bajo la figura de la aplicación de esta Constitución y de las leyes, como una necesidad de nuestra Patria de vivir en paz, además de vivir en libertad”, sostuvo Cabello al presentar el balance desde el Palacio Federal Legislativo.

La instalación de la ANC luego de la elección de sus miembros el 31 de julio de 2017, marcó el final de cuatro meses de fuertes manifestaciones masivas en todo el país y que fueron desencadenas por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaba de sus competencias al Parlamento. Luego fueron revertidas en teoría, pero ello no frenó las protestas.

En el ínterin se sumó el rechazo a la convocatoria de la ANC, hecha por Maduro el 01 de mayo de ese año. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 6.729 acciones de calle y 163 fallecidos entre el 01 de abril hasta el 30 de julio de 2017, para un promedio de 56 protestas diarias en todo el país.

 A juicio de Ortega, la “pacificación del país” es el principal logro de la ANC. “Se acabaron las guarimbas, vino la estabilidad política, se alcanzó un clima de paz, el diálogo”, celebra. 

 Una de las principales acciones de la Constituyente fue la creación el 8 agosto de 2017, mediante decreto, de la Comisión para la Verdad  la Justicia y la Tranquilidad Pública. Su objetivo fue investigar “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia» ocurridos desde 1999 en adelante. En su momento la ONG Acceso a la Justicia, la calificó como “una especie de tribunal con poderes de investigación”, diseñado para perseguir y castigar a la disidencia política.

 En el año 2018, esta instancia tras una solicitud del Ejecutivo y el TSJ, otorgó una serie de beneficios procesales y reactivó las causas judiciales relacionadas con los hechos de abril de 2002.

¿Qué decisiones tomó?

 En el balance que ofreciera Cabello sobre decisiones que tomó la ANC durante estos tres años, destacó el decreto para adelantar las elecciones de gobernadores de 2017 para el mes de octubre (debían hacerse el 10 de diciembre).

Por decreto, la Constituyente también llamó a comicios municipales y repetición de la elección del gobernador en el estado Zulia en diciembre de 2017, tras la destitución de Juan Pablo Guanipa por parte del Consejo Legislativo, ante su negativa a subordinarse y juramentarse ante la ANC.

Igualmente la convocatoria a elecciones presidenciales, también adelantadas para el 20 de mayo de 2018, junto a comicios de Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Es al Consejo Nacional Electoral (CNE) al que le compete llamar a comicios y fijar la fecha. Cabello destacó que esto dio al traste con las intenciones de la oposición de sabotear los comicios, pues pese a llamar a la abstención hubo otro grupo que sí postuló candidaturas.

Las decisiones de corte electoral también incluyeron el Decreto Constituyente para la participación en Procesos Electorales. Con la medida se obligó a los partidos políticos que no participaron en los comicios municipales de diciembre de 2017, a la renovación de su nómina de militantes, como sanción por no postular candidaturas.

Ello ocasionó que quedaran ilegalizados ante el CNE, partidos como Primer Justicia, Voluntad Popular (VP) y Puente, entre otros. Dicho decreto fue desaplicado para las parlamentarias de 2020 para permitir la postulación de candidaturas con las tarjetas de Acción Democrática y VP. 

 Inmunidad parlamentaria arrasada

Como parte de las decisiones relevantes y contrarias a la Carta Magna, según analistas,  figuran además el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de al menos 28 diputados de la AN para que fueran enjuiciados, pese a ser una atribución del Parlamento, según el artículo 200 de la Constitución. Entre los afectados están Juan Guaidó, Juan Requesens, Henry Ramos Allup, Juan Pablo Guanipa, Gilber Caro, Edgar Zambrano y Jorge Millán, entre otros.

Corresponde a la AN la designación de miembros de los Poderes Públicos, pero la ANC nombró fiscal general a Tarek William Saab el 5 de agosto de 2017, tras destituir a Luisa Ortega Díaz, luego de que se pronunciara contra las sentencias 155 y 156 del TSJ. También nombró a  Elvis Amoroso como contralor general, el 24 de octubre de 2018.

El 19 de junio de 2018, la ANC igualmente designó a Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Según el artículo 9 de la Ley del BCV, dicha autoridad es designada por el presidente de la República para un período de siete años, pero debe ser ratificada por el voto de la mayoría de los miembros del Parlamento nacional.

 No faltó la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Endeudamiento de 2018, 2019, 2020 y 2021, otra función que según el artículo 187 compete a la AN. Tampoco la presentación de la Memoria y Cuenta del Ejecutivo Nacional ante la plenaria de la ANC durante tres años consecutivos, cuando debía hacerlo dentro de los primeros diez días siguientes a la instalación del Poder Legislativo (artículo 237 constitucional).

Tanto Maduro como la ANC se justificaron en el supuesto desacato impuesto por el TSJ a la AN desde 2016, por haber juramentado a los tres diputados de Amazonas, pese a que el Poder Judicial suspendió la proclamación de la representación indígena.

 ¿Qué otras leyes aprobó?

Entre las 14 leyes de las que se habla en el balance de gestión están la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que incluyó a la Milicia Nacional como quinto componente, pese a no estar prevista su existencia en la Carta Magna; Ley que crea la Unidad Tributaria Sancionatoria; la ley que crea la Empresa Agrosur para insumos Agrícolas y la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios.

Asimismo, la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap); Ley del Plan de la Patria; Ley de Precios Acordados; Ley de Inversión Extranjera y Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

El artículo 187 constitucional establece que es atribución de la AN, “legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.

 Entre los 98 decretos, se cuentan el que ratificó a  Maduro como Jefe de Estado, al subordinarse a la ANC en 2017, el decreto sobre el Criptoactivo y la Criptomoneda Petro, así como el decreto Constituyente de Diálogo Económico.

Para el abogado Manzo, las leyes Contra el Odio y Antibloqueo son las normativas inconstitucionales más graves aprobadas desde la ANC. La primera, señala, porque ha permitido criminalizar a la disidencia política, imputándole delitos de odio, en varios casos, solo por expresarse a través de redes sociales. La ONG Espacio Público contabilizó más de 16 personas castigadas bajo esta ley solo en el primer semestre del año.

La constituyente Ortega defiende dicho instrumento jurídico, bajo el argumento de que no se puede confundir la tolerancia con la permisividad. Advierte que permitir la instigación al odio contra quienes piensen distinto (en este caso contra dirigentes del chavismo) es promover la anarquía.

La Ley Antibloqueo incluye varios artículos que violan o modifican la Carta Magna y le otorga plenos poderes al Ejecutivo para tomar decisiones en materia económica (entre ellas privatizaciones), amparado en el secreto de Estado”, acotó Manzo sobre la polémica ley.

 Desacuerdos

 Vale recordar que la aprobación de la Ley Antibloqueo trajo desacuerdos entre los constituyentes, pues al menos cuatro miembros de la ANC, entre ellos María Alejandra Díaz, salvaron su voto tras denunciar que el texto no les fue consultado.

 No fue la única diferencia, pues en agosto el constituyente Néstor Francia, también rechazó que Maduro dijera que en diciembre se disuelve la ANC sin que antes sus miembros lo supieran. Igualmente confirmó que jamás vio ni se discutió proyecto de Constitución alguno.

“Esta Constituyente lo que ha servido es para reforzar el poder y control del Psuv. Esa es la verdad y lo lamento mucho y le pido perdón a mis electores”, afirmó el exconductor del programa La Hojilla, en entrevista para el portal Aporrea.

 Ortega difiere, pues considera que la ANC “fue una verdadera tribuna de participación real del sector popular”. Indica que entre los aspectos que faltó por discutirse fue una especie de ampliación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, entre otras cosas, para abolir definitivamente el latifundio, garantizar la permanencia del campesinado en las tierras trabajadas, así como prever delitos agrarios y sus sanciones. Aspira que lo que se adelantó en la Constituyente, sea continuado en la nueva AN por los diputados electos que manejan el tema.

No se ha fijado fecha definitiva para la disolución de la ANC. Ortega indicó que las distintas comisiones siguen trabajando, pues según Cabello deben rendir cuentas y no se descarta que se llame a nuevas sesiones para finiquito del trabajo.

No podría confirmar si cesamos en funciones este mes”, admitió, a lo que Manzo acotó que es posible que se extienda la ANC hasta principios de año, dando tiempo a que el chavismo asuma el control del Parlamento que se instala el 5 de enero de 2021. También se evalúa la continuidad de la Comisión de la Verdad.