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El politólogo Nicmer Evans no es la única persona detenida o perseguida judicialmente en Venezuela por supuesta instigación al odio y se teme que no sea la última.

De acuerdo con denuncias de ONG que registran violaciones de derechos humanos, desde que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley contra el Odio, en 2017, la imputación de este delito es frecuente para acallar a todo aquel que disienta del gobierno de Nicolás Maduro.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, expresó que en lo que va de 2020 más de 16 personas han sido detenidas bajo acusaciones de «delitos de odio». Indicó que la mayoría son infociudadanos (ciudadanos comunes que reportan hechos a través de las redes sociales) y empleados públicos, pero no escapan trabajadores de la prensa y dirigentes políticos.

“No se puede calificar de ley porque fue aprobada por la Constituyente, que no tiene facultad para ello. Es un texto que califica delitos de odio de una forma vaga, pero tiene penas muy duras y es usada fácilmente como herramienta para criminalizar y perseguir a quienes expresen alguna opinión o denuncien algún hecho en redes sociales o a través de otras vías”, sostuvo Correa.

Sobre el delito de promoción o incitación al odio, el artículo 20 del instrumento aprobado por la ANC prevé  prisión de entre 10 y 20 años para quien lo cometa. Se refiere exactamente a quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”.

Espacio Público registró 623 violaciones a la libertad de expresión entre enero y junio de 2020, entre las que se encuentran dichas detenciones  por instigación al odio.

Las víctimas

Poco antes de las 9:00 p. m. de este lunes 13 de julio, Nicmer Evans, quien también es director del medio digital Punto de Corte,  subió un video a su cuenta de Instagram en el que alertó sobre su detención en su residencia ubicada en Los Caobos, en Caracas.

En la orden de aprehensión con fecha 11 de julio, firmada por el Tribunal 21 de Control del área metropolitana, se le señaló de los delitos “promoción o incitación al odio”.

Antes del politólogo, fueron víctimas los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima; ambos detenidos el 18 de junio y 19 de junio, respectivamente. Fueron vinculados al manejo de cuentas anónimas en Twitter, que a juicio de las autoridades instigaban al odio. El 22 de junio fueron excarcelados con las medidas cautelares de arresto domiciliario, prohibición de publicar mensajes en sus redes sociales y de salida del país.

El artículo 14 de la Ley contra el Odio prohíbe la difusión de mensajes a través de redes sociales y medios electrónicos “que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza”.

Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo) por la llegada del Covid-19 al país, Espacio Público registra 370 violaciones a la libertad de buscar, recibir y difundir información, la mayoría relacionadas con la difusión de datos con respecto a la pandemia. Uno de los casos, fue el del periodista Darvinson Rojas.

Rojas fue detenido sin orden judicial por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el 21 de marzo por escribir varios tuits con reportes sobre el virus. Sus padres también fueron detenidos en su vivienda en la parroquia Antímano y liberados horas después. En una audiencia celebrada el 23 de marzo, Rojas fue imputado por el Ministerio Público por instigación al odio. Doce días después fue excarcelado bajo fianza, las autoridades se quedaron con su teléfono celular.

Por participar en un programa

Los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Andes Jhohann Lobo y Michael Labrador participaron en un programa de la Televisora Andina de Mérida el 5 de marzo. Durante la entrevista hablaron del problema del transporte en la ciudad y llamaron a los estudiantes de la ULA a una concentración en la Plaza Bolívar para protestar.

Para el 8 de marzo ya estaban imputados, de acuerdo con la ONG Foro Penal, por incitación al odio agravado, resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego.

Un mes después fue el turno de la bioanalista Andrea Sayago, por advertir sobre casos de COVID-19 en Trujillo. Fue apresada por el SEBIN y presentada el 6 de abril ante un juez del circuito judicial del municipio Trujillo, donde se le imputó por traición a la patria e instigación al odio. Se le otorgó medida cautelar de arresto domiciliario.

Los primeros imputados

La Ley Contra el Odio se estrenó el 8 de enero de 2019 contra dos ciudadanos en el estado Carabobo. Ronald Cevilla Güemes de 25 años y Érika Palacios Alfonso de 44, que fueron detenidos durante una protesta vecinal en Naguanagua. Además de los delitos de obstaculización de la vía pública, instigación pública y detentación de sustancias incendiarias», fijados en el Código Penal, se les atribuyó el delito de instigación al odio.

El para entonces defensor de los detenidos, Luis Armando Betancourt, además coordinador del Foro Penal en ese estado, declaró a medios regionales que la imputación se basó en declaraciones de funcionarios policiales, según las cuales los detenidos expresaron mensajes contra el presidente Nicolás Maduro.