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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este jueves 8 de octubre la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Sus miembros, encabezados por su presidente Diosdado Cabello, aseguran que el instrumento jurídico se concibe dentro de lo establecido en la Carta Magna para enfrentar las sanciones internacionales y que de ninguna manera la violentará en su ejecución.

 Cabello defendió la celeridad en la aprobación de la Ley, por el hecho de que los adversarios al gobierno chavista no parecen dispuestos a disminuir las sanciones sino profundizarlas.

 «Las sanciones no tiene un carácter particular, son contra nuestro pueblo (…) En la demora está el peligro», advierte.

Aseguran que se respeta la Constitución

 Los constituyentes rechazaron una y otra vez las críticas de abogados constitucionalistas. según las cuales la Ley Antibloqueo desaplica el ordenamiento jurídico vigente, abre la puerta a la privatización de las industrias nacionales y al desmantelamiento de los recursos del país. Hermann Escarrá no ocultó su molestia por los señalamientos específicos de Allan Brewer Carías contra la propuesta entregada por Nicolás Maduro el 29 de septiembre.

 «No entienden qué es la desaplicación de normas, el catedrático que fue mi profesor dice que esta ley es monstruosa (…) ese profesor olvida con mucha facilidad el enorme delito que ocasionó en Venezuela al violar la soberanía del pueblo con el decreto Carmona, le correspondió al pueblo echarlos a la basura de la historia como han quedado hasta ahora. En ninguna parte (de la ley) aparece la inaplicación de la Constitución», fustiga.

 El también constituyente en 1999 admitió que en la propuesta presentada por el gobernante se eliminó de la disposición transitoria segunda la frase que alude a la suspensión de normas y se sustituyó.

 «Nadie se negó a escuchar opiniones criticas, hubo disposición a mejorar, lo que no aceptamos es ese memorial de agravio grosero contra el presidente y las instituciones de Venezuela», dice.

 En la disposición transitoria segunda, según texto divulgado por el escritor Luis Brito García, ligado al chavismo, se lee: “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional […]». Esta redacción no aparece en el texto final.

Niegan privatización de Pdvsa

 Escarrá también niega que la Ley Antibloqueo contemple la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o deje la puerta abierta para dicha medida. Casi juró que el artículo 303 de la Carta Magna sobre la reserva al Estado venezolano de la totalidad de las acciones del holding, será respetado. 

 «Los exquisitos dicen que se va a privatizar Pdvsa y otras empresas del estado, la única forma de entregar a Pdvsa es un golpe de Estado contra nosotros mismos», exclamó. Para luego advertir que se respetan las normas constitucionales, pero hay que recordar que Venezuela «está en guerra».

 «Estamos en guerra, si no somos audaces, nos lleva el río» agrega Cabello.

 La discusión del articulado de la ley que contiene 44 artículos, distribuidos en tres capítulos, dos disposiciones transitorias y una final, comenzó a las 4:00 p. m y a las 6:17 p. m. quedó aprobada.

 Escarrá señaló que la reserva al Estado de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, aparte de la actividad petrolera, del artículo 302 constitucional, igualmente se acatará en la aplicación del texto jurídico.

 El constituyente Jesús Farías se quejó durante su intervención que la Unión Europea aprobó recientemente 700 mil millones de dólares para auxiliar a las naciones afectadas por la pandemia y a Venezuela no le toca ni un dólar.

 «Estamos excluidos, no podemos adquirir créditos para el desarrollo de la nación, empresas públicas ni privadas» alerta.

 Subraya que con «flexibilidad» e «inteligencia» el Ejecutivo debe tomar medidas para reactivar la economía, para lo cual convocará a todos los sectores e inversionistas, a los que recalca, hay que proteger.

 «No vamos a entregar el poder, pero si no hacemos esto está en peligro el ejercicio del poder, por eso la pertinencia de la ley está clara», afirma.