Rechazo a la represión. La Asamblea Nacional (AN) condenó este martes 26 de mayo la detención de personas en todo el país durante las protestas que han exigido mejores servicios públicos como agua, electricidad y gasolina. La plenaria exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata y el cese a la violación de los derechos humanos.
El Parlamento aprobó cuatro acuerdos en total. Además del respaldo del derecho a la manifestación y el respeto de los DD. HH. de los encarcelados, se incluyó un acuerdo en rechazo al cierre de la operadora de TV satelital Directv de Venezuela, otro contra la arremetida contra el partido Voluntad Popular (VP) y el cuarto en apoyo a la Conferencia Internacional de Donantes.
El presidente interino y de la AN, Juan Guaidó, alertó sobre la mayor cantidad de aprehensiones en el occidente del país, en estados como Táchira y Mérida. Los diputados de Lara hicieron especial énfasis en la detención arbitraria de más de 40 personas en la entidad en lo que va de mayo solo por protestar. Denunciaron la “saña” con la que actuaron los jueces de los casos al dictar privativa de libertad contra personas con discapacidades, condiciones preexistentes de salud y menores de edad.
“En Lara hay 12 horas de racionamiento diario de luz, no hay gas doméstico, gasolina, y tienen dos semanas sin agua. Ello ha provocado protestas del pueblo larense y la respuesta del gobierno regional es la represión y medidas como un estado de sitio para prohibir la libre circulación de personas. Son más de 40 detenciones”, alertó el diputado Alfonso Marquina.
Indicó que en la urbanización Sucre en Barquisimeto fueron capturados cinco vecinos por cacerolear el 20 de mayo. También están encarceladas siete personas de Carora y 13 de El Tocuyo, entre otros municipios de la región larense. Los parlamentarios denunciaron que cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional (GN), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizan las detenciones.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró 716 manifestaciones abril por falta de servicios públicos, alimentos, gasolina, entre otras necesidades.
Solo por tocar cacerolas
Marquina fustigó que los apresados fueron trasladados a tribunales Barquisimeto para imputarles delitos mayores como asociación para delinquir, posesión de objetos incendiarios, entre otros, y la única acción fue cacerolear. Acusó a la jueza séptima de control, Ana Tovar de atender “órdenes superiores” para dictar privativa de libertad, pese a que antes de recibir una llamada en plena audiencia dijo que otorgaría libertad condicional a siete personas.
“Uno de los detenidos sufre de escoliosis severa, Humberto Carreño; tiene 26 tornillos en su columna y fue operado, y Luis Pérez, un joven con síndrome de Down, que lo que hizo fue ponerse a llorar. ¿Qué peligro puede representar para la dictadura? Exigimos la libertad inmediata de los detenidos en protestas y denunciamos al mundo entero la calaña de quienes usurpan el poder”, exclamó el legislador de Primero Justicia.
El diputado Ángel Torres destacó la detención del médico Carlos Araya por parte de la Dgcim solo por compartir estados de Whatsapp relacionados con la pandemia por COVID-19, pero se le imputaron delitos contemplados en la Ley contra el Odio. Acusó al Miraflores de incurrir en terrorismo judicial propio de “régimenes terroristas para amedrentar a la población”.
La legisladora Ana Salas acotó que el joven Giovanni Mesa, de la urbanización Sucre, sufrió convulsiones en plena audiencia y fue trasladado al hospital de Barquisimeto, pero por las condiciones de ese centro de salud fue llevado a una clínica privada donde le detectaron costillas rotas.
“Es un patrón de violación de DD. HH., persecución política, no se respeta el derecho al debido proceso, la prohibición de tortura, existe hostigamiento contra quienes se atreven a protestar”, agregó la integrante de la Asamblea Nacional.
El debate del punto culminó con la aprobación de un acuerdo en el que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida de protección a favor de la urbanización Sucre en Barquisimeto. Esto, dada la arremetida constante de los cuerpos de seguridad desde 2017, cada vez que sus habitantes ejercen su derecho a la manifestación. También se instó al Sistema Interamericano a exigir al régimen el respeto a los DD. HH.
Acuerdo en apoyo a VP
El acuerdo de la Asamblea Nacional en rechazo a la persecución contra VP y el respaldo a sus dirigentes, incluyó la solidaridad contra otras organizaciones políticas que también han sido hostigadas por el gobierno chavista. La plenaria exhortó a la comunidad internacional para que se profundicen investigaciones pendientes sobre presuntos vínculos entre funcionarios del régimen y organizaciones terroristas como Hezbolá, la Guardia Revolucionaria iraní, el ELN y las FARC, entre otros.
Este lunes, el fiscal solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinar si VP es una organización terrorista. En razón de ello si aplican sanciones civiles, penales y administrativas, incluyendo su disolución como partido político.
“La intención de la dictadura es aterrorizar a partidos políticos y al pueblo. La dictadura sabe el peso que tienen los partidos políticos en la lucha por la democracia, por eso el terror es de los dictadores cuando el pueblo se organiza”, dijo Guaidó.
La diputada Delsa Solórzano expresó que además de la solidaridad de las toldas que hacen vida en la unidad y en la AN, se pone a disposición de VP el equipo de abogados en caso de que requieran defensa judicial en medio de la arremetida de Miraflores y su bufete. “El pueblo venezolano tiene claro quiénes son los verdaderos terroristas que amedrentan a una población que sufre de penurias”, sostuvo.
Desde la bancada de AD se recordó la inhabilitación de dirigentes y partidos tras las “elecciones fraudulentas del 20 mayo”, por negarse a participar y acudir a la validación de firmas impuesta por el Poder Electoral, entre ellos VP.
“Señores del régimen, terrorismo es lo que ustedes ejercen contra el pueblo al tenerlo sin luz, sin agua, sin gasolina, es armar a grupos irregulares para lanzarlos a la gente que protesta. VP no está solo”, advirtió la legisladora adeca Dennis Fernández.
El parlamentario Armando Armas, aseguró que el ataque a VP es usado como una excusa para dividir a la oposición entre radicales y moderados, para señalar a los primeros de terroristas.
“Nadie puede negar el ensañamiento contra dirigentes de VP como Leopoldo López, Freddy Guevara e Ismael León. No dejaremos de trabajar por el cambio político y la liberación de los presos”, expresó.
Salida de Directv
La plenaria de la Asamblea Nacional también se pronunció sobre la salida de la empresa Directv de Venezuela y responsabilizó al gobierno de Maduro por la decisión. Los parlamentarios acusaron al mandatario de preferir la partida de la operadora en lugar de aceptar la salida de dos canales de televisión investigados internacionalmente por corrupción.
“Directv se vio obligada a cerrar por presiones del régimen, es el único responsable de que más de seis millones de venezolanos se quedaran sin un medio recreación en medio de la pandemia, violando el derecho a la información, a la recreación y dejando sin empleo a más de 600 trabajadores”, recriminó la diputada Amalia Belisario.
Guaidó cerró el debate de la Asamblea Nacional en este punto para afirmar que la intención del poder político es aislar más a la población con el cierre de medios de comunicación, entre ellos radios, persecución y detención de periodistas, así como la salida del aire a canales internacionales y de Directv. “La intención de la dictadura es ejercer control comunicacional, controlar lo que los ciudadanos ven. Trabajaremos intensamente por la restitución de la señal”, prometió
Conferencia Internacional de Donantes
La Conferencia Internacional de Donantes también fue objeto de debate en la AN y se aprobó un acuerdo en agradecimiento a la iniciativa de solidaridad con migrantes y refugiados venezolanos.
El diputado Carlos Valero subrayó que producto de la pandemia y de verse obligados a regresar al quedarse sin trabajo, la situación de miles de venezolanos es precaria. En similares circunstancias están muchos de quienes permanecen en los países de acogida. La diputada Dianela Parra alertó que entre los retornados hay personas con VIH y cáncer que migraron para garantizarse el tratamiento y la atención médica, además de Covid-19.
Guaidó acotó que según cifras de la UE, más de 600 millones de euros serán destinados a atender crisis migratoria y serán dirigidos a los países receptores de migrantes venezolanos como Perú, Chile y Colombia. “No es equivalente a lo destinado a la crisis migratoria de Siria pero es un buen aporte”, admitió.
El titular de la Asamblea Nacional convocó a sesión para este jueves 28 de mayo. También pidió estar atentos a nuevas informaciones que surgirán acerca de la infiltración del régimen de Maduro en la llamada operación Gedeón en Colombia. “Un testaferro de la dictadura pagó la operación, ya se conocen los detalles”, aseguró.