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«Pasar de la alcahuetería a la verdadera Contraloría” es ese uno de los principales propósitos que persigue el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sancionado en segunda discusión por el Parlamento en la sesión de este martes 19 de julio.

Pese a las acusaciones del partido oficialista, que insistió durante todo el debate en que la Asamblea Nacional “no tiene iniciativa política” para debatir la reforma de este Proyecto de Ley, se aprobaron 19 modificaciones, entre reformas de artículos, supresiones y la inclusión de otras disposiciones.

Artículo por artículo fue revisada esta Reforma de Ley, a lo que el diputado oficialista, Francisco Torrealba, calificó como una «pérdida de tiempo», debido a que «les guste o no, esta ley no será aprobada por ser inconstitucional«, dijo el parlamentario desde su curul.

Por su parte, el diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, presentó el proyecto que asegura acabará con la alcahuetearía a la corrupción del Gobierno en ejercicio y promete «meter en cintura» al organismo contralor.  También, su colega Robert Alcalá señaló que con dicha ley «se rescata la institucionalidad de la Contraloría para que no se pierdan los «reales» de los venezolanos».

En referencia a la propuesta de Reforma, Guevara explicó que abarca cuatro aspectos fundamentales dentro de la administración pública: nepotismo, rendición de cuentas, inhabilitaciones políticas y fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal.

“A partir de esta reforma, se acabó el bochinche de meter aquí a la tía, a la prima, a la mamá”, agregó el diputado por Voluntad Popular.

Las modificaciones de la redacción del artículo 105 generaron polémica durante el debate, ya que establece que “en ningún caso el Contralor o Contralora General de la República podrá acordar la inhabilitación para el ejercicio de cargos de elección popular, ni para su postulación o elección”.

Guevara también explicó que se agregaron nuevas responsabilidades al Contralor de la República sobre su función en las averiguaciones de desfalcos y manejo de recursos públicos; pues es inaceptable que en estos 17 años, la Contraloría omitiera las investigaciones a casos como «Pudreval«, Cadivi o Pdvsa para señalar casos de menos relevancia, afirmó.

En ese sentido, el parlamentario manifestó: “Será un obligación de la Contraloría priorizar las investigaciones de acuerdo a la cantidad de dinero malversado. La prioridad deben ser Pdvsa y Fonden, por ejemplo”, acotó.

“Esta ley está viciada de inconstitucionalidad. Luego el TSJ la declara inconstitucional y dicen que el ente sirve como brazo judicial al partido de Gobierno”, expresó el diputado chavista Pedro Carreño.

La bancada oficialista además advirtió que luego de que esta ley fuese sancionada por la oposición, solicitará al Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie acerca su inconstitucionalidad. Pues, en palabras del mismo Carreño, el Parlamento no tiene facultad para sancionar leyes del Poder Ciudadano.

“Con la entrada en vigencia de esta ley, quedan en libertad todos los corruptos de la derecha”, sentenció el diputado del partido oficialista Torrealba.