El próximo 16 de abril vence el plazo que dio el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para que el Estado venezolano informe si adelanta investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
La aparición del funcionario ante las cámaras del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) confirmó su segunda visita al país, este jueves 31 de marzo.
Khan ya determinó que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron estos crímenes durante el mandato de Nicolás Maduro. Ahora tiene que evaluar la información que aporten las autoridades venezolanas para determinar si los órganos de justicia garantizan reparación a las víctimas en el país.
De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Roma, que norma la actuación de la Corte, el fiscal se inhibirá de su competencia si el Estado demuestra que está investigando a las personas bajo su jurisdicción que son señaladas de violar sistemáticamente derechos humanos.
«El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo», reza el Estatuto.
Pero el mismo artículo establece que la fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorice la investigación si considera que no se llevan a cabo juicios auténticos en contra de los presuntos responsables.
Sin justicia
La abogada, experta en derecho internacional público, y miembro del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Sara Fernández, opina que los avances que exhibe el Poder Legislativo, de mayoría chavista, “no implican un avance realmente”.
Esto se debe a dos razones fundamentales: las investigaciones sobre los casos en los que se cometieron crímenes de lesa humanidad no se extienden a la cadena de mando, que es tan responsable como los autores materiales de los hechos.
El otro motivo es que estos casos son sancionados como delitos menos graves y no como crímenes de lesa humanidad, expone la experta.
Laura Louza, abogada y directora de Acceso a la Justicia, menciona un ejemplo de esto: Los custodios que fueron señalados de ser los supuestos responsables de la muerte del político opositor Fernando Albán actualmente están libres, luego de cumplir apenas dos años de cárcel.
La Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas también advirtió que la denominada “revolución judicial” que lleva adelante el gobierno de Maduro “es insuficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Las pruebas que ha recabado esta misión pueden servir de sustento al fiscal. Así ha ocurrido en investigaciones que se han abierto en Myanmar, Darfur, Libia, Costa de Marfil, República Centroafricana II y Guinea.
La abogada Fernández espera que el fiscal haga público los parámetros de su investigación: los casos específicos, los delitos y el marco temporal que está considerando, pues, aunque se conoce que evalúa las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas desde 2017, los detalles aún siguen sin hacerse públicos.
Expectativas sobre la visita
“Lo que esperamos de su visita es que, en virtud no solo de la obligación de cooperación que tiene el Estado venezolano sino también del memorándum de entendimiento que firmaron, el fiscal solicite información sobre avances significativos en casos en los que se haya cometido crímenes de lesa humanidad”, expresa Fernández.
En su primera visita al país, Khan firmó un memorándum de entendimiento con Maduro que contempla la reinstitucionalización del Poder Judicial. Desde entonces, la AN oficialista ha hecho un conjunto de reformas legales e inició el proceso de designación de nuevos magistrados y magistradas.
“No existe ningún recurso que permita al Estado venezolano parar la investigación”, subraya la especialista.
El artículo 18 del Estatuto de Roma obliga al Estado a investigar los crímenes y, de no hacerlo, la investigación será conducida por la CPI. En cualquiera de los dos escenarios, se debe investigar lo ocurrido.
Debe profundizar casos
El abogado Alí Daniels, también director de Acceso a la Justicia, resume sus expectativas sobre la visita: “En la fase de investigación, la misión del fiscal es profundizar en los casos particulares, esperamos que esto ocurra y se reúna con las organizaciones y víctimas vinculadas con estos casos. La otra expectativa es que se informe con detalle qué es lo que está haciendo el fiscal”.
La abogada Laura Louza agrega que un escenario esperado es que el Estado venezolano siga intentando recursos para retrasar la investigación en la CPI.
Un antecedente de esto fue la solicitud de “control judicial” que hizo el fiscal Tarek William Saab y que impidió que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunciara las conclusiones del examen preliminar sobre Venezuela antes de que se terminara su periodo.
“En Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, no ha cambiado el patrón”, concluye Louza.