El estado venezolano tendrá tres meses para informar a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) si investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país y si ha iniciado juicios auténticos contra los máximos responsables señalados.
La prórroga concedida a las autoridades venezolanas vence el próximo 16 de abril.
El documento titulado Notificación Sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I, de fecha 17 de enero de 2022, señala que el fiscal Karim Khan acordó dar tres meses y no un mes, como establece el Estatuto de Roma, tras considerar circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 y el receso del tribunal.
También revela que el fiscal y representantes del alto gobierno venezolano buscaron concertar una reunión presencial, en la sede de la CPI, en diciembre de 2021, pero “debido a una coyuntura” la reunión no pudo llevarse a cabo como estaba previsto.
El documento confirma que Khan viajará nuevamente a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta prórroga también está justificada para dar tiempo suficiente, a la luz de los cronogramas, que el fiscal viaje a Venezuela antes del vencimiento del plazo y, según previsto en diciembre de 2021, entablar un diálogo significativo con el gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y necesidad de recurrir a posibles procedimientos del artículo 18 (del Estatuto de Roma)”, señala el texto.
El artículo 18 del Estatuto de Roma establece que el Estado que es objeto de la investigación, en este caso Venezuela, puede pedirle al fiscal que se inhiba de su competencia, pero esto solo procede si Venezuela demuestra que garantiza justicia a las víctimas.
El fiscal de la CPI decidió cerrar el examen preliminar sobre Venezuela el pasado 3 de noviembre de 2021, ese mismo día informó que iniciaría la fase de investigación formal por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mandato de Maduro.
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El documento titulado Notificación Sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I, de fecha 17 de enero de 2022, señala que el fiscal Karim Khan acordó dar tres meses y no un mes, como establece el Estatuto de Roma, tras considerar circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 y el receso del tribunal.
También revela que el fiscal y representantes del alto gobierno venezolano buscaron concertar una reunión presencial, en la sede de la CPI, en diciembre de 2021, pero “debido a una coyuntura” la reunión no pudo llevarse a cabo como estaba previsto.
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“Esta prórroga también está justificada para dar tiempo suficiente, a la luz de los cronogramas, que el fiscal viaje a Venezuela antes del vencimiento del plazo y, según previsto en diciembre de 2021, entablar un diálogo significativo con el gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y necesidad de recurrir a posibles procedimientos del artículo 18 (del Estatuto de Roma)”, señala el texto.
El artículo 18 del Estatuto de Roma establece que el Estado que es objeto de la investigación, en este caso Venezuela, puede pedirle al fiscal que se inhiba de su competencia, pero esto solo procede si Venezuela demuestra que garantiza justicia a las víctimas.
El fiscal de la CPI decidió cerrar el examen preliminar sobre Venezuela el pasado 3 de noviembre de 2021, ese mismo día informó que iniciaría la fase de investigación formal por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mandato de Maduro.