¿Qué ha cambiado en Venezuela desde la visita del fiscal de la CPI?

POLÍTICA · 31 MARZO, 2022 11:44

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Ibis Leon | @ibisL


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La denominada “reforma judicial” fue la consecuencia más visible de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela.

Para demostrar que cumplen el memorándum de entendimiento suscrito con la CPI, el 3 de noviembre de 2021, el gobierno chavista reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y anunció la designación de nuevos magistrados y magistradas.

El memorándum de entendimiento contempla la reinstitucionalización del TSJ.

A pocas semanas de que el fiscal llegara al país, los tribunales procesaron a los autores materiales de los asesinatos del deportista Juan Pablo Pernalete, cometido el 26 de abril de 2017, y del estudiante David Vallenilla, el 22 de junio de 2017.

La CPI investiga concretamente la sistemática violación de derechos humanos ocurridas, entre abril y julio de 2017, durante las manifestaciones masivas antigubernamentales que se registraron en todo el país y los casos de Pernalete y Vallenilla son emblemáticos.

Pero si el fiscal lo considera puede incluir otros casos como las muertes del político opositor Fernando Albán y del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo ocurridas bajo custodia del Estado. Aún no hay información pública sobre los casos específicos que investiga Khan.

El fiscal de la instancia internacional considera que hay fundamentos para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Es la primera vez que crímenes cometidos en el continente americano son sometidos a una investigación formal de la CPI”, destacó, en su momento, el abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 124 manifestantes murieron y más de 5.000 fueron detenidos en las protestas de 2017.

Un “paquetazo” legislativo

El gobierno de Nicolás Maduro adelantó otras acciones meses antes de la llegada de Khan al país: decretó la reestructuración de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), responsable de ejecuciones extrajudiciales, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

También aceleró la aprobación de cinco leyes relacionadas con el sistema de justicia desde la Asamblea Nacional de mayoría chavista:

  • Reforma de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica Penal y Criminalística.
  • Reforma del Código Orgánica de Justicia Militar.
  • Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
  • Reforma del Código Orgánico Penitenciario.
  • Reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

Pero ¿estos cambios se traducen en justicia y reparación de las víctimas en el país? Esto es lo que tiene que demostrar el Estado venezolano para eludir las competencias de la CPI.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la reforma de justicia y la reestructuración de la Policía “son pasos prometedores” que pueden conducir a una “transformación institucional significativa”.

No obstante, advirtió que todavía “falta mucho por hacer” para que los venezolanos puedan disfrutar de sus garantías fundamentales y para castigar a quienes se las han violado.

¿Un TSJ independiente?

La misión de determinación de los hechos de la ONU, encabezada por la abogada Marta Valiñas, advirtió que la llamada reforma judicial “es insuficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial”.

La misión concluyó que los jueces y fiscales son presionados por el gobierno de Nicolás Maduro para que actúen a conveniencia.

“Casi la mitad de las y los exjueces y exfiscales entrevistados, así como muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela por temor a su seguridad”, señala el informe de la misión.

Valiñas adelantó que ampliarán las investigaciones “sobre las responsabilidades más altas de la cadena de mando” y presentarán conclusiones sobre este elemento en el Consejo de DDHH en septiembre de 2022.

Adicionalmente, expresó su preocupación porque la reforma de la Ley Orgánica del TSJ permite a los magistrados repetir en sus cargos aún vencido el plazo de 12 años que establece la Constitución.

La misión de determinación de los hechos es relevante porque las pruebas que han recabado pueden servir al fiscal de la CPI. Esto ha ocurrido así en casos talos como en Myanmar, Darfur, Libia, Costa de Marfil, República Centroafricana II y Guinea.

En las investigaciones que se abrieron en estos países, la Fiscalía utilizó información proveniente de misiones de determinación de hechos o comisiones de investigación creadas por Naciones Unidas.

El Centro de Justicia y Paz y Acceso a la Justicia han sido críticos del proceso del proceso de renovación del TSJ pues alertan sobre irregularidades en la admisión de las postulaciones.

Entre las irregularidades documentadas por Acceso a la Justicia destacan: las postulaciones de los magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza y Malaquías Gil, cuyos periodos expiran en diciembre de 2022, pero ahora intentan repetir por otra docena de años más en el máximo tribunal, violando la Constitución.

También destacan la postulación del exfiscal Gilberto Landaeta, quien integró el equipo que investigó el asesinato del fiscal Danilo Anderson y su actuación “fue muy cuestionada y se le removió luego de un incidente con la Policía del estado Vargas, del cual terminó siendo sobreseído en 2009”, según denuncia la asociación civil.

“Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No obstante, en el proceso participa el Foro Cívico, una plataforma de organizaciones diversas de la sociedad civil, que intenta influir para que el nuevo TSJ sea más equilibrado.

La AN aplazó los nombramientos por “falta de consenso”, pero se espera que este jueves 31 de marzo decidan la nueva configuración que tendrá este poder público.

¿Y los autores intelectuales?

Otro cuestionamiento que hacen las organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas Provea, es que la Fiscalía procesa y los tribunales juzgan solo a los autores materiales más no a los máximos responsables de las cadenas de mando.

El abogado Marino Alvarado ha señalado que, desde la perspectiva de derechos humanos, “no solamente se investiga al ejecutor directo del crimen sino a quien o quienes están detrás de ese crimen y son responsables por acción u omisión”.

En el caso de David Vallenilla y Juan Pablo Pernalete, las sanciones no alcanzan a la cadena de mando, solo a los funcionarios que accionaron sus armas en contra de los jóvenes.

Las órdenes y contraórdenes en el sistema de justicia se expresan en las contradicciones que se hacen públicas, como la absolución del guardia nacional responsable de la muerte de Vallenilla. Esta decisión luego fue revocada y el funcionario fue sancionado con 23 años de cárcel.

Código de justicia militar

En cuanto a la reforma del Código de Justicia Militar, la ONG Control Ciudadano sentenció que es “una burla al país” y “un maquillaje”.

Nos dicen que desde ahora los civiles no serán juzgados por tribunales militares, cuando eso ya estaba garantizado en la Constitución de 1999”, señaló la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel.

La ONG cuestiona que, debido al “apuro” en la aprobación de la ley, no se reformaron otros artículos que aluden a la aplicación de la justicia militar a civiles.

Un ejemplo de esto es el artículo 43 que habla de “los consejos de guerra seguirán conociendo de todas las causas que se sigan a civiles sometidos a la jurisdicción militar”.

AN homogénea

Un elemento adicional que es preciso considerar es la conformación de la Asamblea Nacional que adelanta esta reforma judicial. La característica más obvia es que se trata de un cuerpo que carece de pluralismo.

El chavismo domina casi en su totalidad al actual legislativo, como consecuencia de la no participación de la oposición en las pasadas elecciones. Los sectores que adversan a Nicolás Maduro denunciaron que las legislativas eran “írritas y fraudulentas”.

Esto significa que un único bando político diseña el nuevo sistema de justicia sin la participación de otros actores, incluyendo a las ONG especializadas y otros sectores de la sociedad civil.