Los presidentes de las Américas, más allá de sus diferencias ideológicas, parecen coincidir en poner en entredicho el papel que cumplen periodistas y medios de comunicación en la cobertura por la pandemia de COVID-19. En el otro lado, entidades de derechos humanos recuerdan el papel fundamental de la información, especialmente en épocas de crisis e incertidumbre como la que se vive en este 2020.
La organización Diálogo Interamericano y el experto Edison Lanza, actual relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prepararon el reporte COVID-19 y libertad de expresión en las Américas, que tiene tres ejes: el papel del periodismo y las presiones del poder, el acceso a la información pública en el actual contexto y las dinámicas de desinformación y sub-información relacionadas con la pandemia.
El informe, difundido este 31 de agosto en Washington, repasa el papel de mandatarios que haciendo frente a la pandemia desvían su foco para cuestionar o descalificar el trabajo informativo en sus respectivos países. En esta política han coincidido mandatarios que en términos ideológicos están en las antípodas, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Jair Bolsonaro, o los mandatarios centroamericanos Daniel Ortega y Alejandro Giammattei.
El reporte confirma por un lado la importancia que tiene el derecho a informar libremente, incluso en situaciones de crisis, tal como se ha establecido en documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y al mismo tiempo se hace eco de preocupaciones públicas que, por ejemplo, manifestó el alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
“La vulnerabilidad de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener al COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas”, sostuvo Bachelet.
Por su parte, el reporte traza a grandes rasgos esta situación: “utilizando como excusa la respuesta a la COVID-19, Estados en las Américas han usado leyes nuevas o ya existentes para criminalizar la libertad de expresión”.
En México, en el contexto de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la ética de la “prensa convencional”, tanto mexicana como internacional, por cuestionar la información oficial brindada por su gobierno en relación a la COVID-19.
Esto fue en mayo, en abril ya AMLO (el acrónimo del mandatario) había dicho que en su país no existía el periodismo profesional y atacó verbalmente a los diarios Reforma, El Universal, Milenio y Excélsior.
En la acera de enfrente, en términos ideológicos, Bolsonaro también tuvo una actuación tristemente destacada en ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación en Brasil. Sólo en el primer trimestre del año, cuando comenzaba a enfrentarse la pandemia en el gigante sudamericano, el mandatario realizó 32 ataques verbales hacia la prensa.
El clima de “constante acoso y abuso” llevó a que, hacia fines de mayo, varias de las principales organizaciones de noticias de Brasil dejaron de brindar información desde la parte exterior de la residencia presidencial, para ratificar su descontento con las posiciones públicas de Bolsonaro.
En el reporte se destaca el permanente pugilato que ha mantenido, desde Washington, el presidente Donald Trump con la prensa, en medio de duras semanas por la pandemia que ha afectado de forma significativa a Estados Unidos.
Entre los meses de marzo y mayo, Trump confrontó al menos a 8 periodistas durante sus conferencias de prensa diarias dedicadas a COVID-19. El presidente ha respondido de forma aireada o sencillamente ha dejado sin respuesta preguntas que le son incómodas y que se le han formulado en estos encuentros con la prensa en la Casa Blanca.
En Nicaragua, entretanto, el presidente Daniel Ortega acusó a los medios informativos de difundir noticias falsas sobre el ocultamiento de cifras de COVID-19 por parte de su gobierno. Según Ortega, existe en su país un “terrorismo desinformativo”, por parte del periodismo que le es crítico.
Sin embargo, el mandatario del continente que con mayor claridad ha expresado su rechazo al ejercicio del periodismo independiente durante la pandemia ha sido el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
“Desearía poner a la prensa en cuarentena, pero no puedo”, dijo de forma sincera el mandatario en marzo pasado, cuando fustigaba lo que calificaba de cobertura negativa sobre las políticas de su gobierno en respuesta a la pandemia.
El reporte de Diálogo Interamericano concluye con recomendaciones. Como ha sido frecuente en otras situaciones de crisis, en medio de la incertidumbre las sociedades necesitan más y mejor información.
“Los gobiernos tienen el deber de asegurar que el periodismo se desarrolle y cumpla con su rol esencial durante la pandemia, ya que proteger a la prensa es proteger el derecho de los ciudadanos a la información”, reza el documento al referirse al papel de las autoridades.
A fin de cuentas, lo que se busca es que los periodistas y medios de comunicación, así como los profesionales de la salud y expertos relevantes, puedan hablar e informar libremente acerca de la COVID-19, “incluyendo perspectivas críticas de las respuestas gubernamentales, sin miedo ni censura”.
Y este mandato va más allá de los signos ideológicos de quienes gobiernan.
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