OPINIÓN · 12 JULIO, 2017 18:43

La consulta del #16Jul ¿devuelve al ciudadano la ilusión de votar?

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Aimé Nogal M. | @anogal

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A pesar de la notable desorganización que ha sucedido a la decisión política de la Asamblea Nacional de convocar a una Consulta Popular el próximo 16 de julio , la intención de participar de quienes adversan al gobierno nacional será hará evidente el domingo.

Luego de más de 100 días de protesta, la estrategia de la coalición opositora, que se concentró en convocar marchas, se ha desgastado; ahora la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere una demostración de fuerza que pueda ser contabilizada, hace año y medio que no puede entregar un resultado electoral al país que sirva de carta principal para adelantar la agenda política que hasta ahora parece concentrada en un cambio de gobierno. Estrategia que no puede reprochársele tomando en cuenta que la función de esa organización es netamente electoral.

Contarse, incluso sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido una propuesta ampliamente debatida desde que la realización del referendo revocatorio se tambaleara el año pasado, sin embargo, había sido desestimada hasta ahora. En medio de una crisis de credibilidad generada por las contradicciones en el seno de la alianza opositora, y de las suspicacias alrededor del otorgamiento de la medida sustitutiva de cumplimiento de la pena a Leopoldo López, la MUD impulsa una actividad con mayor peso simbólico que práctico.
Sus convocantes se han concentrado con ahínco en explicar lo que no es la Consulta Popular y, a pesar de ello, la ciudadanía ha recuperado la ilusión de votar.

Creemos que la convocatoria a Consulta Popular, permite a la MUD retomar la agenda opinática que hasta hace dos semanas se encontraba liderada por dos grandes temas: Surgimiento del liderazgo proveniente de una escisión del chavismo, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Lastimosamente los resultados expresados en pérdidas humanas y materiales, venían registrando una merma de importancia en la agenda de la opinión pública, frente a la amenaza para el modo de vida republicano que subyace en la convocatoria a la ANC.

La oposición debe estar consciente de que no tiene el monopolio de las acciones de protesta. Si bien distribuye una agenda, el cumplimiento de ella no depende del liderazgo de los actores de la MUD, que por lo pronto parecen más concentrados en torno al debate de la línea de sucesión, que en diversificar las tácticas para obtener rédito político de cada decisión.

El Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ofrece con sencillez el catálogo de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”; en lo atinente al escenario político enumera sin ser taxativo: “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros”.

Nos atrevemos entonces a preguntarnos: ¿Por qué escoger el camino que implica la participación de una rama del Poder Público Nacional, esto es el CNE, cuyas competencias establecidas en el Artículo 293 cardinales 5 y 6 reservan a este órgano la realización de eventos electorales?

La propia Carta Magna ofrece de suyo, una opción que implica la mayor expresión de la participación protagónica, sin mayores formalismos que la reunión en asamblea de los ciudadanos, lo que hubiese por una parte, ahorrado la complejidad de organizar cualquier evento electoral y por la otra le hubiese elevado el costo al Gobierno o el TSJ, que por estos días son sinónimos, tentándolo a declarar que es ilegal reunirse públicamente para tomar decisiones de carácter vinculante.

¿Simplificar las preguntas? 

No parece viable que quienes han sostenido las banderas opositoras durante casi dos décadas, estén dispuestos a compartir el protagonismo en medio de la transición. Por ello, haber elaborado las preguntas de la Consulta Popular, sin lograr un acuerdo con el factor que ha venido a quebrar la polarización, y que es correa de transmisión entre los partidarios del fallecido Presidente Chávez y el descontento hacia el Presidente Nicolás Maduro, resulta poco alentador.

La coalición opositora MUD, aún parece dudar entre pactar o no con quienes también se oponen al actual gobierno, pero se resisten a diluirse en la foto del liderazgo que también tiene su cuota de responsabilidad en la crisis que transitamos.

La vocera de la semana ha sido la ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien con su habitual tono sarcástico ha sabido posicionar la imagen de lo que podría llamarse el movimiento “we will come back”, integrado por los autodenominados chavistas no maduristas, respaldando la iniciativa de la Consulta del 16 de julio, invitando -eso sí- a simplificar las preguntas. A esta casta sin burocracia no le impactará en su reputación la Consulta Popular del 16J, por el contrario cualquier expresión en contra de la Constituyente, logra adhesiones y simpatía, por el alto rechazo que tiene el llamado a la ANC.

La MUD logró recoger el sentir de la mayoría del país con respecto al rechazo de la instalación de la ANC, sin embargo parece perogrullada. pero no lo es, que la segunda pregunta de la Consulta termina poniendo en duda la vigencia del artículo 333 de la Constitución y la propia legitimidad de la Asamblea Nacional, al preguntarle al soberano si está de acuerdo con las decisiones que ella tome en el ejercicio de sus facultades y competencias:

2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

La tercera pregunta nuevamente pone en vilo la competencia otorgada al Poder Legislativo para conformar los Comités de Postulaciones Judicial y Electoral, al inquirir la opinión acerca de la renovación de las ramas del Poder Público tal como lo señala la Constitución, situación que se agrava tomando en cuenta que los propios diputados han afirmado que la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia habría de hacerse la próxima semana de acuerdo a lo señalado por el legislador Carlos Berrizbeitia.

3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

El último aparte de la tercera pregunta, genera numerosas dudas, incluso para quienes se encuentran en la acera de enfrente del actual gobierno. ¿Quiénes integrarían ese gobierno de unión nacional? ¿Cómo se escogería? ¿Cuál sería su legitimidad?, ¿Acaso se trata de un intento de poner en práctica la teoría de los gabinetes de sombra? Demasiadas inquietudes para ser despejadas en los días que median entre la convocatoria y la consulta.

La estrategia del adversario está cantada, y justamente porque aún tiene poder debe ser tomadas en consideración. El gobierno no necesita que se visibilice el descontento, por ello debe jugar cualquier movimiento que garantice que no habrá aglomeración de personas para expresar su opinión el próximo domingo en la consulta convocada por la MUD.

Si bien las demostraciones opositoras se han expandido, su visibilidad continúa siendo mayor en focos de agitación, razón por lo cual, aún pueden ser contenidas, pero una cola para votar no, la posibilidad de establecer comparaciones entre un evento electoral y el de la Constituyente no puede permitirse desde el poder.
Por ello es lógico que se apele tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Supremo de Justicia, para interferir con la realización del evento programado para este domingo. El gobierno necesita crear un estado psíquico nacional de inevitabilidad de sus victorias.

Para el Gobierno, que aún paga puertas adentro las señales contradictorias que se enviaron luego del otorgamiento del beneficio de casa por cárcel a Leopoldo López, la realización de cualquier acción de protesta colectiva, es un recordatorio de las fisuras que lentamente observamos desde el exterior.

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Luego de más de 100 días de protesta, la estrategia de la coalición opositora, que se concentró en convocar marchas, se ha desgastado; ahora la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere una demostración de fuerza que pueda ser contabilizada, hace año y medio que no puede entregar un resultado electoral al país que sirva de carta principal para adelantar la agenda política que hasta ahora parece concentrada en un cambio de gobierno. Estrategia que no puede reprochársele tomando en cuenta que la función de esa organización es netamente electoral.

Contarse, incluso sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido una propuesta ampliamente debatida desde que la realización del referendo revocatorio se tambaleara el año pasado, sin embargo, había sido desestimada hasta ahora. En medio de una crisis de credibilidad generada por las contradicciones en el seno de la alianza opositora, y de las suspicacias alrededor del otorgamiento de la medida sustitutiva de cumplimiento de la pena a Leopoldo López, la MUD impulsa una actividad con mayor peso simbólico que práctico.
Sus convocantes se han concentrado con ahínco en explicar lo que no es la Consulta Popular y, a pesar de ello, la ciudadanía ha recuperado la ilusión de votar.

Creemos que la convocatoria a Consulta Popular, permite a la MUD retomar la agenda opinática que hasta hace dos semanas se encontraba liderada por dos grandes temas: Surgimiento del liderazgo proveniente de una escisión del chavismo, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

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La oposición debe estar consciente de que no tiene el monopolio de las acciones de protesta. Si bien distribuye una agenda, el cumplimiento de ella no depende del liderazgo de los actores de la MUD, que por lo pronto parecen más concentrados en torno al debate de la línea de sucesión, que en diversificar las tácticas para obtener rédito político de cada decisión.

El Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ofrece con sencillez el catálogo de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”; en lo atinente al escenario político enumera sin ser taxativo: “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros”.

Nos atrevemos entonces a preguntarnos: ¿Por qué escoger el camino que implica la participación de una rama del Poder Público Nacional, esto es el CNE, cuyas competencias establecidas en el Artículo 293 cardinales 5 y 6 reservan a este órgano la realización de eventos electorales?

La propia Carta Magna ofrece de suyo, una opción que implica la mayor expresión de la participación protagónica, sin mayores formalismos que la reunión en asamblea de los ciudadanos, lo que hubiese por una parte, ahorrado la complejidad de organizar cualquier evento electoral y por la otra le hubiese elevado el costo al Gobierno o el TSJ, que por estos días son sinónimos, tentándolo a declarar que es ilegal reunirse públicamente para tomar decisiones de carácter vinculante.

¿Simplificar las preguntas? 

No parece viable que quienes han sostenido las banderas opositoras durante casi dos décadas, estén dispuestos a compartir el protagonismo en medio de la transición. Por ello, haber elaborado las preguntas de la Consulta Popular, sin lograr un acuerdo con el factor que ha venido a quebrar la polarización, y que es correa de transmisión entre los partidarios del fallecido Presidente Chávez y el descontento hacia el Presidente Nicolás Maduro, resulta poco alentador.

La coalición opositora MUD, aún parece dudar entre pactar o no con quienes también se oponen al actual gobierno, pero se resisten a diluirse en la foto del liderazgo que también tiene su cuota de responsabilidad en la crisis que transitamos.

La vocera de la semana ha sido la ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien con su habitual tono sarcástico ha sabido posicionar la imagen de lo que podría llamarse el movimiento “we will come back”, integrado por los autodenominados chavistas no maduristas, respaldando la iniciativa de la Consulta del 16 de julio, invitando -eso sí- a simplificar las preguntas. A esta casta sin burocracia no le impactará en su reputación la Consulta Popular del 16J, por el contrario cualquier expresión en contra de la Constituyente, logra adhesiones y simpatía, por el alto rechazo que tiene el llamado a la ANC.

La MUD logró recoger el sentir de la mayoría del país con respecto al rechazo de la instalación de la ANC, sin embargo parece perogrullada. pero no lo es, que la segunda pregunta de la Consulta termina poniendo en duda la vigencia del artículo 333 de la Constitución y la propia legitimidad de la Asamblea Nacional, al preguntarle al soberano si está de acuerdo con las decisiones que ella tome en el ejercicio de sus facultades y competencias:

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3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

El último aparte de la tercera pregunta, genera numerosas dudas, incluso para quienes se encuentran en la acera de enfrente del actual gobierno. ¿Quiénes integrarían ese gobierno de unión nacional? ¿Cómo se escogería? ¿Cuál sería su legitimidad?, ¿Acaso se trata de un intento de poner en práctica la teoría de los gabinetes de sombra? Demasiadas inquietudes para ser despejadas en los días que median entre la convocatoria y la consulta.

La estrategia del adversario está cantada, y justamente porque aún tiene poder debe ser tomadas en consideración. El gobierno no necesita que se visibilice el descontento, por ello debe jugar cualquier movimiento que garantice que no habrá aglomeración de personas para expresar su opinión el próximo domingo en la consulta convocada por la MUD.

Si bien las demostraciones opositoras se han expandido, su visibilidad continúa siendo mayor en focos de agitación, razón por lo cual, aún pueden ser contenidas, pero una cola para votar no, la posibilidad de establecer comparaciones entre un evento electoral y el de la Constituyente no puede permitirse desde el poder.
Por ello es lógico que se apele tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Supremo de Justicia, para interferir con la realización del evento programado para este domingo. El gobierno necesita crear un estado psíquico nacional de inevitabilidad de sus victorias.

Para el Gobierno, que aún paga puertas adentro las señales contradictorias que se enviaron luego del otorgamiento del beneficio de casa por cárcel a Leopoldo López, la realización de cualquier acción de protesta colectiva, es un recordatorio de las fisuras que lentamente observamos desde el exterior.

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