Quienes son miembros de la universidad (autónoma) en Venezuela se hallan actualmente en la más incómoda situación política que la historia contemporánea transcribe en su desarrollo.
En Venezuela, más que una crisis de ideología que la hay, ocurre una crisis de sociedad que afecta con devastadora impunidad los escenarios de mayor brillo. Ahí están, los que ocupa la universidad venezolana, especialmente, la universidad autónoma.
Aunque dicho problema lo ha podido superar en comparación a lo sucedido en otras instituciones. Sin embargo, el modelo seguido para irradiar la suficiente confianza que le ha permitido franquear los consabidos obstáculos, no ha sido la necesaria.
Realidades innegables
Pero en ese ámbito de crudas realidades, están ancladas las universidades autónomas, aferradas a criterios que comprometen su esperado desarrollo. Todo así, según el tamaño de los compromisos asumidos con base en la docencia impartida, la investigación practicada y la extensión aplicada.
No obstante, los recursos que han podido garantizar el funcionamiento de las mismas, son variables ante las cuales estas universidades no tienen algún control que permita su manejo con la autonomía que sus procesos exigen.
Sin duda, esta situación deviene en un proceso dramático para los universitarios entregados a ella. Repetidas veces sus realidades son forzadas, mediante severas intimidaciones por parte del régimen político, a alterar el sentido de autonomía con el solapado propósito de alcanzar los espacios que, a decir por las actuales tendencias, están vedados para intereses gubernamentales represivos y demagógicos.
A pesar de la intención político-gubernamental, declarada constitucionalmente según la cual el concepto de autonomía universitaria, es apuntado como principio y jerarquía (artículo 109 de la Constitución de la República).
Coyunturas retorcidas
Sin embargo, bajo los arreglos normativos de los cuales se vale el régimen para imponer sus improvisadas y calculadas medidas, siempre al margen del ordenamiento de las leyes tal como lo dispone la reconocida “pirámide de Kelsen”, se agravan y enrarecen las realidades.
Todo, motivado insanamente por la intervención grosera del Estado. Ello en colaboración por el partido de gobierno para así rematar las operaciones de transgresión incitadas por el régimen.
La dirección política que traza el régimen con sus imposiciones crudamente populistas, sectarias, resentidas y abusivas, llega a los extremos de formular medidas de gestión con la intención de ejercer su influencia al interior de la administración universitaria.
De esa manera, el régimen hace valer sus abusos. Ni siquiera se esfuerza por conceder mínimas libertades que permitan un modo híbrido de intervención. Ni siquiera con el huelgo necesario que al menos proporcione un espacio desde donde su propia gente pueda movilizar ideas y propuestas.
La intervención del régimen en el terreno universitario, ni siquiera parece la de un “profesor gruñón”, sino la del “policía de malos modales”, quien apoyado en su bravuconería obstaculiza la vida académica, administrativa y organizacional.
En consecuencia, la realidad que está moldeándose al interior de la universidad (autónoma), sigue un esquema vertical. El régimen se empeña en desfigurar el trazado libertario, replanteado por el esfuerzo democrático realizado a lo largo de casi 42 años en las postrimerías del siglo XX.
La pretensión gubernamental busca implantar un modelo dirigido a imponer un proceso de anarquía y confusión, aunque por ratos pareciera solaparse bajo un esbozo de “cuartel”. Pero también tiende a verse como un descabellado “negocio” que raya con el delito. Otras, un segmento de país invadido por fuerzas foráneas políticas y militares.
¿Qué le queda a la Universidad?
Entonces, ¿qué le queda a la universidad (autónoma) hacer entre tanto desafuero cargado de la impudicia característica de un régimen oprobioso? ¿Qué le queda a la universidad que no sea continuar resistiéndose al agobio que asfixia su autonomía?
En un ambiente de violencia, donde cualquier individuo por manifestar su pensamiento político, como bien permite la democracia, podría ser víctima del proceder déspota de un régimen hegemónico, sólo le restaría encomendarse al tino de la suerte. Aunque las realidades podrían exceptuar a alguno de ser confinado, maltratado o reducido respecto del derecho natural y político de exigir respeto a su dignidad y a su persona en nombre de los preceptos constitucionales (cosa difícil).
Es así que, hasta el más breve examen de la situación actual de Venezuela habla del desconcierto, desespero y fracaso que caracteriza la gestión gubernamental. Ni los universitarios como profesionales capacitados para coadyuvar al esclarecimiento de los problemas nacionales, gozan de la garantía necesaria o suficiente que evite la persecución, amenaza, difamación, acusación por odio o resentimiento. O el trato injusto traducido en violencia moral o física.
Al cierre
Considerar la Universidad, el pilar fundamental de ideas, proyectos y talentos que apuestan al crecimiento y desarrollo del país, justifica su “(…) misión rectora en la educación, la cultura y la ciencia”. Por lo cual, la vinculación profesores-estudiantes impulsa funciones a buscar la verdad, tanto como a afianzar valores de vida y para la deontología política, eso es POLÍTICA.
Y en el contexto en que dichas realidades se desarrollan, la Universidad deja ver su esencia democrática, de justicia social y solidaridad. En consecuencia, son las razones por las que en su discurrir académico, ella no puede vivir exenta de las libertades y derechos que resumen el comportamiento acertado de comprender las razones que avalan el construir del país. Y eso se llama edificar universidad.
Indiscutiblemente, eso significa toda justificación posible que exalte reconocer a la Universidad cual comunidad de intereses políticos, pero de una política en su acepción más insigne en la la política se escribe con mayúsculas. Por eso se tiene absoluta razón para argumentar la legítima determinación de hacer política en la Universidad.
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Del mismo autor: El gobierno de la Universidad