El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció «un aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos» en Venezuela, en una alerta que hicieron este martes 30 de abril desde Ginebra.
Señalaron que se trata de personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación «en asuntos de interés público», que afecta especialmente a «miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del Ejército».
Este grupo lo conforman Aua Baldé, quienes su presidenta; Gabriella Citroni como vicepresidenta; Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, que integran comités de expertos independientes en derechos humanos dentro de Naciones Unidas.
«Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, manifestaron las expertas.
Casos específicos en últimos meses
Esta denuncia se compagina con casos recientes como el de Rocío San Miguel, presa desde el 9 de febrero pasado; su expareja Alejandro González Canales, detenido en esa misma fecha; y más recientemente a la del activista social y periodista Carlos Julio Rojas, a quienes no les han permitido una defensa privada.
Lo mismo ocurrió en Portuguesa contra Ámbar Márquez, Víctor Castillo y Óscar Castañeda, dirigentes de Primero Justicia y Vente Venezuela los dos primeros, mientras que el último es «un simpatizante» del partido de María Corina Machado.
A ellos los presentaron este lunes 29 de abril en un tribunal de Acarigua, donde no tuvieron comunicación con sus familiares ni se les permitió designar abogados de su confianza como lo establece la Constitución de Venezuela de 1999, actualmente vigente.
«Privar a una persona de su libertad, seguida de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la coloca fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento», afirmó el Grupo de Trabajo.
En el caso de San Miguel la denuncia de su desaparición forzada por más de 100 horas la negó el fiscal general Tarek William Saab, designado por la Constituyente de 2017, quien incluso amenazó en una rueda de prensa que hablar de ese término podría constituir un delito.
Además, llevó a la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Venezuela, después de que desde la cuenta oficial del organismo se hablara de este concepto, que está tipificado como un delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma.
Desapariciones forzadas tienen efecto paralizador
Para las expertas independientes de la ONU este tipo de medidas «podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, en un escenario en el que Venezuela se prepara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Recordaron que la desaparición forzada no solo vulnera los derechos de la persona detenida sino también de sus familiares.
«En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias», dijeron.
También recordaron la obligación del Estado venezolano a garantizar el estado de derecho y le pidieron que erradique este tipo de prácticas, denunciadas en anterioridad por la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU.
«El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está en contacto con las autoridades al respecto y expresó al Gobierno su disponibilidad para brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares», añadieron.