La crisis humanitaria y compleja en Venezuela tendrá salida cuando el país recupere la institucionalidad, vuelva el diálogo social y todos los actores sociales y políticos se junten para tomar acciones.
Sobre este tema Oscar Murillo y Lissette González de Provea conversaron con la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, durante una nueva edición de Con la Luz.
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“Se perdió el diálogo sobre el tema salarial y es necesario e imprescindible. Cuando hablamos de diálogo no solo hablamos de Barbados, sino que necesitamos diálogo en temas de educación, de salud y en todos los espacios del país porque tenemos una crisis muy compleja, que ningún actor será capaz de llegar por sí solo a la solución”, precisó Lissette González durante la entrevista.
Para Murillo, la crisis venezolana tendrá salida cuando las instituciones vuelvan a ejercer su papel y retomen su papel de obedecer a los ciudadanos. El director de Provea advirtió que en los últimos 10 años se ha ampliado esa brecha que distancia entre el Estado y los ciudadanos.
Aumentan detenciones selectivas a medida que las masivas bajan
Los representantes de la ONG insistieron que aunque las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela han disminuido, se registra un incremento de las detenciones selectivas y dirigidas a actores representativos.
González explicó que estas detenciones selectivas van orientadas a inhibir protestas por temas específicos como el salario, la educación y la salud.
“También tenemos un aumento de la represión en estos últimos años que ha tenido una variación hacia una represión selectiva que ha migrado hasta el campo electoral al ser este año electoral”, añadió Murillo.
Para el comunicador la persecución contra las personas que denuncian las violaciones de derechos humanos y las arbitrariedades en el país no han cesado. “Cuando la gente reclama reciben como respuesta institucional la represión, el hostigamiento y la cárcel (…) Nosotros seguiremos alzando la voz contra las arbitrariedades”, insistió.
Pero no sólo Provea continúa alzando su voz y denunciando las violaciones a los derechos de la población civil. La doctora en Sociología también destacó que los familiares de los asesinados en las protestas —que suman más de 280 personas en 10 años— y los familiares de los asesinados durante operativos de seguridad —cuya cifra asciende a 10 mil muertes— también continúan denunciando las arbitrariedades.
“Los familiares de las víctimas siguen denunciando la impunidad de las muertes de sus familiares y cuentan cómo las personas responsables de estos asesinatos no solo siguen en el cuerpo policial sino que han sido ascendidas”, enfatizó.
Pero advirtió que mientras en el país falte imparcialidad dentro del sistema de justicia la impunidad continuará reinando.
El cierre del espacio cívico y la llegada de la oficina de la CPI a Caracas
Murillo también advirtió del cierre del espacio cívico y el riesgo que representa. Según el comunicador se están aprobando normativas que buscan cerrar la oportunidad para que las personas puedan buscar las soluciones que demanda la sociedad. “Vemos también cómo los niveles de censura han aumentado en el país”, añadió.
“La falta de respuesta, el incumplimiento y el empobrecimiento de la población terminan afectando los planes de vida de las personas, hablamos de millones de personas que han tenido que marchar del país porque han visto sus planes de vida truncados”, añadió.
Por su parte, González valoró positivamente la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas pero lamentó que el memorando de entendimiento firmado entre Caracas y la CPI no sea público.
“Pero la oficina es una oficina de cooperación técnica junto con el gobierno que estará centrada en dar apoyo para que el gobierno haga las investigaciones que sean necesarias”, sentenció.
