¿A quién le exijo? Pregunta con avidez una madre que ve como se llevan preso a su hijo. No ha cometido delito y la “autoridad” no lo explica. El desencadenamiento de esta historia puede ser diverso, desde la pernocta en una celda común hasta la muerte.

Hay cuerpos policiales que ejecutan una orden o producen ellos mismos la orden, pero también pueden ellos montar el delito y conseguir un sujeto que sea responsable de haberlo cometido. Eso pasa en el terreno más elemental de la vida, pero pasa, también, en la política, en la economía, en el poder de las estructuras de dominación, en los derechos laborales y sociales.

Estamos obligados a meter estos cuerpos y estos poderes en un “sistema legal”, pero este no existe, fue eliminado, fue subvertido por el poder del régimen. Eliminaron la República y con ella el Estado de derecho. Nos quedamos con el lenguaje. Un lenguaje vacío, sin referentes, sin lugar para la exigibilidad.

¿A quién exige la madre? A nadie. Puede vociferar, puede denunciar, sin que haya institución pública que escuche. Pudiera decir que hay que repensar el lenguaje, aunque lo más adecuado sería decir que hay que producir un lenguaje que diga en palabra e intención lo que este sistema busca y produce: el sometimiento, la eliminación y su perpetuidad.

Con propiedad podemos decir que en Venezuela no hay vulneración de derechos, hay aniquilación del Estado de derecho. No podemos actuar, del mismo modo, ante el incumplimiento de la ley que ante la negación o inexistencia de la protección. Para que haya vulneración primero tiene que haber reconocimiento del derecho, sin este la transgresión es casi imposible cobrarla. Tal inexistencia comporta un desafío tremendo, porque se trata de obligar al presunto transgresor a que se reconozca como tal.

El régimen ha ido desmantelando todo el sistema legal conocido hasta ahora, en su lugar ha impuesto otro, ellos lo llaman “constituyente en la calle” sin proceso refrendario, sin consulta, sólo se ejecuta por vía de facto y desmontan las leyes consensuadas en la Constitución. En eso ha venido consistiendo el establecimiento del Estado comunal: ruptura del pacto original.

En este sentido, debemos advertir que el lenguaje se convierte en una barrera, no podemos hablar de exigibilidad, ni vulneración, ni defensa de derechos, o por lo menos, no bajo el sentido que existe un Estado que nos ampara y garantiza lo que ha desmontado. Estamos en el punto en que debemos producir un sistema de práctica, lenguaje y legalidad que sustituya el que se viene imponiendo.

La naturaleza de las acciones ante la vulneración va en un sentido distinto cuando estamos frente a la inexistencia de un Estado de derecho, que cuando nos enfrentamos a un sistema que lo irrespeta, en esta última opción hay alternativas de defensa dada la separación de los poderes, en la primera no hay opción, la única vía es sustituir ese poder.

Ante esta situación el reto no es re-institucionalizar, se trata de desplazar la tiranía y volver a la República. No se puede exigir a un sistema opresor que ha eliminado el Estado de derecho que garantice derechos. No se dialoga con quien no escucha, se lucha por su dimisión.

Sólo con el restablecimiento del orden legal y la libertad amparada por la Constitución, podrá la madre de nuestra referencia exigir respeto a la vida de su hijo y al derecho a ser juzgado en libertad. La salida es radical, no podemos seguir comportándonos como si estuviéramos en una República.

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