Protesta en Miraflores termina en “burla oficial” a familiares de presos políticos

Este viernes 11 de septiembre, la movilización de familiares de detenidos por razones políticas hacia el Palacio de Miraflores culminó en un acto de revictimización institucional. 

La comisión designada para entregar un pliego de peticiones, conformada por las voceras del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) Andreína Baduel, Sairam Rivas e Hiowanka Ávila, fue recibida por personal no calificado que evadió el contacto directo y eludió la recepción de los expedientes.

“Nos engañaron porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y nos recibieron detrás de un vidrio por pocos minutos y, adicional, la persona que nos atendió ni siquiera tenía cortesía ni amabilidad”, dijo Ávila tras culminar la actividad. 

La protesta, enmarcada en la tercera parada de la “Ruta de las Respuestas Pendientes”, buscó visibilizar la opacidad del Estado frente a más de 400 detenidos y exigir la conformación de una mesa de trabajo que incluya al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, CNE, Defensoría del Pueblo y veeduría internacional. 

Andreina Baduel, representante del comité y hermana del prisionero Josnard Baduel, contrastó la bonanza de las recientes alianzas comerciales del gobierno interino con la precaria y violenta situación penitenciaria del país. “Mientras el país ve con estupor cientos de acuerdos de petróleo, los presos políticos están siendo torturados en las distintas cárceles del país”, agregó. 

Baduel recordó la situación de los presos políticos con patologías graves que se encuentran privados de libertad. “Son 37 presos políticos que pueden morir en la cárcel si no reciben atención médica”, recalcó. 

#Ahora Declaraciones de Andreína Baduel, este #11Sep pic.twitter.com/Vsf78Q9OiO

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 11, 2026

El comité también exigió la publicación oficial de las listas de personas excarceladas tras el anuncio de liberación de más de 1.000 ciudadanos, un número que las familias disputan al señalar que se trata de detenidos comunes y no de verdaderos presos de conciencia. “Ellos siguen jugando con el dolor de nuestros familiares y una prueba de ello es que todavía somos 400 familias”, finalizó Baduel. 

La presencia de los manifestantes en la sede del Ejecutivo generó una respuesta desproporcionada por parte de los organismos de seguridad del Estado, obligando a las víctimas a solicitar la presencia de la Defensoría del Pueblo para documentar el amedrentamiento policial. 

Procesos viciados y causas clandestinas

Los parientes que se acercaron a la protesta en el centro de Caracas aprovecharon para exponer las irregularidades que enfrentan a diario en los tribunales. La defensa del teniente coronel Igbert Marín Chaparro lidia con una segunda causa penal denominada “La Viñeta”, armada bajo la premisa de un presunto complot orquestado desde los calabozos de la Dgcim para supuestamente secuestrar a funcionarios del alto gobierno dentro de un tanque militar.

 Ignell Marín precisó que a su hermano buscan sumarle tres décadas de condena tras una audiencia a puerta cerrada celebrada en febrero. “Pretenden imputarle cargos como asociación para delinquir, conspiración, terrorismo y traición a la patria”, aseguró a Efecto Cocuyo.

Desde el estado Guárico, Milagro Claro se trasladó hasta Caracas este viernes para visibilizar el caso de su hijo, detenido el pasado 30 de abril sin tener ningún tipo de vinculación con el activismo político. 

El joven permaneció cuatro días en condición de desaparición forzada tras una irrupción de funcionarios del Conas en su vivienda del municipio José Tadeo Monagas, para luego ser trasladado a la PGV en San Juan de los Morros y recibir una condena de 15 años de prisión en un juicio que duró menos de tres meses. 

“Llegaron esos dos funcionarios, lo sacaron totalmente de la casa, lo golpearon, a la mujer también la dejaron horrible”, expuso la madre. 

Negligencia médica prolongada

A las trabas judiciales se suma la falta de atención sanitaria oportuna dentro de los recintos de reclusión. Rosa Amelia Suaje acudió a la capital para visibilizar el deterioro físico de Heriberto José Jiménez Suaje, detenido desde septiembre de 2023 y confinado en Yare 2, a la espera de traslados médicos urgentes. 

“Tiene todos sus molares en condiciones críticas y requiere dos intervenciones quirúrgicas. Aunque ya lograron hacerle algunas extracciones, ahora le detectaron hígado graso”, dijo.

Ante el silencio de las instituciones y la negativa a otorgar medidas humanitarias, el Clippve exhortó a la población a acompañar sus próximas movilizaciones de calle.