La semana pasada, la Fundación Centro Gumilla y la organización Provea, a través del proyecto Lupa por la Vida, el cual desarrollan de manera conjunta, presentaron un breve informe sobre las presuntas ejecuciones realizadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad en todo el país entre enero y junio de 2021.

En el informe se indica que 825 personas fueron asesinadas en los primeros seis meses del presente año. Ello equivale a 137 por mes. Una masacre.

De ese informe se desprende una serie de informaciones muy interesantes que es oportuno analizar.

El primer aspecto, es que al comparar la cantidad de presuntas ejecuciones del primer semestre 2021 con las del primer semestre 2020, hubo una reducción importante, puesto que 1611 personas fueron asesinadas en ese lapso del año pasado, lo cual significa una disminución de 48.6%. Sin duda hay que valorar como positiva esta reducción, pero las cifras siguen siendo muy altas e indica el irrespeto del derecho a la vida en los operativos denominados de seguridad.

Esta disminución de casos obedece al impacto que tuvo el informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos sobre Venezuela (MDH), creada por la ONU, la cual detalló la manera y consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales en el país. El documento fue presentado en septiembre de 2020.

A pesar de que el gobierno de Maduro se empeñó en desprestigiar el Informe, lo tomó en cuenta. Ordenó a sus fuerzas de seguridad a bajar la letalidad, especialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Según Lupa por la Vida, las Faes en el primer semestre de 2020 asesinaron a 417 personas, mientras que en el segundo de 2021 a 64. Este resultado evidencia que las ejecuciones son una política de Estado.

Cuando existe voluntad política para ordenar y controlar que policías y militares respeten la vida, se puede garantizar una actuación menos letal. No hay duda que son los altos mandos de las policías y de los componentes de la fuerza armada y funcionarios de la cúpula gubernamental, quienes ordenan matar más o matar menos. No es un asunto de funcionarios que individualmente deciden actuar de manera arbitraria.

Por ello, una investigación seria sobre las ejecuciones en el país debe incluir investigar y sancionar a quienes aprietan el gatillo y asesinan, pero también a quienes dan las órdenes o toleran tales crímenes. Esta lógica de actuación del disparen a matar involucra a muchos funcionarios con diversos grados de responsabilidad.

Los altos niveles de impunidad existentes, más el aliento que se da desde las altas esferas del poder, favorece los abusos que se perpetran principalmente en las zonas de familias pobres.

Las principales víctimas de la violencia policial y militar en el país son los hombres jóvenes pobres. Cuando los funcionarios ingresan a una zona popular todo joven ya es visto como un delincuente y contra ese grupo se desata todo tipo de arbitrariedad: detenciones, maltratos e incluso asesinato.

El segundo aspecto a resaltar del informe de Lupa por la Vida, es que mientras a nivel nacional bajaron las presuntas ejecuciones, en el estado Carabobo se incrementaron. Ello pudiera deberse a un apoyo desde la gobernación a la arbitrariedad en la actuación de la policía estadal, ya que se le responsabiliza de 75 presuntas ejecuciones realizadas en esa región. En el primer semestre de 2020 se le adjudicó 54.

Un tercer aspecto es la baja significativa de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los asesinatos. Mientras que en el primer semestre de 2020 la Fanb fue responsable de 222, en el primer semestre de 2021 son responsables de 97, la mayoría perpetrados por la Guardia Nacional Bolivariana.

Finalmente debemos indicar que, a pesar de la reducción de las ejecuciones de enero a junio de este año, preocupa la alta letalidad mostrada en la acción de las fuerzas de seguridad durante el mes de julio, sobre todo, en el Área Metropolitana de Caracas.

Pareciera que nuevamente la oferta de “mano dura” contra la delincuencia será parte de la campaña electoral de Maduro y su cúpula. Tal como ocurrió en el 2015, cuando se lanzaron los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), los cuales se usaron como estrategia electoral. Las OLP fracasaron y lo que dejaron fue un grueso expediente de graves violaciones a los derechos humanos.

La nueva oferta de mano dura será un nuevo fracaso y la población seguirá afectada por inadecuadas políticas de seguridad ciudadana.

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