Venezolano es condenado a más de 12 años de prisión en Florida por tráfico de drogas y armas

 Un ciudadano venezolano fue sentenciado este jueves a más de 12 años de prisión federal por tráfico de cocaína, posesión de armas de fuego en relación con el narcotráfico y por organizar una operación de metanfetamina mientras se encontraba en libertad bajo fianza.

Una nota del fiscal Jason Reding Quiñones señala que el acusado, identificado como Glen Sebastian Mendoza, traficó más de un kilogramo de cocaína estando armado con múltiples armas de fuego, entre ellas pistolas de fabricación privada sin número de serie. Tras su detención, continuó comercializando drogas desde el confinamiento domiciliario.

Durante el registro de su apartamento, agentes federales hallaron cocaína, tres armas de fuego, municiones, cargadores, balanzas y otros equipos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

A Venezuelan national has been sentenced to more than 12 years in federal prison for trafficking cocaine, possessing firearms in furtherance of drug trafficking, and arranging a methamphetamine deal while on bond. Even after arrest, he continued dealing drugs from home… pic.twitter.com/ObcaLE2uma

— US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) October 8, 2026

Reding Quiñones, fiscal del Distrito Sur de Florida, destacó la gravedad del caso: “Glen Sebastian Mendoza traficó más de un kilogramo de cocaína mientras estaba armado con múltiples armas de fuego, incluyendo pistolas de fabricación privada sin números de serie. Cuando los agentes federales registraron su apartamento, encontraron cocaína, tres armas de fuego, municiones, cargadores, balanzas y otros equipos de tráfico de drogas. Mendoza pasará ahora más de 12 años en prisión federal. Continuaremos trabajando con la DEA y nuestros socios locales para procesar de manera agresiva a los traficantes de drogas armados que ponen en peligro a nuestras comunidades del sur de Florida”.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida señaló que este caso demuestra que los traficantes armados que amenazan la seguridad de las comunidades serán identificados, procesados y retirados de las calles.

La investigación contó con la participación de la Drug Enforcement Administration (DEA) y autoridades locales.