El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago informó que 160 venezolanos que entraron al país fueron deportados este sábado, 28 de noviembre, en coordinación con las autoridades venezolanas.

“El ejercicio fue llevado a cabo de conformidad con las leyes de la República de Trinidad y Tobago y en cumplimiento de las políticas gubernamentales”, se explica en el comunicado.

A su vez, se detalló que la medida se hace en cumplimiento de la política del Gobierno y respetando las leyes de Trinidad y Tobago “para proteger a sus ciudadanos”.

El documento agregó que si bien el Gobierno reconoce que puede haber todo tipo de opiniones personales en torno a la “entrada ilegal” de personas a Trinidad y Tobago, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional y otras ramas del estado, seguirá aplicando la ley y haciendo todo lo posible para asegurar las fronteras y prevenir la entrada “ilegal” en Trinidad y Tobago.

A la espera de una decisión

Mientras tanto, un juez del Tribunal Superior bloqueó el sábado la deportación de otros 19 ciudadanos venezolanos, informó el medio local Trinidad y Tobago Newsday.

Dentro de dicho grupo que la justicia ha impedido que sean deportados, están algunos del conjunto de venezolanos que llegó la semana pasada entre ellos 16 niños, y habían sido inicialmente deportados, lo que levantó las críticas de la comunidad internacional. También se encuentran personas que entraron al país caribeño hace 60 días.

El pasado viernes, Trinidad y Tobago dijo que mantendrá una reunión virtual con el gobierno de Venezuela tras recibir una “nota diplomática” para celebrar la misma, en la que se prevé tratar el tema del grupo de al menos 26 venezolanos, entre ellos 16 niños, que buscan asilo en el país tras haber sido expulsados. La fecha está aún por determinar.

El Gobierno de Venezuela informó el pasado miércoles que invitó a Trinidad y Tobago a una reunión para revisar diferentes temas, entre ellos la “movilidad humana” que existe entre ambos países, una decisión que se da tres días después de que el Estado vecino deportara a 16 menores migrantes venezolanos, a los que nunca se refirió el Ejecutivo.