Dirigentes sindicales, políticos, defensores y activistas humanitarios exigieron desde las afueras de la sede principal del Ministerio Público que cese la represión y se les conceda la libertad a los presos políticos en Venezuela.
En un documento dirigido al fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los activistas manifestaron que seguirán reclamando los derechos humanos y que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La misiva fue entregada la mañana de este lunes 11 de julio, y en ella se denuncia la persecución sistemática, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas que se han agudizado en los últimos días por parte de funcionarios de seguridad del Estado contra dirigentes sindicales, políticos, defensores de derechos humanos y activistas humanitarios.
“Vemos y sentimos con gran preocupación que el cuerpo de fiscales de la República adscritos a su despacho están imputando, sin fundamentos ni pruebas, a nuestros compañeros luchadores sociales en los tribunales penales, llamando la atención que son estos principalmente tribunales para juzgar el terrorismo. Cómo abogado usted sabe, que defender derechos laborales y humanos, hacer actividad humanitaria o participar en partidos y ejercer los derechos civiles no constituyen delitos y jamás podrían entenderse como acciones terroristas”, se lee en el comunicado enviado a Saab.
Los dirigentes señalan que las detenciones y hostigamiento realizados desde el pasado 4 de julio, es una política sistemática y generalizada que forma parte de un ataque contra la población civil y se inscribe dentro de los crímenes de lesa humanidad. Manifestaron que los funcionarios miembros del Estado, que tengan conocimiento de las agresiones deben detenerlas ya que son inconstitucionales y vulneran las normas penales e internacionales.
“Tanto Nicolás Maduro como los que están a cargo de los ministerios de Defensa e Interior, así como del TSJ y cada uno de los tribunales que están judicializando y criminalizando a quienes exigen derechos en Venezuela”, reza el comunicado.
Ratificaron que seguirán movilizados exigiendo el cese de la represión, la libertad de los detenidos por motivos políticos y para lograr las respuestas que demandan los trabajadores de todos los sectores sociales que exigen respeto a sus garantías y derechos humanos.
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Dirigentes sindicales, políticos, defensores y activistas humanitarios exigieron desde las afueras de la sede principal del Ministerio Público que cese la represión y se les conceda la libertad a los presos políticos en Venezuela.
En un documento dirigido al fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los activistas manifestaron que seguirán reclamando los derechos humanos y que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La misiva fue entregada la mañana de este lunes 11 de julio, y en ella se denuncia la persecución sistemática, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas que se han agudizado en los últimos días por parte de funcionarios de seguridad del Estado contra dirigentes sindicales, políticos, defensores de derechos humanos y activistas humanitarios.
“Vemos y sentimos con gran preocupación que el cuerpo de fiscales de la República adscritos a su despacho están imputando, sin fundamentos ni pruebas, a nuestros compañeros luchadores sociales en los tribunales penales, llamando la atención que son estos principalmente tribunales para juzgar el terrorismo. Cómo abogado usted sabe, que defender derechos laborales y humanos, hacer actividad humanitaria o participar en partidos y ejercer los derechos civiles no constituyen delitos y jamás podrían entenderse como acciones terroristas”, se lee en el comunicado enviado a Saab.
Los dirigentes señalan que las detenciones y hostigamiento realizados desde el pasado 4 de julio, es una política sistemática y generalizada que forma parte de un ataque contra la población civil y se inscribe dentro de los crímenes de lesa humanidad. Manifestaron que los funcionarios miembros del Estado, que tengan conocimiento de las agresiones deben detenerlas ya que son inconstitucionales y vulneran las normas penales e internacionales.
“Tanto Nicolás Maduro como los que están a cargo de los ministerios de Defensa e Interior, así como del TSJ y cada uno de los tribunales que están judicializando y criminalizando a quienes exigen derechos en Venezuela”, reza el comunicado.
Ratificaron que seguirán movilizados exigiendo el cese de la represión, la libertad de los detenidos por motivos políticos y para lograr las respuestas que demandan los trabajadores de todos los sectores sociales que exigen respeto a sus garantías y derechos humanos.