Brenda Velázquez, presa política post 3 de enero torturada en El Helicoide

Brenda del Carmen Velázquez, de 34 años de edad, lleva casi nueve meses tras las rejas por reenviar un mensaje en su teléfono celular.  La mujer fue arrestada en enero, mes en el que las autoridades interinas del país promovieron un discurso público enfocado en el perdón, la reconciliación, y en el “nuevo momento político”. 

Brenda es madre de dos niños, uno de 4 años y otro de 10, y enfrenta acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, pero su proceso judicial se encuentra estancado, plagado de irregularidades y marcado por un trato cruel, inhumano y degradante que comenzó desde el mismo instante en el que la arrestaron. 

El calvario de Velázquez comenzó el 29 de enero de 2026, a las 8:30 de la mañana, a las afueras del centro comercial Concresa, en el municipio Baruta., Caracas. La mujer había salido a comprar pan y coordinaba por teléfono el desayuno de su hijo mayor cuando fue interceptada de forma violenta por efectivos de seguridad no identificados. 

“La agarran cinco hombres armados vestidos de negro con armas largas por el cabello, le arrancaron mechones de pelo, le dieron golpes en las costillas y le partieron la cabeza con una de las armas. Luego la  montaron en la camioneta, ella estaba toda llena de sangre”, detalló a Efecto Cocuyo un allegado a la familia, quien solicitó resguardar su identidad por temor a represalias.

 Al momento de su captura, a Brenda le pusieron una bolsa en la cabeza y la obligaron a mantener la cara entre las piernas para someterla durante un trayecto que se extendió por casi ocho horas. El motivo del interrogatorio se centraba en un texto sobre una “defensa de la democracia con armas”, un escrito que ella no redactó, sino que recibió y reenvió a sus contactos de WhatsApp. 

Durante esas horas iniciales y posteriormente en las instalaciones de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, las agresiones físicas continuaron. Las golpizas fueron ejecutadas de forma sistemática por un grupo de hombres y una mujer que lideraba la comisión oficial, según denunció la familia. 

Brenda, quien es ama de casa, también sufrió torturas mediante tácticas psicológicas que incluyeron amenazas directas contra la integridad de sus dos hijos. “La amenazaron con que se los llevarían y les arrancarían los dientes uno por uno”, relató la fuente sobre la coacción a la que fue sometida la víctima. 

A las torturas físicas y psicológicas que recibió Brenda durante los primeros días de detención se le sumó como forma de castigo el aislamiento y la desnudez. Los funcionarios le arrebataron la ropa y la mantuvieron sin vestimenta alguna en una celda diminuta, con la luz encendida permanentemente para impedirle conciliar el sueño y forzada a realizar sus necesidades fisiológicas en una bolsa.

Retraso procesal 

Durante la primera semana tras la detención, el paradero de Velázquez fue un absoluto misterio. Su entorno íntimo recorrió morgues, hospitales y comandos policiales temiendo el peor desenlace. La confirmación de su estado de sobrevivencia llegó mediante una incursión del Sebin en su residencia, donde los agentes, en lugar de brindar respuestas institucionales, detuvieron temporalmente a un familiar, lo despojaron de sus pertenencias, robaron sus ahorros y otros objetos de valor. 

De acuerdo con la fuente allegada a la familia, hasta este 16 de septiembre el proceso judicial permanece estancado porque el tribunal se niega constantemente a juramentar a la defensa privada bajo excusas burocráticas sobre el formato o los sellos en los documentos, lo que impide la realización de la audiencia preliminar. 

Este bloqueo institucional imposibilita incluso conocer la identidad del fiscal a cargo tras casi nueve meses de diferimientos. “No tenemos ningún tipo de papel ni acceso a expedientes, nada”, advirtió la fuente. 

Para esta familia la cotidianidad cambió drásticamente con la detención de Brenda. La fuente explicó que el hijo de 10 años asiste a terapias psicológicas para tratar alteraciones de conducta generadas por esta separación. 

“Pregunta mucho por su mamá, que cuándo sale, que por qué le hacen esto”. Mientras tanto, el menor de cuatro años requiere atenciones especiales. “No ha podido regresar al colegio y sobrelleva la situación bajo la idea de que ella está trabajando”, aseguró en entrevista telefónica la fuente.

Alarma médica tras las rejas

Aproximadamente dos meses después de su aprehensión, Brenda fue trasladada a La Crisálida, un anexo para privadas de libertad, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Antes de su reubicación, sufrió una última embestida física y psicológica en las celdas de El Helicoide, donde la despertaron de madrugada y la coaccionaron bajo golpes para firmar unos papeles de traslado a ciegas. 

La mayor preocupación de su entorno  familiar se centra en la falta de atención médica oportuna y especializada, debido a que Brenda presenta una lesión en un seno que cambia constantemente de color y tamaño, acompañada de episodios de fiebre. 

Los familiares exigieron las evaluaciones de los galenos, pero el tribunal aún no emite el oficio para que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) ejecute la evaluación correspondiente.  “La Cruz Roja estuvo hace como dos semanas, la vieron, dijeron que necesitaba urgente un examen porque eso podía ser un tumor maligno”, aseguró la fuente allegada a la familia.

Indicó que el pasado mes de julio, Brenda apenas podía hablar durante una llamada telefónica a causa de una grave infección respiratoria. La emergencia se controló rápido porque sus familiares consultaron a un médico externo y lograron llevarle los antibióticos al día siguiente. “En esas cárceles no entregan ni una aspirina”, agregó. 

Para mantenerse a salvo en medio del encierro, Brenda se integró al grupo de la iglesia de la cárcel y pasó los días aferrada a la oración. Mientras tanto, la familia acude constantemente a los tribunales para intentar juramentar al abogado privado, pero los funcionarios devuelven el documento una y otra vez. 

“Ellos tienen nueve meses burlándose de esa familia y están aferrados a la esperanza de que ella pueda salir en libertad y estar nuevamente con sus hijos”, concluyó la fuente.