María Laura Chang /@MarilaChang Foto: Cortesía panorama.com.ve El director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general Juan Francisco Romero Figueroa, advirtió la semana pasada que su despacho no contaba con los mecanismos para controlar los problemas causados por el hacinamiento en los comandos de ese cuerpo policial en Caracas. El 19 de abril el general envió un documento a cinco altos funcionarios del Gobierno en el que informa que los calabozos de la región capital hay 575 detenidos en espacios para albergar a 245 personas; es decir, 135% más de su capacidad. Dentro de los remitentes destacan la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, según información de El Estímulo. En la madrugada de este lunes se inició un motín en la comandancia de la PNB ubicada en la Avenida Sucre de Catia, donde estaban 186 internos cuando su capacidad es de 50, según dice Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Los internos protestaron por las malas condiciones en las que se encuentran y exigieron su traslado a los centros de reclusión. Durante el alzamiento, dos funcionarios fueron tomados como rehenes. Uno de ellos fue golpeado de gravedad. Uno de los detenidos, Juan Bautista Infante, quien había sido acusado de violación, fue asesinado. El motín cesó luego de que 25 internos fueron trasladados a la cárcel de Puente Ayala en Puerto la Cruz, Anzoátegui. En opinión de Prado, una de las causas que ha incrementado el hacinamiento en los calabozos de las sedes policiales de Caracas es la inhabilitación de La Planta, retén adonde iban a parar todos los detenidos de la zona metropolitana. En el Ministerio de Servicios Penitenciarios no aceptan presos a menos que tengan tribunal asignado, explica el jefe de prensa de la institución, Franklin Suárez, y refiere que anteriormente al pasar los días reglamentarios las personas eran trasladadas sin importar el estatus de su proceso. En junio de 2014 la ministra Varela recordó que son las policías estatales y municipales las que deben hacerse cargo de los detenidos hasta que el Ministerio Público determine si la persona va a juicio o queda en libertad. En teoría este proceso no debería superar los 45 días, según Suárez ese tiempo no se está respetando. En el comunicado que envió Romero Figueroa se especifica que de la totalidad de los recluidos en los calabozos: 478 personas han sido procesadas, 63 están en etapa de juicio y únicamente 24 eran detenidos. “Solicito sus buenos oficios a los fines de estudiar la posibilidad de gestionar el ingreso a los diferentes recintos penitenciarios de los ciudadanos”, señala el texto. De acuerdo con Prado, luego de la detención de una persona un juez tiene 48 horas para decidir si efectivamente será privado de libertad y, de ser afirmativo, debe ser trasladado a un centro penitenciario. En el Ministerio de Servicios Penitenciarios sostienen que el número de 478 procesados del que habla Romero Figueroa realmente no corresponden, ya que no tienen tribunal asignado. Suárez aclara que ellos reciben a los privados de libertad automáticamente luego de que el tribunal de control les asigna un tribunal de juicio y explica que para este proceso se agilice deben prestar mayor colaboración son las alcaldías y el Ministerio de Interior y Justicia. Para 2014 en Venezuela la población carcelaria era de 51.256 reclusos y la capacidad de los 51 centros de reclusión de 19 mil, lo que significa 170% de hacinamiento, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Prado calcula que actualmente hay más de 15 mil detenidos en las sedes policiales en todo el país.]]>