Familiares de los quemados de Caño de Los Becerros, en el municipio Piar, exigieron al gobierno de Monagas que indemnice a los sobrevivientes y a quienes perdieron a sus seres queridos.
El 28 de diciembre de 2020 la explosión de 168 cilindros de gas doméstico provocó la muerte de nueve personas y causó quemaduras de diferente consideración en 36 personas más.
Este lunes, 2 de mayo, introdujeron un documento en la Defensoría Delegada del Pueblo de Monagas, donde instan al Ejecutivo regional una indemnización. Al tiempo, se quejaron que desde hace nueve meses no reciben apoyo gubernamental.
Jenny Marcano dijo que su mamá y su abuela sufrieron quemaduras. Los apoyos monetarios y de medicamentos no los dan desde hace nueve meses. No han resuelto las fallas de agua potable y el ambulatorio del sector, solo le repararon la fachada.
«Manden un médico internista y un médico general mensualmente o que permanezcan allí. Hay mucha necesidad. El gobierno cree que, con entregar cremas, que dejaron de pagarlas hace nueve meses, ya todo pasó», reclamó.
Carmen Chacón, familiar de otra persona quemada, dijo que al ser muchas de esas personas trabajadores del campo, no pueden ejercer sus labores ni siquiera atender cultivos para su sustento. No pueden estar expuestas al sol y por las quemaduras aún tienen secuelas.
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«No pueden trabajar, se le hinchan las manos y el cuerpo donde sufrieron quemaduras», relató.
Acompañadas del abogado Luis Díaz entregaron el documento en la Defensoría. Piden actuar al gobierno regional y el propio organismo, que constitucionalmente debe defender los derechos humanos de la ciudadanía, para que se oficialice de por vida la ayuda a los sobrevivientes.
«Estamos agotando la vía administrativa para que las autoridades sepan que las acciones no han cesado. Esto no prescribe porque son violaciones a derechos humanos», dijo el abogado.
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Familiares de los quemados de Caño de Los Becerros, en el municipio Piar, exigieron al gobierno de Monagas que indemnice a los sobrevivientes y a quienes perdieron a sus seres queridos.
El 28 de diciembre de 2020 la explosión de 168 cilindros de gas doméstico provocó la muerte de nueve personas y causó quemaduras de diferente consideración en 36 personas más.
Este lunes, 2 de mayo, introdujeron un documento en la Defensoría Delegada del Pueblo de Monagas, donde instan al Ejecutivo regional una indemnización. Al tiempo, se quejaron que desde hace nueve meses no reciben apoyo gubernamental.
Jenny Marcano dijo que su mamá y su abuela sufrieron quemaduras. Los apoyos monetarios y de medicamentos no los dan desde hace nueve meses. No han resuelto las fallas de agua potable y el ambulatorio del sector, solo le repararon la fachada.
«Manden un médico internista y un médico general mensualmente o que permanezcan allí. Hay mucha necesidad. El gobierno cree que, con entregar cremas, que dejaron de pagarlas hace nueve meses, ya todo pasó», reclamó.
Carmen Chacón, familiar de otra persona quemada, dijo que al ser muchas de esas personas trabajadores del campo, no pueden ejercer sus labores ni siquiera atender cultivos para su sustento. No pueden estar expuestas al sol y por las quemaduras aún tienen secuelas.
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«No pueden trabajar, se le hinchan las manos y el cuerpo donde sufrieron quemaduras», relató.
Acompañadas del abogado Luis Díaz entregaron el documento en la Defensoría. Piden actuar al gobierno regional y el propio organismo, que constitucionalmente debe defender los derechos humanos de la ciudadanía, para que se oficialice de por vida la ayuda a los sobrevivientes.
«Estamos agotando la vía administrativa para que las autoridades sepan que las acciones no han cesado. Esto no prescribe porque son violaciones a derechos humanos», dijo el abogado.