Empresas en la mira de la privatización: expertos exigen transparencia en el proceso

Casi dos meses lleva instalada la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, designada por la gobernante encargada Delcy Rodríguez, con la tarea de determinar qué empresas deben permanecer bajo control directo del Estado, cuáles pueden funcionar con capital mixto, cuáles pueden ser privatizadas o incluso vendidas o “rematadas”. 

De acuerdo con un informe publicado por la ONG Transparencia Venezuela, dicha comisión técnica, integrada por ministros y solo un empresario por el sector privado, tiene al menos 920 empresas propiedad del Estado o con participación estatal mayoritaria de donde escoger. Sin embargo, se calculan en poco más de 1.000 las empresas expropiadas durante la era de Hugo Chávez. 

El expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, quien integra el grupo evaluador por el sector privado, declaró al canal del Estado, VTV, que la comisión se encuentra en fase de recolección de información y que los resultados se anunciarán públicamente. Lo que sí adelantó es que las empresas de los sectores considerados estratégicos, como el de hidrocarburos, quedan excluidas de la evaluación porque se regirán según la nueva Ley de Hidrocarburos, sancionada el 29 de enero.

“Al menos la intención es buena; por lo menos entendieron que el Estado no puede seguir teniendo esa cantidad de empresas, desde hoteles, empresas de aluminio, de hierro, de agricultura y cualquier cosa que nos podamos imaginar, al punto de que se habla de más de 900 empresas. Unas fueron expropiadas de acuerdo con un procedimiento legal, otras fueron tomadas a la mala y otras creadas por el mismo Estado, hay muchas en el área minera”, destacó el exdiputado de la Asamblea Nacional, Elias Matta.  

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el expresidente de la Comisión  de Energía y Petróleo del Parlamento advirtió que muchas de estas propiedades están quebradas y cerradas, producto de malas gestiones, corrupción y la mala idea de que el Estado, bajo gestión del chavismo, “podía con todo”. 

¿Cuáles son esas empresas y a qué rubros pertenecen? Transparencia Venezuela identificó hasta el 30 de abril de 2026, 920 empresas de las cuales 701 están adscritas al Poder Nacional; 215 a gobiernos regionales y cuatro a gobiernos municipales. De la cifra total, 610 empresas están ubicadas en Venezuela y 92 en el extranjero, la mayoría (58) del sector hidrocarburos. 

Los privados: “enemigos” de Chávez

El informe de la ONG refleja que la mayoría de los activos propiedad del Estado pertenecen al sector hidrocarburos con 160, seguidas del rubro de la manufactura con 156 y 152 del agroalimentario. En la tabla siguen el sector transporte con 69 empresas; 68 dedicadas a obras civiles; 56 del sector financiero; 42 a la minería; servicios públicos con 38; 30 en comercio; 30 de servicios (agua, luz); comunicaciones con 27 empresas;  turismo con 22; 14 del sector metalurgia y 11 de saneamiento. 

Asimismo, el Estado posee al menos una empresa en los sectores conjuntos de hidrocarburos y minería, comercio y transporte, manufactura y comercialización, minería y construcción y servicios y manufactura, con una cada uno. El resto de los activos corresponden a las áreas de salud (9); gestión del desarrollo (8); forestal (6); inmobiliario (4); logística (3); telecomunicaciones (3); servicios empresariales (3); procura (varios conceptos, 2) y recreación (2). 

Al anunciar la creación de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, desde el Ejecutivo se aseguró que hay dos objetivos principales en el proceso:

1. Procurar recursos para el Estado además de optimizar el manejo.
2. Mejorar la prestación de servicios para la población. 

El exgobernante Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, ya había dado muestras de revertir expropiaciones como la del centro comercial Sambil de La Candelaria en 2022, pero con el tutelaje que aplica Washington, desde el 3 de enero, el interinato se ha visto obligado a acelerar la búsqueda de inversionistas, como parte de las fases de estabilización y recuperación económica de Venezuela. 

“Lamentablemente en la concepción del chavismo, por naturaleza, se creyó que el Estado podía con todo y bajo esa concepción el privado era visto como un enemigo o un depredador, alguien al que solo le importa la ganancia, y empezaron a estatizarlo todo. Lo hicieron con el sistema eléctrico, donde había más de siete empresas privadas y al menos ocho estatales pero descentralizadas. La locura del estatismo creó una única empresa desde Caracas (Corpoelec), nacionalizaron las privadas y centralizaron las otras y hoy vemos los resultados”, reprochó Matta.

Son recordadas las expropiaciones de Chávez contra los hoteles Hilton en Caracas y Margarita; DAKA, hipermercados Éxito (convertidos en abastos Bicentenarios), Conferry y Agroisleña, Industrias Diana, Smurfit Kappa de Venezuela, Goodyear de Venezuela y Kimberly Clark, entre muchas otras, además de edificios privados, estacionamientos, fundos y fincas.

“Cuanto hotel ha estado en manos del Estado se encuentran en ruinas o muy deteriorados. Eso lo que demuestra es que el Estado no puede estar pendiente de todo, debe dedicarse a áreas como educación, salud. Fue una locura expropiar Agroisleña, una empresa ejemplo del sector privado que prestaba al productor, este sembraba y luego la misma empresa le compraba el producto, el gobierno llegó y acabó con todo, así como acabaron con todas las empresas lácteas”, agregó el exdiputado. 

Demandan transparencia 

Del bloque  de industrias básicas, dirigidas desde la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el informe de Transparencia identifica a las 12 mas emblematicas: 

En el sector hierro y acero: CVG Sidor (Siderúrgica del Orinoco), como la mayor planta siderúrgica de Venezuela; CVG Ferrominera Orinoco, responsable de la extracción y procesamiento de mineral de hierro  y briqueteras que incluye a Briqcar (Venprecar), Briqven (Matesi), Comsigua y Briquetera del Orinoco (Orinoco Iron). 

En el sector aluminio se encuentra la CVG Bauxilum, dedicada a la extracción de bauxita y producción de alúmina; la CVG Venalum que produce aluminio primario; CVG Alcasa a la transformación y laminación de aluminio; CVG Alucasa (aluminios de Carabobo) y la CVG Carbonorca, donde se fabrican ánodos de carbón para la industria del aluminio. 

Otras empresas son: CVG Maderas del Orinoco (antes Proforca), dedicada a la gestión de las plantaciones de pino Caribe; CVG Ferrocasa que abarca desarrollo inmobiliario y de infraestructura; CVG Tecmin (Técnica Minera, C.A.) que es una empresa de servicios de ingeniería, cartografía y geología y la CVG Internacional, brazo comercial para las exportaciones e importaciones del holding.

“Las empresas claves, Sidor, las empresas de aluminio están totalmente paralizadas y se necesita su activación. Son empresas que deberían tener prioridad en este proceso que debe ser transparente y conducir a la participación de los privados, así como se está haciendo en la industria petrolera y del sector eléctrico con la aprobación de las leyes”, sostuvo Matta. 

El exdiputado insistió en que los bienes en manos del Estado deben poder ser licitados mediante concursos abiertos y que los privados que sean seleccionados sean los mejores. 

“Hay que quitar del Estado todo ese poco de bienes que son una carga pesada. De todas esas empresas, la mayoría está cerrada o prácticamente inoperables. En las industrias básicas hubo privatización antes y funcionó, luego vino la nacionalización (bajo el gobierno de Chávez) y el desastre que tenemos ahora con esas industrias paralizadas. La empresa de aluminio era la productora más grande de América Latina y hoy está inoperante”, recalcó Matta. 

No descarta que en este caso, el gobierno nacional aplique la misma fórmula que con la industria petrolera con empresas mixtas en las que el Estado tiene mayoría accionaria con 52% y los privados 49%. 

El bloque minero 

La comisión que evalúa los activos estatales está integrada  por la procuradora General de la República, Arianny Seijo Noguera; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez; la ministra para Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el titular de Comercio Nacional e Industrias, Luis Villegasm y el ministro de Comunas, Ángel Prado, además de Pisella. 

Durante la instalación de la instancia, el pasado 22 de abril, Delcy Rodriguez indicó que la comisión cumpliría cuatro etapas. La primera abarca la evaluación de bienes y activos estratégicos que permanecen en manos del Estado. La segunda, la verificación de bienes en alianzas públicas y privadas, en las que el Estado mantiene propiedad, pero deben abrirse al capital privado para la inversión en tecnología que permita impulsar procesos productivos.

De acuerdo con Rodriguez, la comisión también tendrá que determinar los bienes que no son necesarios para el Estado y pueden ser vendidos y finalmente proceder a la “liquidación y el aprovechamiento”. Subrayó que una vez que se le resten al Estado los bienes no estratégicos, podrá concentrarse en los que sí lo son. A juicio de Matta, el proceso debe incluir devolver empresas expropiadas a sus dueños. 

En el llamado “bloque minero”, la ONG señala que la empresa matrix Corporación Venezolana de Minería (CVM) controla la CVM Oro, unidad unidad de negocios y operativa encargada de la compra, procesamiento y comercialización del metal precioso y la CVM Diamante que supervisa la explotación y certificación de piedras preciosas. 

En el área, señala el informe, fueron identificadas 10 empresas mixtas: 

Al Quds, S.A.;Biet Lahem S.A; Carbones de Turquía de Venezuela S. A; Carbones del Guasare, S.A; Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A; Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul, S.A; Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.; Empresa Mixta Minera Metales del Sur S.A; Empresa Mixta para el Desarrollo de la Geología y Minería en Venezuela, Cuba y otros países del Alba, S.A. y Minería Binacional Turquía Venezuela. 

A partir del tutelaje de EEUU y su gran interés en el sector minero venezolano, además del de hidrocarburos y la sanción de la Ley Orgánica de Minas el 9 de abril, que abre la participación del capital privado nacional y extranjero, se esperan muchos cambios. 

Transparencia Venezuela coincide en que desde 2015, ya bajo el gobierno de Maduro, se adoptó una política, aunque no agresiva de venta de empresas en manos del Estado o de restitución a sus dueños. Fue el caso del CC Sambil de la parroquia La Candelaria en 2022, devuelto a la familia Cohen (Constructora Sambil) tras 14 años de haber sido expropiado por Chavez.

La ONG señala que han sido al menos 45 empresas vendidas o negociadas en alianzas estratégicas en condiciones opacas.

“En 2026 el Poder Ejecutivo ha ido ajustando el marco normativo para seguir avanzando en fórmulas de privatización, sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino”, señala el informe.

La ONG se pregunta cuál será el destino de las 920 empresas propiedad del Estado.

Gobierno y General Electric Vernova firman memorando de entendimiento para red eléctrica

EEUU es el “fiador” 

Persiste la interrogante sobre si un gobierno no electo en comicios, sólo soportado por el tutelaje de la administración de Donald Trump, puede atraer la inversión que se requiere para la recuperación del país. 

Al respecto, Matta señala que los inversionistas tienen claridad del tutelaje norteamericano sobre Venezuela y de que el papel de EEUU en la firma de contratos entre el interinato y trasnacionales como la General Electric Vernova para mejorar el sistema eléctrico, es la de un “fiador”. 

“Los inversionistas saben del plan de las tres etapas que deben conducir a elecciones presidenciales, no es que no las habrá. Quisiéramos que el proceso fuera más rápido, pero el tutelaje tiene otros tiempos. Lo importante es ir avanzando, las cosas que han pasado estos casi seis meses eran impensables el año pasado”, sostuvo. 

Mientras se apuesta por el retorno de la democracia a Venezuela, Transparencia Venezuela señala que urge respuestas a las importantes fallas en los suministros de agua y luz en el país, nuevamente acentuadas durante 2026. Recordó que todas las competencias relativas a la gestión del agua y la electricidad en Venezuela fueron concentradas en dos empresas propiedad del Estado, Hidroven y Corpoelec. 

El 3 de junio, fue aprobada en primera discusión la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que también abre el sector al capital privado nacional y extranjero. La ley no ha sido sancionada, pero este 15 de junio, Miraflores ya suscribió un memorando de entendimiento con la estadounidense General Electric dirigido a “fortalecer” el Sistema Eléctrico Nacional. 

Según evaluaciones previas, se requieren 15.000 y 40.000 millones de dólares en proyectos de mediano y largo plazo, en un lapso estimado de 5 a 15 años para recuperar el sistema eléctrico. 

Puede revisar el informe completo de Transparencia Venezuela aquí