Provea: Silencio de MP y Defensoría contribuyó a final violento en operativo contra Óscar Pérez

El Gobierno venezolano propició la conclusión violenta del operativo de captura del expolicía Óscar Pérez, afirmó este lunes, 15 de enero, la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Provea.

Por medio de un comunicado, la ONG señaló que la ausencia y silencio del Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo en los hechos “impidió la existencia de garantías para la resolución pacífica del operativo”. Provea exigió, horas antes de terminarse el operativo, que se respetara la vida del expolicia, cuyo destino se desconoce hasta el momento de redactar esta nota.

El Gobierno informó la muerte de siete personas, cinco insurgentes y dos policías, durante el operativo para capturar a Pérez exfuncionario del Cicpc y señalado como “terrorista”, por haber lanzado artefactos explosivos sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en junio de 2017.

“El silencio permanente del fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo,  Alfredo Ruiz, también designado por la Constituyente, son un aval para la reiteración de este tipo de abusos contra los derechos humanos. En esta oportunidad su silencio y ausencia de actuación vuelve a ser cómplice de los posibles abusos”, denunció la ONG.

Provea, además, exigió que se identifique y se informe dónde se encuentran los cuerpos de los cinco compañeros de Pérez y el paradero de los cinco detenidos mencionados en el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, este lunes, 15 de enero.

“Cada minuto de silencio oficial aumenta el riesgo para la integridad y la vida de las personas detenidas durante el operativo. Los riesgos de torturas y/o desaparición forzada aumentan en tanto la opacidad y la incomunicación de los detenidos se impongan”, denunció la ONG.

Por este caso Provea pide “una investigación transparente y oportuna de los hechos, y sanción para los responsables de los posibles abusos ocurridos en este operativo policial.

Ejecuciones Extrajudiciales

Provea recordó que Pérez, por medio de sus redes sociales, dijo que estaba dispuesto a rendirse. La ONG relaciona este operativo con el asesinato de José Odreman, líder del colectivo “5 de marzo” en 2014. Al igual que Pérez, Odreman, antes de morir a manos de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dijo que se rendiría y responsabilizó por su vida al entonces ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, por cualquier daño a su vida e integridad.

“En dicha ocasión, las autoridades propiciaron el desenlace violento de los hechos que condujeron a la muerte de este ciudadano”, subrayó la ONG en el comunicado.

Gobierno es responsable de la vida e integridad de piloto Oscar Pérez quien ha manifestado intención de entregarse a autoridades. Ministerio Público tiene la responsabilidad de velar porque el procedimiento se realice sin daños a la vida e integridad del piloto y sus acompañantes pic.twitter.com/oZhgTrnfAO

— PROVEA (@_Provea) January 15, 2018

Para la organización defensora de los DDHH, el Estado venezolano ha convertido en “una práctica rutinaria la comisión de ejecuciones extrajudiciales durante la realización de operativos policiales y militares en Venezuela”, como los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en los que murieron ejecutadas por funcionarios policiales, 241 personas en 2016, según cifras del MP.

Durante 2017, según cifras del propio Ministerio Interior, 4.998 personas fallecieron por acciones de los cuerpos de seguridad. De acuerdo con estudios realizados por la ONG, 86% de las muertes por “resistencia a la autoridad” son ejecuciones extrajudiciales.

La operación de captura fue realizada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo policial responsable de al menos 124 muertes en Caracas durante el año pasado, de acuerdo con una investigación del Monitor de Víctimas, de las cuales 31 fueron denunciadas como ejecuciones extrajudiciales.