Alexandra Conopoi se suma a la cifra de muertes a manos de uniformados

Alexandra Conopoi de 18 años, embarazada desde hacía 5 meses, falleció en Antímano (Caracas), luego de recibir un disparo efectuado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el pasado domingo 31 de diciembre.

Su muerte acrecentó la lista de 4.998 personas asesinadas a manos de uniformados durante el 2017, según cifras del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Además, reflejó la violencia provocada por la escasez de alimentos en Venezuela ya que el el escenario de su deceso fue una cola de personas para adquirir un pernil ofrecido por el gobierno.

Según las autoridades, las personas “se tornaron violentas”. Según testigos, los uniformados habían ingerido licor y, al meno uno de ellos, disparó a mansalva.

La muerte de Conopoi acontece luego de protestas en varias comunidades del territorio nacional, en las que sus habitantes reclamaron fallas en la distribución de alimentos por parte del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Sobre estas protestas, el presidente Nicolás Maduro dijo, el pasado 28 de diciembre, que eran generadas por grupos “terroristas y violentos“, por lo que pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), utilizar todas sus fuerzas para someter a los supuestos violentos.

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Muertes por resistencia a la autoridad

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), a diferencia del Ministerio de Interior y Justicia, estima que fueron 5.535 fallecidos por acciones de cuerpos de seguridad, que se clasifican, de acuerdo al protocolo de Bogota, como resistencia a la autoridad.

Durante la presentación del informe anual del OVV, el pasado jueves 28 de diciembre, su director, Roberto Briceño León declaró que, “en promedio, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares”. En el informe se indicó que aumentó el uso desproporcionado y extrajudicial de la fuerza para el castigo y control del delito, lo que influyó en la reducción de las muertes violentas en todo el país.

 

En Caracas, el 35% de los homicidios que ocurren son cometidos por uniformados. Las muertes relacionadas con funcionarios de los cuerpos de seguridad fueron 246 en total durante mayo y octubre, 145 (59%) fueron por presunta resistencia a la autoridad y 98 (40%) por presunta ejecución extrajudicial en el Área Metropolitana, según el Monitor de Victimas, proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, con colaboración de Efecto Cocuyo y El Pitazo.

Según la ONG defensora de los derechos humanos, Provea, en los últimos años el 86% de las muertes que involucran funcionarios son ejecuciones extrajudiciales, cifra que manejan diversos especialistas, quienes han investigado los procedimientos de los diferentes cuerpos de seguridad. Muchos de esos casos se quedan en averiguaciones.

La Fiscal General destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, informó en marzo del año que acaba de terminar, que 4 mil 441 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron imputados en 2016, por estar presuntamente involucrados en hechos violatorios de los derechos humanos. De ese número, 635 efectivos fueron acusados, de los cuales 266 están condenados.

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Violencia en colas por alimentos

A las actuaciones desmedidas de los cuerpos de seguridad, que se reflejan en este caso, se suma la violencia producida por la escasez de alimentos que ha vuelto a tener notoriedad en la opinión pública, luego de las protestas acontecidas en varias zonas de Venezuela durante varios días, en las que las decenas de personas manifestaron su descontento por el incumplimiento de la promesa realizada por el Gobierno nacional, de distribuir perniles de cerdo a precio subsidiado.

El OVV en su informe señala, que son frecuentes, “los conflictos con quienes pretenden ocupar o invadir un lugar en la fila, o decisiones discrecionales sobre cuánto y a quien vender los alimentos”. Además, la ONG indica que en las colas suelen aparecer personas armadas quienes desplazan a los demás lo que genera conflicto.

La organización también subraya el aumento de delitos relacionados con el “hambre”. Durante 2017 se registraron saqueos a automercados, camiones con alimentos y hurto de comida dentro de viviendas, debido a la escasez y a la hiperinflación que afecta a la mayoría de los venezolanos.

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