Provea advierte sobre posibles abusos ante militarización fronteriza
La ONG recordó que ya en el año 2015 se cometieron desmanes contra pobladores de la frontera
La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que la militarización de la zona fronteriza venezolana, entre los estados Táchira y Zulia, “abre las puertas a nuevos abusos” de las garantías fundamentales de las poblaciones que residen en esas regiones.
“Ante estos anuncios expresamos que, si bien el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar y defender el territorio y la soberanía nacional, en el pasado operativos de este tipo como el llamado ‘Escudo Bolivariano’ o el propio ‘Relámpago del Catatumbo”, por citar dos casos, han demostrado su ineficacia y lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares en nuestro país, han elevado los abusos contra los pobladores fronterizos”, dijeron en su sitio web este 27 de agosto.
La gestión de Nicolás Maduro, a través de los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López respectivamente, detallaron que enviarán 15 mil efectivos militares a la zona fronteriza desde Castillete (Zulia) hasta el Táchira, en un área que abarca 851 kilómetros de los más de 2 mil que Venezuela comparte con Colombia.
Los anuncios se hicieron después de que Estados Unidos ordenó el despliegue de buques de guerra, infantes de Marina y hasta un submarino de propulsión nuclear que llegarán en las próximas semanas a las aguas del mar Caribe para combatir el narcotráfico, lo que el chavismo y sus voceros califican como una “amenaza” a la paz de la región.
Imposición de seguridad territorial hegemónica
Provea, organización no gubernamental que defiende derechos humanos, recordó que “una práctica arraigada en la dinámica estatal es la imposición de la seguridad territorial hegemónica, caracterizada por el privilegio del elemento militar-policial (la ‘mano dura’) por encima de otros aspectos de mayor relevancia como el desarrollo social e institucional; es decir, la presencia de un Estado que provea calidad de vida y garantice derechos”.
Padrino López explicó el martes que al igual que hace EEUU, Miraflores desplegará buques en el área de las aguas territoriales venezolanas al norte del país. Dijo que esas operaciones y movilizaciones serán para contrarrestar a lo que llaman “tancol (terroristas, narcotraficantes colombianos) como identifican a los grupos irregulares, como la guerrilla y disidencias de las Farc, que permean en la zona fronteriza.
En el año 2022, la organización Insight Crime, un centro de investigación sobre el crimen organizado, presentó un reporte sobre Venezuela en el que dijo que las guerrilla colombianas “se han extendido profundamente en territorio venezolano, están llenando sus filas con reclutas venezolanos, tomando el control de las comunidades venezolanas e interfiriendo en la política venezolana. Actualmente son grupos guerrilleros binacionales”.
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Criminalización contra pobladres de la frontera
Este mismo mes, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que las disidencias de las Farc, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, hacían vida en Venezuela, algo que rechazó Cabello, pero que después el propio mandatario del vecino país insistió en que se encuentran en territorio nacional.
Provea remarcó que ya hace 10 años cuando se declaró una emergencia fronteriza, las movilizaciones militares y policiales sirvieron de excusa para “la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros’, ‘contrabandistas’ y ‘traidores a la patria’”.
“Advertimos que esta nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos. Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos ‘ejemplarizantes’ para toda la población, generando con ello la re-victimización de cientos de familias”, agregó la organización no gubernamental.
Lea en este enlace el reporte completo de Provea
