Política migratoria de Petro debilita el modelo de acogida de venezolanos en Colombia, advierte informe de Provea y CDH Ucab

Un nuevo informe de la ONG Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) advierte que la política migratoria del gobierno de Gustavo Petro, en Colombia,  ha debilitado el modelo de acogida que había sido un referente en la región, creando un estado de vulnerabilidad para la población venezolana. 

El documento, titulado “Petro y el limbo migrante” , señala que el cambio de dirección del gobierno colombiano ha dejado a una parte de los migrantes en un “limbo” legal y social, lo que contrasta con la política de regularización masiva de la administración anterior.

El informe fue publicado este martes 14 de octubre, un día después del atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche en la capital colombiana, un sicariato que generó indignación y abrió el debate sobre la seguridad de los exiliados venezolanos en el país neogranadino. A las víctimas les dispararon 12 veces cuando salían de una residencia en Bogotá, donde están residenciados tras la persecución política que se desató en Venezuela, debido a las protestas por los resultados electorales del 28 de julio de 2024.

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Retroceso

El informe señala que el problema principal es el cambio de política migratoria del gobierno de Gustavo Petro, tras la decisión de no otorgar el Permiso de Protección Temporal (PPT) a los migrantes que ingresaron a Colombia después del 31 de marzo de 2023.

Esta decisión ha dejado a una parte de la población venezolana en una situación de irregularidad.

“Durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron eliminadas instancias clave como la Gerencia de Fronteras (adscrita a la presidencia) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), paso fundamental para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) ofrecido bajo el Estatuto Temporal de Protección. Desde entonces, no se han creado mecanismos generales de regularización para quienes han ingresado al país a partir de junio de 2023”, denuncian las organizaciones. 

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El informe señala que aunque existen figuras como el PEP Tutor y la visa Visitante Especial, su alcance es limitado, exigen requisitos difíciles de cumplir y no están acompañadas de campañas informativas y que además la falta de continuidad en la política migratoria ha generado desinformación, retrasos y mayores obstáculos para que las personas migrantes puedan acceder a derechos básicos como la salud o regularizar su estatus.

“A pesar del aumento de personas venezolanas que huyen por motivos políticos, especialmente tras la elección presidencial de julio de 2024, Colombia ha fallado y no las reconoce como personas con necesidad de protección internacional. Esto ha implicado que quienes llegan sin pasaporte, por rutas no autorizadas y en situación de emergencia, sean tratadas como migrantes económicos, sin acceso a mecanismos de refugio ni apoyo institucional”, se lee. 

Desde 2015, Colombia ha recibido a más de 2,8 millones de venezolanos en situación de movilidad, consolidándose como el principal país de acogida. Estas personas han cruzado la frontera en busca de protección, empleo y condiciones de vida dignas.

Corte Constitucional protege a migrantes ante la inacción de Petro

El informe señala que ante la inacción del gobierno, la Corte Constitucional ha asumido un papel fundamental en la protección de los derechos de los migrantes. El documento explica que la Corte ha intervenido para “llenar los vacíos de protección que se generan por la limitada acción estatal y por una respuesta que con frecuencia queda atrapada en los formalismos, sin disposición para atender las necesidades específicas y diferenciadas de este sector de la población de manera oportuna y adecuada”, se lee. 

A través de sentencias como la T-166 de 2024, la Corte ordenó a Migración Colombia permitir la inscripción extemporánea en el RUMV en casos de “fuerza mayor vinculada a discriminación, salud o violencia”. En respuesta, “se emitió la Resolución 4713, habilitando el registro hasta el 30 de enero de 2026 para quienes no se inscribieron a tiempo por estas razones”, dice.

Además, la Sentencia SU-543 de 2023 ordenó al gobierno colombiano a “diseñar e implementar una política pública para superar la saturación administrativa en la tramitación de solicitudes de refugio”. La Corte también “calificó como una vulneración de derechos y eximió a la accionante y a otros nacionales venezolanos en situación similar de elegir entre solicitar refugio o el PPT, afirmando que esta incompatibilidad resulta lesiva de derechos y no tienen por qué ser excluyentes entre sí”. 

El reto de la migración de perseguidos políticos

Después de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, se ha producido un aumento en la represión política, calificada como “sin precedentes” por organismos internacionales.

Esta situación ha incrementado la llegada de personas con “necesidades de protección internacional, no reconocidas plenamente en Colombia”.

El informe explica que muchos de estos perseguidos han tenido que salir sin pasaporte, por puntos no controlados, lo que limita sus opciones de regularización en Colombia.

 “Al ser tratados como migrantes ordinarios se les exigen requisitos de difícil o imposible cumplimiento para quienes se ven forzados a huir, sin planificar adecuadamente su salida”.

Esta situación ha creado un vacío de protección, ya que Colombia no los considera víctimas de persecución política. Ante la ausencia de alternativas de residencia y amparo, “muchos perseguidos se han visto obligados a abandonar Colombia, un país que no les ha brindado acogida”.

La invisibilización del fenómeno migratorio

El informe destaca que los voceros del gobierno de Gustavo Petro han relativizado y minimizado la importancia del fenómeno migratorio venezolano en ese país. El exembajador Armando Benedetti se refirió al “éxodo que supuestamente hay”, poniendo en duda las cifras oficiales que para ese momento superaban los 2,2 millones de venezolanos en Colombia.

El excanciller Álvaro Leyva, durante la Conferencia de Donantes, cuestionó las cifras y exigió la presencia de Venezuela. El informe señala que el Canciller “transmitía un mensaje poco estimulante a países donantes en un contexto de fuerte competencia por la cooperación internacional” y por esa razón “no sorprende que la tercera y última Conferencia de Donantes haya tenido un resultado tan poco talentoso para apoyar a lo que sigue siendo el mayor fenómeno migratorio del mundo desde la segunda guerra mundial”.

Esta narrativa, que invisibiliza a los migrantes y repite el discurso del gobierno venezolano de que la migración se debe a las sanciones, dificulta la atracción de cooperación internacional. 

Reducción de la cooperación internacional y el cierre de Usaid

La clausura de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha tenido un “impacto devastador” en la atención a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, ocurrida en enero de 2025. Esta decisión, impulsada por el gobierno de Donald Trump, dejó sin financiar a “varios proyectos y programas de asistencia humanitaria para personas migrantes y refugiadas” venezolanos en el país neogranadino.

El informe subraya que la suspensión de fondos interrumpió “servicios vitales como la distribución de alimentos, asistencia nutricional, acceso a salud básica, y la creación de albergues y refugios”. Esta suspensión no solo afecta la respuesta humanitaria inmediata, sino que “también pone en riesgo la sostenibilidad de los esfuerzos de integración de los migrantes y refugiados en Colombia, y deja a las comunidades receptoras, organizaciones locales y gobiernos regionales en una situación de incertidumbre y desamparo”. 

Medio millón de irregulares y un puñado de visados

El Observatorio de Migraciones de Colombia, de acuerdo a un tablero público estadístico con corte a junio de 2025, señala que hay 2.826.376 venezolanos en Colombia, de los cuales 1.947.436 están regularizados con PPT, 333.097 están en proceso de regularización con el PPT, 70.250 están regularizados con otros mecanismos y hay 475.593 irregulares. 

De los irregulares, 200.055 lo son por tener un Permiso Especial de Protección (PEP) vencido desde febrero de 2023 y que no hicieron el tránsito al PPT; 193.985 por tener otros permisos anteriores también vencidos y 81.553 por ingreso por lugares no habilitados, es decir, que no tuvieron ninguna documentación migratoria.

A raíz de casi medio millón de venezolanos sin mecanismos de regularización, se crearon los permisos PEP Tutor, para padres o representantes de niños y adolescentes venezolanos a quienes les fue otorgada el PPT, así como la Visa Especial de Visitante, cuyo trámite es más barato que la visa de Residencia, con un costo de 50 dólares en lugar de 400 dólares, pero que solicita unos requisitos y documentos que se tramitan en la página web y sede de Migración Colombia que son de difícil acceso pero además, que sólo arropa a quienes estaban en Colombia antes de diciembre de 2024, por lo que excluye a decenas de personas que huyeron de Venezuelas tras las protestas electorales de 2024 y la persecución tras la toma de posesión de enero de 2025. Además, esta visa es de 2 años y no permite acumular tiempo de permanencia para solicitar residencia permanente.

Sin embargo, el registro para el PEP Tutor, anunciado en octubre de 2024, abrió el 1° de septiembre de 2025, mientras un reportaje de la Revista Semana reveló que sólo 11,6% de las visas de Visitante Especial eran aprobadas, lo que contrasta con el 92,4% del resto de las visas. De forma similar, aunque la visa fue anunciada en diciembre de 2024, se otorgaron las primeras en abril de 2025 según las estadísticas de Cancillería en el Portal de Datos Abiertos de Colombia.

En esta se revela que entre abril y septiembre de 2025 se han otorgado 884 Visas V de Visitante, así como 2.569 visas de Residencia por el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos (ETPV) que creó el PPT y que tras cinco años de estadía regular en Colombia, con permisos anteriores y el PPT, puedes optar a una Cédula de Extranjería. 

La cantidad de visas de residencia otorgadas en 2025 equivale al 0,01% de los venezolanos viviendo en Colombia. O similarmente, 1 de cada 10 mil venezolanos. Por lo que urge un camino más sencillo y expedito, tanto para el casi medio millón de venezolanos sin mecanismos de regularización, como para acceder al visado, bien sea temporal o permanente, facilitando tanto los trámites como reduciendo sus costos.

Lea el informe completo aquí.