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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la suspensión temporal de los programas de transferencias monetarias enmarcados en el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela tras la detención de cinco trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo en el estado Zulia.

«En vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad de Programas de Transferencias Monetarias dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias», destaca una carta firmada por Peter Grohmann, coordinador residente y coordinador humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela.

El comunicado, enviado a través del correo electrónico de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) a los socios humanitarios en el país, resalta que Naciones Unidas trabaja para llegar «rápidamente» a un procedimiento acordado con las autoridades venezolanas que permita continuar la modalidad de transferencias.

Naciones Unidas además solicitó a los socios humanitarios discutir qué alternativas se pueden implementar para «minimizar el impacto y atender a las personas en necesidad» que se habían beneficiado de estos programas hasta ahora.

En el correo electrónico igualmente se anunció que el Sistema de Naciones Unidas ha establecido contacto con las autoridades desde que se conoció sobre la detención de los miembros de Azul Positivo. Se añadió que se mantienen en seguimiento para «resolver la situación, especialmente insistiendo para que los cinco trabajadores puedan ir a su casa lo antes posible».

«Mantenemos una comunicación regular con la ONG Azul Positivo, así como las ONG miembros del Equipo Humanitario de País, para actualizarles sobre las acciones tomadas y coordinar/consultar acciones adicionales», dice el correo.

Aclarar las reglas

Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), aseguró que es necesario que Ocha Venezuela «obligue al gobierno» a aclarar las reglas de juego en el manejo de las transferencias para así evitar más represalias. Sin embargo, aseguró que pudo hacerse de manera distinta para no perjudicar a los trabajadores humanitarios. 

Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz permanecen detenidos desde el pasado 12 de enero. Todos trabajan en Azul Positivo, ONG dedicada a fortalecer la educación sexual y la respuesta ciudadana ante el VIH. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja habían extendido su acción a otros grupos vulnerables.

El 14 de enero, el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Zulia les dictó privativa de libertad preventiva. Les imputan los cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Sin embargo, organizaciones como Acceso a la Justicia sostienen que la imputación de tales delitos no tienen «fundamentación alguna» debido a que los proyectos sociales como las transferencias monetarias se ejecutan con fondos de la cooperación internacional, entre ellos la ONU.

Es necesario que @OCHA_Venezuela obligue al gobierno a aclarar las reglas de juego en el manejo de las transferencias para evitar más represalias, pero había formas de hacerlo sin dejar a los trabajadores humanitarios agarrados de la brocha, como hacen con este texto edulcorado https://t.co/1L9w9HPgy4

— ligia bolivar (@ligiabolivar) January 19, 2021