La agenda legislativa pendiente: tutelaje y diálogo marcan la dinámica

La Asamblea Nacional (AN) comenzó su segundo periodo de sesiones del año con las expectativas centradas en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a partir del acuerdo entre el interinato y la oposicion en la mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos.

Pero el Parlamento con mayoría del chavismo presidido por Jorge Rodríguez se ha tomado su tiempo. El  segundo periodo inició formalmente el 15 de septiembre, pero la plenaria fue convocada una semana después (23 de septiembre) para autorizar el viaje (tres días después) de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, a Nueva York para participar en la 81 Asamblea General de la ONU y aprobar un acuerdo en apoyo a lo que sería su discurso. 

Contrario a lo que se esperaba ese día, no se dio la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales de 11 diputados, como primer paso necesario para la escogencia del TSJ. El Parlamento concretó el nombramiento la siguiente semana (29 de septiembre), una vez que la mesa de diálogo diera luz verde (25 de septiembre) y se “adelantara” en la aprobación de un Consejo de Revisión de Credenciales de Postulados al TSJ que trabajara a la par del Comité de Postulaciones.

Para el diputado de la Alianza Democrática, José Gregorio Correa, y el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, el desempeño de la AN estará estrechamente vinculado con la dinámica de las negociaciones y el tutelaje de Washington para bien o para mal. Por un lado se espera que la cámara complete la asignación de renovar el TSJ y el Poder Electoral antes de que culmine el año. Por el otro, se cuestiona que siga en mora con temas de trascendencia como los servicios públicos y los ingresos de los trabajadores. 

Para el jefe de la fracción Libertad, Stalin González, independientemente de esta dinámica, la actividad parlamentaria tiene que centrarse en mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

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Urgencia para servicios públicos

A principios de 2026, en el contexto de la intervención militar de EEUU para detener y extraer a Nicolás Maduro y Cilia Flores y la juramentación del Delcy Rodriguez como gobernante encargada, con el aval de la administración de Donald Trump, la AN aprobó un paquete básico de 29 leyes, del cual ha aprobado 12 normativas (10 en el primer periodo y dos en sesiones extraordinarias). 

Consultado por Efecto Cocuyo, Correa dijo desconocer a cuáles leyes se les dará prioridad en el último trimestre de 2026 (el segundo periodo cierra el 15 de diciembre) porque la agenda la maneja estrictamente la directiva. Coincide con Gonzaáez en que es importante que se le dé sanción  a la Reforma Parcial de la Ley del Servicio Eléctrico, aprobada en primera discusión el 2 de junio, que abre el sector a la participación del capital privado, en momentos en que han arreciado los racionamientos de luz en el país.

“Es importante darle marco legal a la inversión, las concesiones, que se puedan promover empleos. Venezuela cuenta con trabajadores, ingenieros calificados, para rescatar el sistema eléctrico”, declaró Correa (AD judicializada). 

El 15 de junio, el gobierno encargado de Delcy Rodriguez, a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), firmó un acuerdo de cooperación con la empresa estadounidense General Electric Vernova para rescatar y modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. Pese a ello, la AN no ha avanzado en el instrumento legal, mientras aumentan las protestas de venezolanos en las regiones por cortes de luz de ocho horas y más y que el gobierno atribuye al fenómeno El Niño y no a la desinversión. 

En materia de servicios públicos, Alcántara también se pregunta dónde está una nueva Ley de Aguas que sirva para garantizar la prestación de este servicio. Apunta igualmente a una nueva Ley de Educación que atienda las necesidades del sector gravemente afectado por la crisis.

“Para nuestra fracción, la prioridad legislativa parte de atender la emergencia del país. En primer lugar, solicitando y promoviendo un marco legal para la reconstrucción nacional y la atención integral a las víctimas y damnificados de los sismos de junio, garantizando recursos directos para la infraestructura y la vivienda”, expresó González a Efecto Cocuyo.

A raíz del doblete sísmico del 24 de junio, que provocó más de 6.000 muertes y casi 18.000 damnificados, la AN sancionó las leyes del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda y sobre Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas (antes Estafa Inmobiliaria) para estimular el mercado, lo cual tiene en contra el bajo poder adquisitivo de muchas familias.

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Trabajadores desprotegidos

Correa enfatiza que el Parlamento no puede culminar otro año sin que se legisle sobre los salarios de los trabajadores venezolanos -el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares, equivalentes en la actualidad a 0,1 dólares,  desde 2022- las prestaciones sociales y las pensiones. 

Desde la perspectiva de González, la vía es promover a través de la legislación un proceso de recuperación del salario real y las pensiones, para que los ingresos no dependan de bonificaciones sin impacto prestacional, como ha ocurrido hasta ahora. El 1 de mayo, la interina solo aprobó un incremento de 50 dólares al Bono de Guerra para ubicarlo en 200 dólares, mientras el bono de alimentación se mantiene en 40 dólares, frente a una canasta básica de 755, 36 dólares, según el Cendas. 

“Es preciso reformar la Ley del Trabajo que es una ley draconiana y desfasada. También es importante una nueva ley de Registros y Notarías que complemente la Ley de Aceleración de Trámites”, dijo Correa.

Alcántara coincide en la deuda que tiene el Parlamento con el país en materia de ingresos de los trabajadores y de contrataciones colectivas, lo que a su juicio, los tiene en “completa desprotección” frente a un Ejecutivo que no decreta aumento salarial, pese a las incesantes protestas de calle. 

“La agenda legislativa no obedece a las demandas ciudadanas ni al desempeño propio del Parlamento, sino que se legisla por compulsión, por influencias de la periferia. Esperemos que esa influencia externa al menos sirva esta vez para nombrar a un TSJ y CNE independientes y que se deroguen leyes inconstitucionales como la Ley contra el Odio. Si se quiere rescatar la institucionalidad del país deben dejarse sin efecto leyes aprobadas por la Constituyente (2017) por encima de las competencias del Parlamento”, advirtió el también historiador. 

Mediante una comunicación enviada al Parlamento este 29 de septiembre, la interina solicitó a la AN la reforma de la la Ley contra el Odio para “despenalizar” las conductas tipificadas en la normativa. Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen su derogacion al igual que las Leyes Simon Bolivar, contra las ONG y Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

Alcántara expresa preocupación sobre lo que será la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional 2027 dada la opacidad con la que se ha tratado la cooperación económica con EEUU y el tema de los ingresos que generan las exportaciones petroleras. Recordó que la población aún no percibe los beneficios de la recuperación dentro del plan de tres fases de EEUU para Venezuela.

González aseguró que el grupo Libertad estará atento al desarrollo de la reforma de la Ley contra el Odio, para lo cual la directiva de la AN creó una comisión especial en la que tendrán a la diputada Amelia Belisario como representante. Asimismo, indicó que el proyecto de Presupuesto Nacional debería ser presentado este mes por el Ejecutivo.

“De igual forma, en la agenda económica promoveremos la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela para frenar la inflación y estabilizar la moneda, mientras mantenemos en revisión el marco legal relativo a la Ley Resorte y la Ley contra el Odio”, añadió el dirigente de UNT. 

Interferencias

Correa y Alcantara admiten que el tutelaje de EEUU, que a inicios de año arrojó leyes como la de Hidrocarburos y Minas y ahora la dinámica de la mesa de diálogo, marcarán el desempeño del Poder Legislativo para lo que resta de año.

“Estoy en desacuerdo con los tutelajes, sean de quien sea, porque antes se decía que era de Cuba y Rusia, ahora de EEUU. La AN debe cumplir con su función de manera independiente y autónoma. No es posible que celebremos el otorgamiento de licencias para disponer de lo que es del país, Venezuela está en condiciones de resolver sus problemas sin interferencia extranjera”, sostuvo Correa.

En el Parlamento se aprobó el regreso del grupo parlamentario de amistad entre Venezuela y EEUU en mayo de este año y recientemente se respaldó el viaje de la interina a EEUU, donde sostuvo un encuentro con Trump para abordar temas de cooperación económica y elecciones aunque sin un cronograma a la vista.

Alcantara cuestiona que a nueve meses del tutelaje y el interinato de los Rodriguez el poder adquisitivo de los venezolanos siga severamente golpeado, se mantenga el aparato represivo y continúe el éxodo de ciudadanos en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

“La sociedad debe presionar para que se aceleren los tiempos y se concrete la renovación del TSJ y el CNE como pasos fundamentales para la democratización”, agregó. 

¿Qué queda del paquete legislativo de enero? 

De la agenda de 2026, aprobada el  22 de enero, también siguen pendientes, además de la Ley sobre el Servicio Eléctrico, una ley sobre el Uso racional de la Energía, Gestión Integral de la Basura, la Ley Sobre Derechos Socioeconómicos, aprobada en primera discusión en abril de 2026 que sustituye a la Ley Orgánica de Precios Justos de 2015, Ley de Ciberseguridad, Propiedad Industrial,Telecomunicaciones. 

Asimismo, están contempladas leyes sobre Medicina Natural, Derechos Digitales, Inteligencia Artificial, Comité de Exportacion e Importacion, Igualdad de las Mujeres (falta segunda discusión), Contra el Cambio Climático, Ley Especial del Banco de la Comuna y los Fondos de Ahorro Zamoranos, Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes en Redes Sociales, Ley para Prevenir y Atender Enfermedades de Transmisión Sexual (pendiente de segunda discusión), Ley Orgánica de la Juventud Venezolana «José Félix Ribas» (falta segunda discusión), Sistema Social del Libro y la Lectura. 

Igualmente, la Ley de Convivencia Pacífica Estudiantil, Ley de Pesca y de Danza, además de las reformas de las leyes del Sistema Económico Comunal y Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

Esta última semana los diputados anunciaron de la Comisión de Política Interior anunciaron el inicio de la consulta pública de la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Ganadera a la que tambien le resta la segunda discusión.