Agricultores, mecánicos, electricistas, obreros y estudiantes están en la lista de las víctimas de la masacre de Barlovento que ocurrió en octubre y noviembre de este año. Sus autores serían funcionarios del Batallón Caribe Camacaro 323 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), especializados en la caza y el combate de la guerrilla, según expertos del área militar.
El ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló el 26 de noviembre que debido a la presencia de grupos con “características paramilitares” en el municipio Acevedo del estado Miranda (perteneciente a la región de Barlovento) la Fanb intervino en las labores de seguridad ciudadana.
Una vez que se dio a conocer las desapariciones forzadas, torturas y posteriores asesinatos el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró que ninguna de las víctimas tenía prontuario policial. Para el 26 de noviembre, cuando se informó al país de lo que ocurrió en Barlovento, Saab ya tenía 36 días investigando las violaciones de derechos humanos denunciadas a su despacho.
Jeferson Daniel Maurena Torres no es parte de la lista de los 12 fallecidos encontrados en una fosa común, ni tampoco el adolescente que murió en un hospital por las torturas que le proporcionaron sus aprehensores. Jeferson Daniel fue señalado en la oscruidad de la madrugada 12 de noviembre (un mes después de las primeras detenciones) por un civil que acompañaba a siete uniformados en cuya camisa decía Gaes (Grupo Antiextorsión y Secuestro).
Lo detuvieron -o más bien lo secuestraron- y un mes después su familia desconoce de su paradero. Hoy es parte de los ocho desaparecidos, según conteo de Efecto Cocuyo.
Su padre, César Maurena, narró a Efecto Cocuyo que ese día a penas se fue la oscuridad él fue a buscarlos por las comisarías y comandos. Acudió a El Café, donde se encuentra el Batallón Caribe Camacaro 323; al comando de la Fanb en Cúpira, al módulo del Aeropuerto de Higuerote, a la policía de Acevedo y al Cicpc de Higuerote, Caucagua y San José. Nada.
“Cuando fuimos al Cicpc de Higuerote los funcionarios nos dijeron que no podían tomarnos la denuncia porque en el caso estaba involucrado una persona muy pesada, una persona poderosa”, señaló el padre de la víctima en la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en Caucagua.
Allí el 7 de diciembre se celebró una misa en memoria de los fallecidos en la masacre. A la celebración asistieron, además de los dolientes, representantes del Ministerio Público, la diputada oficialista Nora Delgado y el viceministro José Rangel Ávalos.
El padre Francisco Javier Berrio López rezó por el descanso de las víctimas y en su homilía recordó que la vida “solo viene de Dios”. Explicó que así como los seres humanos tienen derecho a la vida, también tienen derecho a la dignidad, al debido proceso y a la justicia y manifestó su confianza en Dios para que las muertes reciban justicia “misericordiosa”.
Por ahora, la ley terrenal tiene tras las rejas a 18 funcionarios militares que presuntamente habrían participado en los homicidios de 13 personas y en la desaparición de otras ocho.
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