“La gran mayoría del pueblo pide justicia”, dice abogado que asiste a quemados en Monagas

LA HUMANIDAD · 12 FEBRERO, 2021 10:57

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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Los sobrevivientes de la explosión de 168 bombonas de gas en la comunidad de Caño de Los Becerros, municipio Piar del estado Monagas, aún esperan justicia por la tragedia que dejó 45 heridos y hasta ahora nueve fallecidos.

El fin de semana el abogado Luis Díaz asistió al sector, un pequeño pueblo de vocación agrícola al norte de Monagas, donde los residentes le informaron las carencias que viven después de la explosión que ocurrió el pasado 28 de diciembre en esa localidad.

Ese último lunes de diciembre de 2020 los vecinos retiraban los cilindros que dejaron los trabajadores de Gasmaca (Gases Maturín CA) en la casa de una habitante de la zona. Esta es la empresa estadal de distribución de gas doméstico, cuya administración recae en la Gobernación de Monagas.

Díaz los visitó justo el día que se realizaba el funeral de la novena víctima de la tragedia, la joven madre Rutselis Leonett de 34 años, quien falleció después de un mes y cinco días víctima de las quemaduras que sufrió junto a más de 40 vecinos de Caño de Los Becerros.

“En la visita pude notar que hay personas dispuestas a seguir ejerciendo el reclamo, pero otras están temerosas porque hay una serie de amenazas y presiones psicológicas. La gran mayoría del pueblo pide justicia”, dijo Díaz en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

Indemnización del Estado para víctimas

Explicó que un grupo de abogados iniciará una serie de acciones jurídicas con las que buscan una indemnización del Estado para con las víctimas y los familiares de los nueve fallecidos.

Díaz citó el artículo 140 de la Constitución de 1999 de Venezuela:  “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”.

Bajo esta premisa detalló que la explosión se produjo por la prestación de un servicio que corresponde al Estado venezolano. Sostuvo que la venta y distribución de gas doméstico debe realizarse a domicilio (casa por casa), pero no como se hace en los últimos años, cuando representantes de los consejos comunales reciben en una vivienda las bombonas de las comunidades.

“No se puede tener una casa como depósito donde las personas se aglomeran para retirar las bombonas”, advirtió el abogado.

Instó a las autoridades regionales y nacionales a revisar el funcionamiento del servicio. En el caso de Monagas, además de la tragedia de Caño de Los Becerros, han ocurrido accidentes aislados en otras comunidades de Maturín y Caripito.

“El Estado debe revisar el funcionamiento de ese servicio, cuáles son los controles más óptimos. Está expendiendo material inflamable que si no tiene buen trato o supervisión esto produce lo que ha venido ocurriendo en Monagas”.

Sin investigación

Díaz insistió en que motivarán los recursos legales para que se abra una investigación imparcial e independiente de la explosión.

“El Ministerio Publico debió avocarse, pero como no lo han hecho vamos a motivar para que estos órganos de justicia se pronuncien al respecto. La administración de justicia de acuerdo a la ley penal de oficio debió haberse avocado por noticia criminis, no se trata de la muerte de una persona o las lesiones, es una población completa”.

Por ello en la comunidad pidieron la renuncia de la directiva de Gasmaca, el primer paso para que se abra una averiguación administrativa que determine responsabilidades sobre el caso.

Díaz lamentó que la gobernadora del estado, Yeliza Santaella, se pronunciara en contra de las acciones que han iniciado. Respondió a sus acusaciones y sostuvo que no tiene motivación política sino la de brindar asistencia jurídica y moral, en especial porque cuatro primos directos de su esposa murieron después de la explosión.

“Allí murieron cuatro familiares de mi esposa, primos directos. Esto me motivó a dar la cara a una situación como esta”, resaltó.

Esperan medicinas

El abogado detalló que los heridos aún esperan medicinas, que aunque recibieron en principio, a más de un mes del hecho no están llegando ahora con regularidad, pese a la promesa de las autoridades.

“La gente necesita la continuidad de sus tratamientos y no están llegando como debe ser”, denunció. Recordó que solo recibieron una bolsa de comida de las cajas Clap en diciembre tras la explosión que dejó 45 quemados en Monagas, pero desde entonces no han vuelto a recibir ayuda.

“Consideremos que el Estado debe indemnizar los daños causados a esas familias, que fueron producidos por la prestación de un servicio por parte del Estado. Se debe responder por daños patrimoniales, morales y físicos de las personas”, insistió.