Representantes de organizaciones indígenas denunciaron que las operaciones militares contra la minería ilegal en la Amazonía venezolana se realiza sin consulta con las comunidades originarias que viven en esos territorios.
Recordaron que estos grupos armados ilegales, con control sobre la explotación ilegal de recursos en áreas como Canaima, Yacapana y Autana, ejercen violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, «en particular en zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas».
Al mismo tiempo señalaron las amenazas e intimidaciones contra organizaciones indígenas, líderes y defensores de sus territorios, como documentó el último informa del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, que se hizo público el pasado 4 de julio.
Entre los casos se encuentra el asesinato del líder Virgilio Trujillo Arana, a quien mataron en junio de 2022 en Amazonas y hasta la fecha no hay resultados de las investigaciones ni personas detenidas por el crimen. Además, de las muertes de tres hombres y una mujer yanomami y las lesiones contra un niño de esta etnia, que ocurrieron en la comunidad de Parima B el 20 de marzo de 2022.
«En el estado Amazonas persisten las amenazas, hostigamientos, secuestros y desapariciones forzosas, asesinatos a los que suman detenciones arbitrarias selectivas contra miembros de comunidades indígenas originarias de Venezuela y Colombia». Estos casos también se repiten contra defensores y activistas de derechos humanos de estos pueblos aborígenes en el marco de la llamada operación Autana.
Qué exigieron los pueblos indígenas
Exigieron a la Oficina del Alto Comisionado solicitar al Estado las siguientes medidas:
1️⃣ Se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana y que el Estado dé cuenta y consulta de sus planes estratégicos militares en la zona.
2️⃣Se reactiva de manera inmediata la auto demarcación de tierras indígenas, respetando los estándares internacionales en la materia, así como las normas internas adoptadas por el Estado venezolano.
3️⃣ Aplicar de manera inmediata la Ley de Coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción ordinaria, que respete a las autoridades indígenas y los procesos en sus propios tribunales.
4️⃣Que se abra una Fiscalía con competencia en pueblos indígenas en el estado Amazonas y en el resto de los estados donde haya poblaciones originarias.
5️⃣ Adoptar medidas de protección para defensores y activistas de derechos humanos indígenas.
Recordaron el caso de Nancy Herrera y el hostigamiento que vive por las denuncias que ha hecho en las últimas semanas.
6️⃣ Impulsar la identificación de comunidades indígenas por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ante el retardo del organismo en esta materia.
7️⃣ Restituir los derechos constitucionales de los pueblos originarios, tras las decisiones del Consejo Nacional Electoral de impedir la votación universal, directa y secreta desde el año 2020.