Hermanos Guevara: casi 22 años presos y una orden de la Corte IDH en desacato

A casi 22 años de las detenciones de los excomisarios Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, el sistema judicial venezolano mantiene sin ejecución tanto la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó su libertad inmediata como los beneficios procesales vencidos desde hace más de una década a los hermanos Guevara. 

El pasado 28 de octubre, la abogada defensora de los tres funcionarios y esposa de Rolando Guevara, Jackeline Sandoval de Guevara, consignó un nuevo escrito ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución de Caracas para exigir las evaluaciones psicosociales correspondientes a la libertad condicional, mientras los hermanos permanecen confinados 23 horas al día en celdas del penal de El Rodeo I, en el estado Miranda. 

El 19 de enero de 2026, la Corte IDH declaró culpable al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos de los hermanos Guevara, anuló el juicio en su contra por tratarse de un fraude y ordenó liberarlos e indemnizarlos de inmediato. Ya en marzo de 2021 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU había exigido su excarcelación, y en agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso ante el tribunal internacional, cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio según el artículo 23 de la Constitución. 

“Se han introducido peticiones consignando la sentencia ante todos los organismos competentes solicitando su ejecución y no hemos tenido ninguna respuesta. En una entrevista casual con el diputado Jorge Arreaza, señaló que no tienen por qué ejecutar esa sentencia ya que Venezuela no está dentro del sistema interamericano, olvidando el citado internacionalista que, para la fecha de las violaciones a los derechos humanos y fundamentales de los Guevara, Venezuela sí era parte integrante del sistema y por lo tanto el Estado sigue obligado”, explicó Sandoval en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

Al margen de la jurisdicción internacional, el propio cómputo de pena del circuito judicial penal certifica que Rolando y Otoniel Guevara, condenados el 20 de diciembre de 2005 a 27 años y 9 meses de prisión por homicidio calificado y agavillamiento, y Juan Bautista Guevara, sentenciado a 30 años al sumársele porte ilícito de arma de guerra, superaron con creces los lapsos del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) para acceder a fórmulas alternativas antes de que su condena expire el 27 de agosto de 2032. 

La defensa de los Guevara señala que los tribunales de ejecución rechazaron las solicitudes de destacamento de trabajo disponibles desde el 4 de noviembre de 2011 y las de régimen abierto habilitadas desde el 27 de febrero de 2014, mientras mantienen sin respuesta la petición de libertad condicional introducida el 27 de mayo de 2023 al superar los 18 años y 6 meses equivalentes a dos tercios del presidio. 

“El recurso más viable es el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH; no obstante, si el Estado cumpliera con la ley podría otorgar hoy por hoy las medidas alternativas al cumplimiento de la pena”, puntualizó la jurista.

Desaparición forzada de 70 días y aislamiento en El Rodeo

La reclusión de los hermanos Guevara se agravó el 1 de agosto de 2025, cuando los tres fueron sacados de su sitio de detención en El Helicoide sin notificación a sus abogados ni familiares, permaneciendo 70 días en situación de desaparición forzada hasta que se confirmó su traslado al internado judicial de El Rodeo I. “Se encuentran en condiciones insalubres, prácticamente incomunicados. Solo reciben visita los días sábado por los familiares autorizados por espacio de 20 minutos, a través de un acrílico, por teléfono y con un custodio de lado y lado”, precisó la defensora.

La falta de traslados médicos también ha deteriorado la salud de los tres expolicías, en especial la de Rolando Guevara, a quien los tribunales le niegan medidas humanitarias desde 2011 pese a padecer una obstrucción en una arteria coronaria, hipertensión arterial crónica y una hernia discal que compromete varios nervios lumbares.

Otoniel presenta cuadros de gastritis y ha comenzado a desarrollar hipertensión, mientras que Juan Bautista sufre afecciones digestivas recurrentes.

“Nos imaginamos que es por la comida y el agua sucia que se ven obligados a tomar y la insalubridad del sitio, ya que duermen, comen y hacen sus necesidades en el mismo espacio. Aun cuando esté una pared de por medio, es un calabozo donde deben permanecer por 23 horas al día”, advirtió Sandoval.

Sospechosos habituales, exclusión de amnistías e impunidad por torturas

Sandoval informó que a lo largo de más de dos décadas, el equipo legal ha presentado el expediente en todas las instancias nacionales y foros internacionales para procurar su excarcelación, pero los hermanos Guevara han sido excluidos de cada lista de indultos presidenciales o liberaciones de presos políticos, e incluso fueron vetados con nombre propio por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello durante los debates de la Ley de Amnistía en 2016 bajo el señalamiento de terrorismo. 

“Los representantes del Estado ven a los Guevara como enemigos del gobierno desde hace 27 años. Han sido y al parecer siguen siendo sospechosos habituales en casos donde el gobierno tiene interés; incluso dentro de su traslado de El Helicoide a El Rodeo fueron objeto de interrogatorios por otro supuesto golpe de Estado”, denunció la abogada.

El proceso judicial contra los Guevara comenzó tras el asesinato del fiscal Danilo Anderson en noviembre de 2004. En los días posteriores al atentado, Juan Bautista, Rolando y Otoniel fueron detenidos por fuerzas de seguridad y pasaron varios días desaparecidos bajo torturas antes de que se formalizara su captura. 

Con los años, la acusación se vino abajo ya que los testigos clave promovidos por la Fiscalía, Giovanny Vásquez de Armas y Alexis Peñuela, confesaron que recibieron dinero del gobierno para mentir, mientras que el fiscal del juicio Hernando Contreras y los exmagistrados del TSJ Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte admitieron públicamente que el caso fue un montaje político donde incluso se evaluó asesinar a los detenidos. Pese a estas revelaciones, el Ministerio Público jamás abrió una investigación contra los torturadores ni contra quienes fabricaron el expediente. 

“No se nos ha manifestado que hayan abierto las respectivas investigaciones ordenadas por la Corte IDH contra los funcionarios actuantes, ni han sido llamados a declarar en calidad de víctimas. La esperanza es que las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles; esperemos ver justicia y poder seguir actuando en pro de ella”, afirmó Sandoval.

Dos décadas de fractura familiar, y crianza a través de fotografías

Cuando los detuvieron en noviembre de 2004, todos los hijos de Rolando, Otoniel y Juan Bautista eran menores de edad. Tras más de 21 años de prisión, la migración dividió a la familia y hoy solo permanecen en Venezuela Jackeline Sandoval y los hijos que tuvo con Rolando Guevara. 

“De tener en mi caso dos entradas económicas solo quedaba una; de ser fiscal del Ministerio Público tuve que ejercer libremente mi profesión. Todas pasamos a ser madres solteras, a que nuestros hijos solo vieran a sus padres los días de visita y a que las navidades terminaran a las cuatro de la tarde. Cumpleaños, graduaciones, incluso el matrimonio de mi hijo mayor, todo eso se reduce a fotos que llevábamos para que las vieran. Gracias a Dios siempre estuvo a mi lado mi familia, quien me apoyó en el cuidado de mis hijos”, concluyó la abogada.