Magistrados de TSJ en el exilio piden a AN2015 reconozca su investidura  

Antes de que se abriera el proceso de postulaciones de parte de la Asamblea Nacional para los aspirantes a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un grupo de ocho magistrados del TSJ en el exilio le envió una carta a Dinorah Figuera, jefe de la oposición en la mesa de diálogo con el chavismo, en la cual le solicitan reconocer su investidura o destituirlos e indemnizarlos.

El magistrado Rommel Rafael Gil Piñero explicó la motivación de la solicitud. En primer lugar, señaló que se debe respetar el nombramiento que se hizo en 2017, por parte de la AN de 2015 legítima, de los magistrados principales y suplentes.

“No se puede ir a una transición y comenzar con la violando la Constitución en el país. Creo que si en este momento hay un acuerdo político se merece un piso jurídico. Los acuerdos políticos no pueden violar la ley. Los políticos no pueden estar por encima de la Constitución y las leyes, porque si no siempre van a decir o van a encontrar una excusa llamada ‘acuerdo político’ que le pase por encima a todo el mundo”.

Gil Piñero puntualizó que Figuera y el diputado Giuseppe Alessandrello (Psuv), presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que se encargará de la selección de los aspirantes, lo que han debido hacer es darle una estructura jurídica y decir: “Ya nosotros tenemos nombrados y juramentados algunos magistrados principales y subalternos”.

El magistrado en el exilio acota que nunca pudieron tomar posesión del cargo, porque fueron perseguidos, están exiliados y varios tienen  órdenes de captura activas. Además, el proceso de amnistía se paralizó.

A su juicio, lo que el sentido común y jurídico manda, para dar un ejemplo de que las cosas se empiezan a hacer correctamente, es reconocer la investidura de sus magistrados, principales y suplente, de 2017.

A su entender este concurso abierto por el Parlamento debe ser para seleccionar las vacantes que hay y reitera que se les debe hacer justicia, debido a que “llevan nueve años en el exilio y sin cobrar un bolívar partido por la mitad”.

Apuntó que en la AN reposan sus credenciales, así como las evaluaciones que les hicieron.

Gil Piñero explicó que en la carta que se le envió a Figuera solicitan que se les indique en qué momento la AN hizo algún procedimiento para destituirlos o si existe algún expediente de que cometieron una falta grave.

Subrayó que existe una Gaceta Oficial con sus nombramientos, pero nada sobre su destitución. “El país está avanzando, pero si desconocemos la ley ¿en qué país vamos a quedar?”

Se pregunta: Si la diputada Figuera y la AN 2015 hacen esto con los magistrados que ellos nombraron ¿qué vendrá después? ¿Podemos confiar?

Gil Piñero afirma que en el caso que les notifiquen que están destituidos y deben señalarles que los van a indemnizar. Pues, les da el derecho de tomar acciones posteriores.

La carta

Los firmantes de la carta, además de Gil Piñero, son: Zuleima del Valle González; Milton Ramón Ladera; Rafael Arturo Ortega; Luis María Ramos; Beatriz Josefina Ruiz; Gustavo José Sosa Izaguirre y José Zamora Zamora.

En la misiva a Figuera, fechada el 20 de octubre, se deja en claro que su designación fue conforme con el artículo 264 de la Constitución en concordancia con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

“Posteriormente, el 5 de febrero de 2019, la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, cuyo artículo 22 reconoció expresamente, conforme al texto invocado, la legitimidad de los magistrados designados en la sesión del 21 de julio de 2017”.

De acuerdo con los firmantes, este antecedente constituye un relevante para la consideración de nuestra situación jurídica y de los actos institucionales realizados en aquel momento.

“En este contexto, sostenemos que el período constitucional previsto para el ejercicio de la magistratura no ha concluido y que las circunstancias que impidieron la incorporación efectiva a los cargos en Venezuela determinaron nuestra salida al exilio, situación de fuerza mayor que ha sido de conocimiento público, notorio y comunicacional”, se añade en el texto.

Se destaca que no se han cumplido los supuestos para la remoción de sus cargos y, en consecuencia “… consideramos necesario que los antecedentes de nuestra designación y juramentación sean debidamente considerados al examinar cualquier iniciativa relacionada con la integración del máximo tribunal de la República”.

Solicitan a la AN de 2015 respetar su investidura o, en su defecto, se les notifique “de manera oficial, expresa y formal”, cuál es su situación jurídica ante la Asamblea Nacional y en el proceso actualmente planteado para una nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia.

“Esta solicitud tiene como finalidad conocer la posición jurídica e institucional correspondiente y contar con la información necesaria para que podamos efectuar las decisiones y acciones legales pertinentes”, se añade en la carta.

Los magistrados en el exilio, reiteran su disposición de “trabajar por el restablecimiento de la democracia, la independencia judicial, la justicia y el rescate de la confianza en las instituciones de la República”.

La amnistía está paralizada

El magistrado José Fernando Núñez Sifontes se encuentra en una situación diferente. Él regreso a Venezuela porque le concedieron la amnistía. Llegó al país el pasado 14 de junio y, por los momentos, deshoja la margarita si se postula o no al TSJ.

Núñez Sifontes criticó que no se abrieran de manera telemática las postulaciones para así cobijar a aquellos aspirantes al TSJ que están fuera del país y no pueden regresar, porque la Ley de Amnistía se paralizó.

“El gobierno no está aplicando la amnistía. A partir del 23 de abril, que se dijo que ya no se estaban otorgando. Eso no significa que no la puedan dar. Ellos cuando quieran la pueden dar porque esa ley no se ha extinguido.”

Recordó que aún quedan cerca de 300 presos políticos. Y, rebate el argumento de que son militares. Explicó que una Ley de Amnistía es para todo el mundo.

Reiteró su preocupación por colegas que quieren participar en el ciclo de postulaciones y no pueden hacerlos porque no se acogieron a la amnistía, no se atreven a venir por temor a la a que aquí continúe la persecución o que los agarren.

“En Venezuela puede aplicarse perfectamente aquel dicho latino que dice: ‘Alea iacta est’, ‘la suerte está echada’. Aquí los cambios que vienen, no los va a parar nadie”.

Insistió en señalar que los magistrados designados en 2017 deben ser amnistiados para que puedan volver al país y participar en las postulaciones si así lo desean.

Mientas decide si participa o no de este proceso, se mostró escéptico con el resultado final del proceso de postulaciones porque puede haber un predominio de la Asamblea que preside Jorge Rodríguez. Sin embargo, no ve “mayores problemas” si es una combinación de la AN actual y la de 2015.

Núñez Sifontes es consciente que al final la última palabra la dará el gobierno de Estados Unidos.

“Tenemos en este momento una oportunidad, y creo que es la primera vez en la época republicana de Venezuela, de que exista un TSJ de primera, aun cuando se cuelen algunos personajes. Si realmente se constituye con buenos abogados del gobierno y de la oposición será un tribunal de primera. Es la esperanza que tengo”.

Apuntó que al igual que la mayoría desconoce el baremo aplicado para seleccionar a los postulados, pero sostiene que no puede ser contrario a la lógica y le parece que el comité revisor de las credenciales hará un trabajo efectivo y una selección rigurosa.

En relación con la propuesta de algunos juristas sobre designar un TSJ provisional, subrayó que todo dependerá de la actuación de los que sean seleccionados ahora. “Si actúan como debe ser, será muy difícil que sean transitorios. Como decía el presidente Rómulo Betancourt, que se pone en las bragas prietas”.

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