Familiares de presos políticos enfrentan otra Navidad con sus seres queridos en prisión

Desde hace cuatro años, Luz Arias tiene dos puestos vacíos en la mesa de la Nochebuena. Sus hijos Nahir Zambrano, de 23 años, y Daniel Josué Zambrano, de 29 años, están presos por motivos políticos.

Para verlos, además, debe recorrer 800 kilómetros desde San Cristóbal, estado Táchira, hasta la cárcel de Yare II, en Miranda; un largo viaje que no siempre tiene buen resultado, pues nunca sabe si las autoridades penitenciarias le permitirán hablar con sus hijos.

Los hermanos Juan Nahir y Daniel Josué cumplen este diciembre su cuarta Navidad privados de libertad, tras ser detenidos en mayo de 2022.

La comunicación es escasa, las visitas dependen de cronogramas penitenciarios informados a última hora, por lo que no existen garantía para saber con certeza el estado físico de sus familiares, pero sí las consecuencias del encierro. 

Desde su detención, se conoce que Juan Nahir enfrenta una situación de vulnerabilidad debido a su diagnóstico dentro del espectro autista, una condición que requiere cuidados especializados imposibles de obtener en un recinto penitenciario en Venezuela.

Su madre, Luz Arias,  relata a Efecto Cocuyo en una entrevista telefónica que el joven presenta comportamientos que no corresponden a su edad cronológica y que su salud mental se ha deteriorado notablemente durante el tiempo de reclusión. 

Daniel Josué, ingeniero y miembro de la Guardia Nacional, también padece las consecuencias físicas del encierro. Ha manifestado dolores lumbares y cervicales que se suman al desgaste emocional de un proceso judicial, descrito por su familiares como estancado.

En otro estado del país, especificamente en Lara, los familiares de Emirlendris Benítez contabilizan ya siete navidades sin su presencia en el hogar. Benítez, quien fue detenida en agosto de 2018 y posteriormente condenada a la pena máxima de 30 años de prisión en relación con el caso del dron en la avenida Bolívar de Caracas, está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y su estado de salud es delicado tras  años de falta de atención médica adecuada por haber sufrido torturas y la pérdida de un embarazo al inicio de su arresto.

Para estas familias, las festividades de diciembre no representan una celebración, sino la ausencia de un ser querido en casa, que se repite año tras año. Mientras organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) lanzan campañas para recordar que hay más de mil personas detenidas por motivos políticos, las familias de las y los presos políticos mantienen la exigencia de medidas cautelares o libertades plenas, para que puedan al menos volver a tener una Navidad en paz. 

El deterioro de la salud tras las rejas 

La detención de los hermanos Zambrano Arias se basa en una acusación de conspiración que los vincula con un supuesto plan financiado por el Reino Unido, cargos que su madre rechaza categóricamente. 

Arias sostuvo que el proceso carece de pruebas y testigos reales, además de que la detención fue orquestada por un militar que solo buscaba un ascenso.

 “Es inhumano, cruel e injusto que esos muchachos estén perdiendo su juventud en vez de estar haciéndoles útiles al país, porque Daniel Josué es ingeniero y él está allí perdiendo su juventud porque está preso desde los 21 años”, explica Arias.

La situación médica de Juan Nahir es la preocupación más urgente para la familia, ya que desde julio de 2022 solicitaron evaluaciones a través del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) sin recibir respuesta de los tribunales. Juan Nahir requiere un control psiquiátrico que no está disponible en la cárcel de Yare II; la madre dice que nota cambios alarmantes en su lucidez y estado físico, las pocas veces que ha podido verlo. 

“Llevo desde 2022, o sea cuatro navidades, sin pasar con mis hijos, tengo un año y unos meses que no los veo; Juan Nahir es el que está más afectado por su condición dentro del espectro autista”, comenta la madre, quien señaló que la comunicación se ha limitado exclusivamente a la entrega de suministros básicos, conocidos como paquetería.

El acceso a las visitas se ha vuelto una logística complicada y costosa, especialmente para quienes deben viajar desde el interior del país. El padre de los jóvenes, al vivir más cerca de la capital, es quien se encarga de llevar la paquetería semanal, pero sus encuentros con ellos han sido mínimos y de muy corta duración. Según Arias, en lo que va de año el padre solo ha podido ver a sus hijos en cuatro ocasiones por escasos cinco minutos cada vez.  

Siete años de condena y secuelas irreversibles

Emirlendris Benítez es una de las cientos de mujeres identificadas como presas políticas en Venezuela y su caso ha sido documentado por organismos internacionales debido a la gravedad de las violaciones a sus derechos humanos que sufrió.

Fue arrestada en el estado Portuguesa junto a su esposo en una alcabala policial y trasladada a Caracas sin una orden de aprehensión formal. Sus familiares han denunciado durante años que las torturas sufridas en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no solo le provocaron un aborto, sino que le dejaron secuelas físicas que hoy limitan su movilidad. 

Benítez sufre dolores intensos que le impiden permanecer de pie y, en varias ocasiones, necesita el uso de una silla de ruedas.

A pesar de que su sentencia de 30 años fue ratificada en abril de 2024 por la jueza Katherine Harrington, su entorno familiar mantiene la convicción de su inocencia y la esperanza de una revisión de su caso. 

“Ella me dice que ese lugar (Inof) no es para ella, que desea y confía en Dios que este año va a estar con su familia, con sus hijos. Ya tenemos siete navidades que no estamos con ella”, relatan sus familiares, quienes piden a las autoridades una medida cautelar por razones humanitarias.

Organizaciones como Amnistía Internacional han emitido llamados públicos para exigir atención médica urgente para ella y advierten que la negligencia en el tratamiento de sus lesiones constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante.

Más de mil presos políticos

La situación de los hermanos Zambrano y de Emirlendris Benítez forma parte de un registro más amplio que la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sitúa en 1.084 personas detenidas por motivos políticos en el país. 

Este grupo incluye a 91 ciudadanos que padecen enfermedades graves, cuya reclusión agrava sus cuadros clínicos debido a las condiciones de insalubridad y la falta de protocolos de salud internos. El informe de la organización, publicado este miércoles 17 de diciembre, en su cuenta de la red social X, destaca que la negación de asistencia médica en estos casos no es un hecho aislado, sino una práctica que pone en riesgo directo el derecho a la vida de los internos.

Dentro de este universo de detenidos, se encuentran también cinco adolescentes, uno de los cuales ya enfrenta una condena de diez años bajo cargos de terrorismo, una situación señalada por defensores de derechos humanos como una vulneración a los tratados internacionales de protección a la infancia y la adolescencia. 

Para hacerle frente a esta realidad durante el mes de diciembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela pide a las personas unirse a la campaña “Navidad sin Presos Políticos”, una iniciativa que busca transformar el aislamiento de las familias en una acción de solidaridad pública a través de actividades digitales y presenciales. El objetivo es que la sociedad civil reconozca que la Navidad está incompleta para cientos de hogares donde la detención de un ser querido ha fracturado la unión familiar.