Kenny Molina, esposa del director de FundaRedes y activista por los derechos humanos, Javier Tarazona, alertó este viernes, 14 de enero, que su esposo “corre peligro de muerte” debido a su estado de salud.
“Vivimos en una permanente angustia porque Javier corre peligro de muerte. Ha sido evaluado por los médicos del Sebin, conocen las patologías de Javier, son suficientemente corroboradas por ellos”, aseguró Molina en una rueda de prensa en los alrededores de la sede del Ministerio Público en Caracas.
Molina entregó un documento ante la Fiscalía General en el que solicitan la libertad del activista y se anexaron los informes médicos que se le han practicado a Tarazona, incluyendo los exámenes que se había realizado antes de su detención, que Amnistía Internacional (AI) califica de arbitraria y ha llamado a Tarazona “preso de conciencia”.
Tarazona es paciente hipertenso con dislipidemia debido a sobrepeso, tiene problemas cardiovasculares y arritmias cardiacas permanentes, a ese cuadro clínico se suma su reclusión en las celdas del Sebin, lo que ha empeorado su condición, según han denunciado sus familiares en diversas oportunidades.
Tarazona fue detenido junto a su hermano, Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García, el 2 de julio de 2021, cuando acudieron a la Fiscalía de Coro, capital estado del Falcón, justo cuando fue a denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios del Sebin y otros sujetos sin identificar, mientras realizaban jornadas de formación en esta zona costera del país.
Días previos al arresto, los activistas hicieron denuncias sobre el conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional y disidentes de las Farc, en Apure, estado fronterizo con Colombia.
Posteriormente, Rafael Tarazona y Omar García fueron excarcelados bajo una medida cautelar que les obliga a presentarse ante los tribunales cada ocho días. Pero Javier Tarazona sigue detenido. Los activistas fueron acusados por la Fiscalía de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
Para Tarazona y su familia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 18 de junio de 2020 la Resolución 30/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
De la misma forma, diversas organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica ya se han pronunciado en favor de la libertad plena e inmediata de Javier Tarazona, así como de los activistas Rafael Tarazona y Omar García.