Gremios y organizaciones sindicales indicaron que la mesa diálogo social, instalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Venezuela el pasado 25 de abril, es un avance para elevar las discusiones sobre los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales sostiene que no habrá un verdadero cambio en el panorama hasta que la OIT no se instale de forma definitiva en el país.
«Queda pendiente la propuesta que elevaron las centrales sindicales de establecer una oficina permanente de la OIT en Venezuela. Entendemos que el Estado siempre va a colocar trabas para que organismos multilaterales no escuchen a las víctimas», señaló Manuel Virgüez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, en una rueda de prensa realizada este 29 de abril de 2022.
Expresó que la consulta tripartita se va a mantener y solicitó la participación de actores de la sociedad civil en próximas reuniones con el organismo internacional. Por otro lado, aseguró que no ha desaparecido el patrón de vulneraciones, despidos, amenazas, suspensión de salarios, hostigamientos hacia la actividad sindical y las detenciones en el territorio venezolano.
«La Central Únete tuvo la disposición de recibir las denuncias y realizó un pliego con más de 360 folios de aproximadamente 230 personas a nivel nacional, que fueron víctimas entre 2020 y 2022 de diferentes patrones de violaciones a los derechos laborales», puntualizó Virgüez.
En Venezuela, el diálogo culminó el pasado 28 de abril. Desde la Alianza consideran que en las próximas visitas de la OIT debe haber menos presencia estatal para que las organizaciones no gubernamentales puedan intervenir «sin sentir el miedo de denunciar».
¿Qué se exigió en el diálogo?
Al menos 22 representantes entre gobierno, empleadores, sindicatos y la OIT participaron en el diálogo iniciado la última semana de abril.
Las dos principales exigencias fueron el estudio de los casos de los sindicalistas presos (propuesto para mayo de 2022) y el aumento de salarios en diálogo tripartito, en concordancia con el artículo 91 de la Constitución venezolana que establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
¿Quién es quién en la mesa de diálogo social que instaló la OIT en Caracas?
«Nosotros tuvimos contacto con centrales sindicales que pudieron entrar a este diálogo abierto. Desde su visión, la voluntad inmediata de solucionar problemas de fondo todavía no se evidencia en el corto o mediano plazo», aseguró Virgüez sobre la recepción y el tono de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro.
«Todavía no hay una ruta clara de los mecanismos que va a utilizar el Estado para que se cumplan las solicitudes realizadas», manifestó.
La situación de los profesores
Ricardo Villalobos, coordinador en la organización Aula Abierta, recordó que en Venezuela existen violaciones a los convenios 26, 87 y 144 mientras el proceso de diálogo se desarrolla. Apuntó que el Estado ha transgredido la libertad de asociación y la libertad sindical en los procesos de adopción de la primera, segunda, tercera y cuarta convención colectiva única del sector universitario.
«En nuestros informes también hemos documentado que el CNE ha sido un brazo represor del Ejecutivo, obstaculizando procesos de elecciones en los grupos gremiales universitarios. Las asociaciones de profesores y otros grupos asociativos del sector universitario no pueden celebrar sus elecciones para juntas directivas porque justamente el CNE pone trabas administrativas», dijo.
Villalobos resumió los principales problemas que aún se detectan en el sector educativo: impacto nocivo del ejercicio de la libertad de asociación, salarios insuficientes, desmejoras de condiciones laborales, pérdida de beneficios y precarización de la seguridad social.
«Algunos escalafones profesorales aún se encuentran en el estándar de pobreza extrema según la ONU, pues perciben menos de USD 1,90 diarios», indica el reporte de Aula Abierta para marzo de este año.
Así mismo, Belkis Bolívar, secretaria ejecutiva del comité directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), alertó que para 2022 la nómina de los educadores se ha reducido a una velocidad alarmante.
Afirmó que para 2018 había 699 mil docentes según el Ministerio de Educación. En 2021, ese número se redujo a 430 mil 515, lo que representa un déficit de 268 mil 485 profesoras y profesores (38%). Sin embargo, para el primer trimestre de 2022, esa cifra superó el 50 % lo que ha obligado al Estado a reincorporar educadores ya retirados.
«A los docentes los están reingresando pero no les están reconociendo los años de servicio que tuvieron anteriormente, es una denuncia grave porque es una violación directa a los derechos laborares. A ellos tienen que ingresarlos en la categoría en la que estaban cuando se retiraron», comentó Bolívar.
Sindicalistas y trabajadores detenidos
Zezarina Guevara, abogada de Defensa en Acción, expresó que las detenciones hacia los sindicalistas siguen siendo un grave problema en Venezuela. Agregó que los que son excarcelados siguen considerados como objetos de investigación por parte del Estado y corren el riesgo de volver nuevamente a prisión.
«Nosotros estamos llevando un caso desde el año 2020 de un ingeniero de Pequiven que fue privado ilegalmente de su libertad por publicar unos estados de WhatsApp. Estuvo privado por instigación al odio», contó Guevara.
El trabajador fue liberado en 2021, pero sus derechos laborales siguen siendo vulnerados, pues no se le permite la entrada al complejo de la compañía y no ha culminado el proceso judicial en su contra.
Recordó también el caso de Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes, que fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 2 de julio de 2021.
«Él estaba denunciando una cantidad de hechos graves que siguen sucediendo el día de hoy en Apure. Por ser una voz disidente, fue privado injustamente de su libertad y al gobierno pareciera que poco le importa», comentó. Solicitó un pronunciamiento oficial al caso de Tarazona de parte de las autoridades.
Las propuestas
Desde la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales exigen al Estado venezolano que atiendan sus denuncias, que suman más de 30 desde 2020. Finalmente, entre las propuestas que presentaron este viernes se encuentran:
1️⃣ La reforma de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para que los docentes puedan ser escuchados por las inspectorías de trabajo.
2️⃣ Que exista un reglamento que establezca cómo va a ser el mecanismo de asignación de juntas electorales sin la intervención del CNE, en el caso del Convenio 87.
3️⃣ Respecto al Convenio 26, que se establezca un mecanismo para tener conocimiento de cuál es la autoridad que va a designar la indexación del salario frente a la inflación.